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Alperovich, señalado como partícipe del encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

SENTENCIA JUDICIAL

En los fundamentos del veredicto dictado el 25 de febrero pasado, los jueces creen que el asesinato de la joven no podría haber sido encubierto por los condenados sin el consentimiento del ex mandatario provincial.





Para los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006, habría sido imposible sin el conocimiento y consentimiento del ex Gobernador y ahora candidato del frente Hacemos Tucumán, José Alperovich. Así se desprende de los fundamentos del veredicto dictado el pasado 25 de febrero y que condenó a cinco de los seis imputados en la causa.

“Se puede deducir, y oportunamente se deberá investigar y probar (en la instrucción), que la participación de los altos jefes policiales y políticos señalados, y la posibilidad real y cierta de la participación de miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que se debatirá próximamente (me refiero al ex fiscal Carlos Albaca), me lleva a poder sostener en grado de probabilidad cierta la participación del entonces gobernador de la provincia, José Jorge Alperovich. Sin su conocimiento y consentimiento, en principio, nada de esto podría haberse llevado a cabo”, indicó Ibáñez en su voto para iniciar investigaciones pertinentes a encontrar a los verdaderos responsables del asesinato.
El juicio por uno de los casos más emblemáticos de Tucumán probó –luego de casi 13 años- que el encubrimiento del crimen de la joven efectivamente existió, y descartó que las acciones llevadas adelante por los condenados apuntaran a proteger a Roberto Gómez, quien había sido acusado como autor material de la joven, sino que formaban parte de una estrategia para proteger a alguien íntimamente relacionado con el poder de turno.

“Conforme a los estrictos términos de la acusación, a las más altas jerarquías de la policía de Tucumán a la fecha de los hechos y a quien fuera secretario de Seguridad en esa época, unido a los hechos y circunstancias que surgieron del debate y que podría involucrar a otras figuras policiales y políticas, difícilmente pueden haber estados destinados a proteger al acusado Gómez, al menos no exclusivamente al mismo. Más bien es presumible que en el hecho, debieron haber participado personas con poder político o de otra índole, o vinculadas con el mismo”, aducen los magistrados en los fundamentos de la sentencia.

Los jueces, además, insistieron en que se debe ahondar en los ascensos y nombramientos producidos en la Policía de Tucumán y otras fuerzas, ante la innegable participación de los inculpados en las acciones policiales irregulares que ayudaron a dilatar el esclarecimiento del asesinato de Paulina. “Se hace necesario investigar el ilegítimo ascenso del primer condenado por estos hechos, el comisario Enrique Antonio García, que hoy cumple pena. Igualmente la ilegítima contratación de comisarios policiales retirados, que conforme analicé, no contribuyeron, sino más bien entorpecieron la investigación, concentrándose en una sola pista, a pesar de su evidente inconsistencia, descartando todas las otras y evitando, sin mayor justificación, cualquier análisis de la actuación de lo sucedido en el lugar del hallazgo, hecho por el cual resultó condenado el comisario ascendido en el juicio de diciembre de 2013 y los actuales acusados en el presente juicio. Tanto dicho ascenso como contrataciones, fueron dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo, firmado por la más alta autoridad política de ese momento y las máximas autoridades del área de seguridad. También resulta sugestivo el modo, en que los aquí acusados, fueron mantenidos en sus funciones durante bastante tiempo e incluso contratados, también por decreto del Poder Ejecutivo, con posterioridad a su retiro, pese a los serios cuestionamientos a que eran sometidos desde el inicio del presente proceso, entre otros, por el hecho por el que aquí resultan condenados. Ello me lleva a pensar que el destinatario de toda esta actividad ilícita e irregular no podía ser el Imputado Gómez, sino otras personas muy distintas, que con o sin intervención del nombrado (al que voto por absolver por el beneficio de la duda), habrían cometido el grave delito, aún hoy impune”, apunta otro de los fundamentos.

Justamente por el nombramiento del condenado Enrique García es que el actual candidato a Gobernador, José Alperovich, quedó implicado luego de conocerse la sentencia, abriendo además una nueva línea investigativa contra Sergio Kaleñuk, hijo del difunto secretario privado del entonces mandatario provincial, por presunta privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. En este sentido, vuelve a cobrar fuerza la hipótesis más resonante del caso, que apunta a un encuentro en El Cadillal entre denominados hijos del poder.