Ludopatía, el negocio más tóxico y rentable de Tucumán: 30 años de monopolio estatal sin auditar, 14.500 adolescentes apostando online y una ley cajoneada desde 2024, mientras el único dato público sobre menores lo aporta el hijo del zar del juego

El único dato público que Tucumán tiene sobre chicos y apuestas lo aportó, el 14 de agosto de 2026, un hombre llamado Ignacio Sagra.

Lo dijo así, en una entrevista de LA GACETA: "De las cuentas nuevas, más o menos un 8 o 10% se intentan registrar". Se refería a menores de edad detectados durante el proceso de alta en Pálpitos, una de las dos únicas plataformas de apuestas autorizadas en la provincia.

El diario lo presentó como "uno de los referentes de la empresa". Conviene completar la ficha, porque explica la escena.

Ignacio Sagra, documento nacional de identidad 40.357.856, es hijo de Roberto José Emilio Sagra, el empresario que explota desde el 22 de mayo de 1996 —bajo la gobernación de Antonio Domingo Bussi y con la venia de todos los gobiernos posteriores— el negocio privado del monopolio estatal del juego que administra la Caja Popular de Ahorros: unas 200 agencias de lotería y quiniela y las operadoras Pálpitos, NovoPlay, Maverick y Brothering's. Tres de ellas declaran al sistema financiero facturaciones de hasta $54.000 millones anuales —unos 37 millones de dólares— y emplean a más de 350 personas, según documentó esta serie.

Fue socio de Pálpitos Sociedad de Responsabilidad Limitada hasta el recambio societario que publicó el Boletín Oficial de Tucumán número 31.211, el 1 de junio de 2026, cuando la familia se quedó con el 94 por ciento del capital y salieron los socios históricos. Adquirió, junto a sus hermanos, el 61 por ciento de la tecnológica Smartoplay por 122.000 dólares (Boletín Oficial número 30.124, del 16 de diciembre de 2021). Y figura como gerente de las dos sociedades que procesan los pagos de todo el entramado: Mis Pagos Sociedad de Responsabilidad Limitada y One Bit Tech Sociedad de Responsabilidad Limitada, ambas fundadas en 2019 por su hermano Nicolás.

Hay un dato más, público y verificable: Ignacio Sagra es jugador profesional de póker. En diciembre de 2023 lideró la primera jornada del Super High Roller del Enjoy Poker Tour en Punta del Este, un torneo con inscripción de 5.500 dólares.

Un apostador profesional, gerente del circuito por el que entra el dinero, explicándole a la provincia cómo protege a los chicos del juego. Este medio no le atribuye ninguna conducta ilícita. Solo consigna quién es el que habla, porque el diario que lo entrevistó no lo hizo.

QUÉ MIDE, EN REALIDAD, EL 8 POR CIENTO

El número es periodísticamente atractivo y epistemológicamente pobre. Hay cinco razones.

Primera: es un indicador de captura, no de prevalencia. Describe cuántos intentos de alta rechazó el filtro, no cuántos menores juegan. Un filtro solo puede contar lo que atrapa. Es ciego, por definición, a su propia tasa de fuga: el adolescente que se registró con el documento de un adulto no aparece en ningún denominador, porque el sistema lo computó como alta válida.

Segunda: el propio vocero describió esa fuga. "Lleguemos al extremo en el que yo sea menor de edad y le robo el documento a mi papá", ejemplificó. El mismo testimonio que aporta el número explica por qué el número no puede medir el fenómeno. Un 8 por ciento de rechazo es compatible con cualquier cantidad real de menores jugando.

Tercera: es un dato autoinformado por el sujeto regulado. No hay período de referencia, ni tamaño de muestra, ni definición operativa de "intento de registro", ni serie histórica, ni auditor. El rango mismo —"8 o 10"— revela que es una estimación de gestión, no una medición. Quien debería auditarlo es la Caja Popular de Ahorros, que es a la vez reguladora del juego, titular de la propiedad intelectual de la plataforma NOVOPLAY sobre la que corre Pálpitos, y beneficiaria económica de su explotación. Y ese organismo tiene su propio problema de acreditación contable: el Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió, por Acuerdo número 5.183 del 24 de noviembre de 2025, que el balance de la Caja "no presenta razonablemente" la información.

Cuarta: el control que la empresa exhibe es el más débil disponible. Fotografiar el frente y el dorso de un documento acredita la existencia del documento, no la identidad de quien lo sostiene. No hay prueba de vida, ni cotejo biométrico, ni verificación contra la base del Registro Nacional de las Personas. Es el piso técnico del rubro, no el techo.

Quinta y decisiva: el segundo control que invoca el vocero —el retiro presencial con documento en un punto de venta— no es un control de acceso al juego. Impide que el menor cobre. No impide que el menor pierda. Y el diseño del producto asegura que perder sea el resultado esperable: en un estudio de la Universidad de California en San Diego sobre 717.724 apostadores en línea, el 96 por ciento perdió dinero.

Dicho sin adjetivo: el control que la empresa exhibe se activa exactamente en el único momento en que la operación deja de serle rentable.

LO QUE SÍ MIDIÓ EL ESTADO

El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, es el primer relevamiento epidemiológico oficial argentino que incorpora preguntas sobre juegos con dinero. Alcanzó a 117.833 alumnos de 1.085 escuelas, con representatividad nacional y provincial.

En el país, el 26,2 por ciento de los estudiantes secundarios apostó dinero en los doce meses previos: 20,5 por ciento por internet, 12 por ciento en modalidad presencial y 6,3 por ciento en ambas. Entre los varones la cifra trepa al 35,3 por ciento; entre las mujeres es del 17,7. La edad promedio de inicio es de 13 años y medio en el juego presencial y de 14,1 en el juego en línea; la edad más frecuente de debut informada es 13 años.

En Tucumán participaron 5.002 alumnos de 42 escuelas, muestra representativa de una población escolar secundaria estimada en 80.770 adolescentes. El 24,2 por ciento apostó en alguna modalidad; el 18 por ciento lo hizo por internet.

Aplicando ese 18 por ciento a la población escolar de referencia del propio estudio, resultan alrededor de 14.500 adolescentes tucumanos escolarizados que declararon haber apostado en línea en el último año. La proyección es de este medio, sobre la base representativa del relevamiento oficial, y no discrimina entre plataformas legales y clandestinas.

Los otros hallazgos son los que explican el mecanismo. El 83 por ciento de los adolescentes que apostaron usó billeteras electrónicas. El 43 por ciento recurrió a intermediarios para ingresar dinero. Uno de cada ocho quedó endeudado. El 75 por ciento reclamó más prevención y más controles sobre las plataformas. Quienes apostaron reportaron un 82,3 por ciento de consumo anual de alcohol, contra 60,7 por ciento entre quienes no apostaron. Y las consultas por juego compulsivo a la Línea 141 crecieron un 27 por ciento durante 2025.

Los seis estudiantes tucumanos que LA GACETA entrevistó describieron el mecanismo mejor que cualquier informe: contaron que hay chicos de 12 y 13 años que conocen las plataformas, que comparten métodos para jugar y que ya ganaron o perdieron dinero; que el Mundial fue la puerta de entrada; y que el fútbol produce "ilusión de control", esa sensación de que conocer los equipos mejora el pronóstico.

Dos números, entonces. De un lado, una empresa informa, sin auditoría, cuántas altas bloqueó. Del otro, el Estado nacional mide, con muestra representativa, cuántos adolescentes ya están adentro. No se comparan ni se restan: miden cosas distintas, y la propia nota de LA GACETA lo advierte con corrección. Pero la asimetría es, en sí misma, el hecho periodístico. En 30 años de monopolio, el organismo que regula el juego en Tucumán no produjo ni publicó un solo dato sobre menores. El que lo produjo fue el que cobra las apuestas.

POR QUÉ EL "JUEGO RESPONSABLE" NO PUEDE FUNCIONAR

Hay una objeción de fondo al discurso de la prevención empresaria, y es aritmética.

En octubre de 2024, la Comisión de Salud Pública de la revista The Lancet publicó el trabajo más ambicioso hecho hasta hoy sobre el juego como problema sanitario: un panel multidisciplinario que revisó 299 estudios de prevalencia. El 46,2 por ciento de los adultos y el 17,9 por ciento de los adolescentes del mundo apostaron en el último año; más de 80 millones de adultos padecen trastorno por juego y cerca de 450 millones de personas sufren algún daño asociado. El trastorno podría alcanzar al 26,4 por ciento de los adolescentes que apuestan con productos de casino o tragamonedas en línea, y al 16,3 por ciento de los que usan apuestas deportivas.

Los daños que la Comisión enumera no son metafóricos: problemas de salud física y mental, ruptura de vínculos familiares, mayor riesgo de suicidio, violencia doméstica, delito, pérdida del empleo y ruina financiera. Y advierte dos cosas incómodas para cualquier gobierno: que los Estados están en conflicto de interés estructural porque recaudan de la industria que deben controlar, y que la propia industria ejerce influencia decisiva sobre la investigación del daño, lo que le permite conservar el control del encuadre público del problema.

El dato que desarma el eslogan del "juego responsable" viene de los registros de los propios operadores: el ingreso está brutalmente concentrado en quienes juegan mal.

Un estudio sobre suscriptores de una gran operadora europea encontró que el 80 por ciento de los ingresos de apuestas deportivas de cuota fija proviene del 5,7 por ciento de los apostadores, y que en casino en línea el 80 por ciento de las pérdidas se concentra en el 4,9 por ciento de los usuarios. El programa "Patterns of Play", encargado en el Reino Unido por GambleAware al National Centre for Social Research, midió que el decil superior de apostadores aporta el 79 por ciento del ingreso de los operadores, y que apenas el 3,9 por ciento de los titulares de cuenta recibió en un año algún contacto de "responsabilidad social", casi siempre un correo electrónico. Un estudio encargado por el Departamento de Salud Mental y Adicciones del estado de Connecticut estimó que alrededor del 51 por ciento del ingreso de las apuestas deportivas proviene del 2 por ciento de residentes con adicción severa, y que más del 70 por ciento del ingreso total del juego legal lo aporta menos del 7 por ciento de la población.

La conclusión se impone sola. Si entre la mitad y las tres cuartas partes del ingreso de una industria provienen de una minoría dañada, prevenir el daño con eficacia equivale a destruir el negocio. No es una acusación moral: es la descripción del incentivo. Y de ahí se sigue lo único que importa como política pública: la verificación no puede quedar en manos del verificado.

LA LEY QUE EXISTE, NO RIGE, Y ADEMÁS NACIÓ DÉBIL

El 21 de noviembre de 2024, la Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la Ley 9.828, que unificó once proyectos de distintos bloques y creó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático y de la Ludopatía.

Casi veintiún meses después, el Poder Ejecutivo no la reglamentó. Sin reglamentación no hay autoridad de aplicación designada, no hay presupuesto asignado, no hay procedimientos de control, no se ejecutaron los bloqueos de sitios de apuestas en las escuelas y el programa interministerial existe solo en el papel.

El reclamo cruza el arco político. La legisladora radical Silvia Elías de Pérez exigió en julio que la norma se haga operativa: "cada día que pasa sin reglamentación es un día más en el que los menores quedan desprotegidos". A fines de ese mes, el legislador Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, presentó un proyecto instando al Ejecutivo a dictar las disposiciones de aplicación, con el fundamento de que sin autoridad designada "la Provincia carece de un esquema institucional" para prevenir. Y el 14 de agosto, el vicegobernador Miguel Acevedo confirmó, tras recibir a la Mesa de Diálogo convocada por el arzobispo Carlos Sánchez y la Pastoral Social, que se pedirá formalmente la reglamentación; anunció además una jornada con especialistas para el 3 de septiembre.

Pero la demora es la mitad del problema. La otra mitad es qué dice la ley cuando se la lee contra el estándar internacional, como hizo El Federalista en un análisis del 6 de agosto.

En los países con mejores resultados —Reino Unido, España, Australia, los nórdicos— las leyes de ludopatía combinan prevención con restricciones estructurales a la oferta: un aporte obligatorio de los operadores destinado a investigación y tratamiento; límites estrictos a la publicidad, en especial en eventos deportivos y en horarios de audiencia infantil; registros de autoexclusión de cumplimiento obligatorio y compartidos entre todas las plataformas; topes de depósito y de pérdida diarios o semanales; verificación biométrica de edad; regulación del diseño de los productos, que limita las mecánicas de mayor riesgo; y una autoridad reguladora independiente de los operadores.

La Ley 9.828 se concentra casi exclusivamente en la demanda: campañas educativas, detección temprana en las escuelas a través de gabinetes psicopedagógicos y estrategias de tratamiento. Todo eso es necesario. Nada de eso toca las condiciones de oferta. No obliga a los operadores a financiar la respuesta sanitaria con un porcentaje de lo que recaudan. No impone topes de depósito ni de pérdida. No establece restricciones contundentes a la publicidad. No modifica el diseño de las plataformas. Y sienta en la mesa interministerial que diseña la prevención a la Caja Popular de Ahorros: el organismo que regula el juego, lo autoriza y vive de él.

Es la definición manual del conflicto de intereses: quien percibe de la adicción participa de la política que debería combatirla.

Los dos nombres que concentraron el protagonismo político de la norma completan el cuadro. Uno es Hugo Ledesma, autor de uno de los proyectos unificados y principal vocero oficialista de la ley una vez sancionada; cuñado del diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros y exsubinterventor de la Caja Popular, juramentado ante Juan Manzur en 2021. Al celebrar la sanción, Ledesma dijo que la norma sería "una buena herramienta para que el ente contralor del juego en la provincia, que es la Caja Popular de Ahorros" combatiera la ludopatía. El otro es Gabriel Yedlin, entonces presidente de la Comisión de Salud Pública y miembro informante del dictamen unificado, dirigente del espacio histórico de Manzur.

La lectura de este medio es directa: la ley que debía proteger a los chicos del negocio del juego fue diseñada con el organismo del juego sentado adentro, impulsada por el cuñado del hombre que controla ese organismo desde 1995, y jamás puesta en vigencia por el Poder Ejecutivo. Sirve para exhibir acción institucional sin alterar un peso del volumen del negocio.

LA COARTADA RELIGIOSA, DESMENTIDA POR EL ARZOBISPO

El 15 de junio de 2026, en el programa "El Avispero", emitido por Enterate Play 90.5 —el multimedio en el que él mismo admitió tener "una participación importante"—, Carlos Aníbal Cisneros explicó al aire por qué en Tucumán solo hay dos plataformas autorizadas. Dijo que Juan Manzur lo convocó y le contó que se había "comprometido con la iglesia"; que "dos plataformas de apuestas deportivas eran mucho y suficiente para Tucumán"; y que a él el criterio le pareció "acertado, lógico" por "todo lo que sabemos nosotros que pasa con los chicos, con la ludopatía y todo lo demás", motivo por el cual se lo transmitió al entonces interventor de la Caja, José César Díaz —el abogado que, según su propio relato, "lo recomendé yo en la caja"—.

El 3 de agosto de 2026, el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, desmintió esa versión ante FM La Tucumana 95.9: "No sé, yo no recuerdo eso sinceramente". Y agregó: "No recuerdo de que nos hayan llamado a una reunión para ver qué empresas de juego pueden estar. Yo hace 8 años y chirola que soy obispo en Tucumán y no he recibido invitación para una reunión de esas".

En la misma entrevista, el arzobispo fijó posición sobre el fondo. Llamó al fenómeno "un casino en el bolsillo" —la misma expresión que LA GACETA adoptó, días después, como nombre de su serie especial—. Comparó la ludopatía con las adicciones a sustancias que "hacen perder justamente el dominio en sí mismo". Dijo que el motor del negocio es "la ambición del dinero" y lo definió como "un engaño del que después no se puede salir". Y reclamó un Estado presente que ponga en vigencia la ley sancionada dos años atrás.

La institución que Cisneros invocó como origen del cupo de dos plataformas niega haber sido consultada, y exige hoy exactamente lo que ese cupo nunca hizo. Vale registrar, además, un dato que este medio ya publicó: el Arzobispado de Tucumán y Carlos Cisneros comparten abogado, Juan Andrés Robles, que es a la vez defensor personal del diputado en la causa federal por trata de personas.

EL CUPO DE DOS NO ES PREVENCIÓN: ES BARRERA DE ENTRADA

Limitar el mercado a dos operadores no reduce el consumo. Reduce la competencia.

En Tucumán se puede apostar por internet en dos lugares y solo en dos: Pálpitos (https://www.palpitos.bet.ar/) y TucuApuestas (https://www.tucuapuestas.bet.ar/). Esta serie ya demostró que la "competencia" es una ilusión de superficie: las dos aplicaciones comparten la barra de navegación y su orden, el buscador con idéntica leyenda, el mismo aviso central palabra por palabra, la misma grilla de partidos con las mismas cuotas, el mismo carro de apuestas con la misma frase cuando está vacío. Las dos declaran al pie el mismo permiso, CPA-LEY8986, con la misma advertencia sobre juego compulsivo y el mismo teléfono de ayuda. Y las dos cargan los mismos motores de casino en vivo: Evolution, Ezugi y Pragmatic, las mismas casas que alimentan a los casinos del mundo. Dos marcas, un permiso, un motor.

Eso tiene una consecuencia sobre la protección de menores que nadie discutió todavía. El catálogo no es local: el motor de juego es global, la licencia provincial es la única capa tucumana y la "frontera territorial" entre plataformas es un filtro de geolocalización, es decir, software. Un adolescente no encuentra menos juego porque en la provincia haya dos plataformas en lugar de cinco. Encuentra el mismo casino en vivo con dos logotipos y dos colores distintos: oro en una, verde en la otra.

El círculo societario de esa "competencia" está escrito en el Boletín Oficial. Golden Game, la operadora de TucuApuestas, la fundó José Luis San Martín, que venía de Brothering's —la operadora de Sagra— y figura como empleado de Pálpitos y de Alfa Mercurio, la firma de los Ale; su cofundador, José Fernando Lozano, era empleado de la propia Caja Popular. En agosto de 2023 los dos vendieron el ciento por ciento de la sociedad por $300.000 —unos 440 dólares de aquel mes— a Ezio Espósito Pérez y Arturo Zancarini, ambos con registro de empleo en el Gobierno provincial, y en el mismo acto ampliaron el objeto social al juego en línea. Meses después salió TucuApuestas. Y en abril de 2026, por Boletín Oficial número 31.188, Zancarini le cedió su 20 por ciento al ingeniero Maximiliano Paolini, que ya era socio de Pálpitos y lo es de Mis Pagos y de One Bit Tech.

Prevenir la ludopatía, en el estado del arte, significa cinco cosas concretas: verificación de identidad contra base oficial, registro de autoexclusión obligatorio y auditable, límites de depósito por defecto, restricción de la publicidad y trazabilidad de los medios de pago. Ninguna de las cinco opera hoy en Tucumán. Lo que sí opera es el cupo.

EL ESLABÓN QUE NADIE MIRA: LOS PAGOS

Hay un hallazgo del estudio de la Sedronar que ninguna cobertura tucumana levantó: el 83 por ciento de los adolescentes que apostaron usó billeteras electrónicas y el 43 por ciento recurrió a intermediarios para ingresar el dinero.

El punto de fuga que el Estado midió no está, entonces, en el formulario de alta —lo único que la empresa ofreció medir—. Está en el ingreso de fondos.

Y el ingreso de fondos, en el ecosistema tucumano, corre por un anillo con nombre y apellido. Mis Pagos y One Bit Tech fueron fundadas en 2019 por Nicolás Sagra, hijo mayor del zar. Ignacio Sagra figura como gerente de ambas. Maximiliano Paolini es socio de las dos y, desde abril de este año, dueño del 20 por ciento de la operadora de la plataforma "rival". Smartoplay, la tecnológica, pertenece en un 61 por ciento a los tres hermanos Sagra.

Este medio no afirma que ese anillo canalice fondos de menores de edad. Afirma algo verificable: que el vocero que explicó los controles de acceso al juego es gerente de las sociedades que administran el circuito por el que, según la medición oficial, entra la mayor parte del dinero de los adolescentes que apuestan. La pregunta que corresponde hacerle a la Caja Popular no es cuántas altas bloqueó Pálpitos. Es cuántas billeteras virtuales operan sobre las plataformas autorizadas, con qué controles de trazabilidad y qué volumen mueven.

LA LEGITIMACIÓN: EL DIARIO QUE INSTALA EL DEBATE

Queda la última capa, y es la más incómoda.

El diario que puso la ludopatía en agenda —con una producción especial titulada, precisamente, "Un casino en el bolsillo"— es LA GACETA. La cobertura es útil, tiene reporteo real y merece leerse. Pero está construida sobre un eje que deja intacto el corazón del problema: apunta al Poder Ejecutivo por no reglamentar la ley y le da el micrófono a la empresa para que explique cómo se cuida. No pregunta por el diseño de la ley. No pregunta por la barrera de entrada. No pregunta por la publicidad. No pregunta quién es el que habla.

Hay razones documentadas para señalarlo. LA GACETA es, según la reconstrucción de El Federalista, el principal destinatario en la provincia de la pauta publicitaria de los operadores de apuestas. Y el vínculo con la estructura del juego tiene además un asiento notarial: el complejo Terrazas Park, desarrollo inmobiliario de La Gaceta Sociedad Anónima en Yerba Buena, es el escenario de una de las operaciones más señaladas de esta serie. Por las escrituras 115 del 9 de noviembre de 2021 y 395 del 10 de junio de 2022, ambas del Registro Notarial 55, Gustavo Adolfo Cisneros —hijo de crianza de Roberto Sagra, sin parentesco con el diputado pese al apellido, detenido en mayo en el aeropuerto Benjamín Matienzo con una pistola Glock 9 milímetros cargada— le vendió al diputado Carlos Aníbal Cisneros seis inmuebles de ese complejo. Todos al mismo precio: $9.000.000 cada uno, para superficies que van de 11,98 a 171,02 metros cuadrados. Una diferencia de tamaño de 14,3 veces, a precio idéntico. La ampliación de denuncia que este medio presentó el 8 de julio ante la Justicia federal caracteriza esa uniformidad de precios, la infravaluación y la subdeclaración como "indicadores típicos de lavado".

Este medio no afirma que LA GACETA pertenezca a Roberto Sagra: la atribución del control accionario corresponde a la investigación sobre captura mediática de esta serie y no está acreditada por folio. Lo que sí está documentado es más simple y más grave: el diario que instala el debate sobre la ludopatía tiene un interés económico directo en la industria que la produce, y no lo declara al pie de sus notas.

La consecuencia editorial es visible. Una ley débil, centrada en educar a las víctimas en lugar de restringir la oferta, es funcional a quienes lucran con el juego. Un medio que se financia con la pauta del juego tiene pocos incentivos para interrogar con dureza la insuficiencia de la norma que dice defender. Y los dos principales impulsores políticos de esa norma pertenecen al círculo del hombre que controla la Caja.

TREINTA AÑOS

Pongamos la escala completa, porque es lo que se pierde de vista cuando se discute un porcentaje.

El mercado argentino de apuestas en línea movió 1.570 millones de dólares en 2025, según la Asociación de Loterías Estatales Argentinas. Tucumán representa alrededor del 3,5 por ciento de la población del país. El negocio del juego que administra la Caja Popular habría movilizado unos 9.500 millones de dólares en 30 años —una proyección de esta serie sobre balances internos de la Caja, sin auditoría pública—. Las tres operadoras principales de Roberto Sagra declaran hasta $54.000 millones anuales, 37 millones de dólares. Su fortuna, que no figura en ningún registro porque no es funcionario y no presenta declaraciones juradas, fue estimada por este medio con un piso de 50 millones de dólares. Ante ARCA declara como actividad principal "servicios inmobiliarios". En la Central de Deudores del Banco Central registra una deuda de menos de 4.000 dólares.

Del otro lado del mostrador, el patrimonio declarado del diputado Cisneros pasó de $2.266.226 en 2019 a $465.711.724 en 2024: unas siete veces y media en términos reales, descontada la inflación por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y alrededor de doce veces medido en dólares. Casi la mitad corresponde a Emprendimientos Argentinos Sociedad por Acciones Simplificada, de la que es socio único, creada en 2022 con la facultad estatutaria de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos que se realicen en el Hipódromo de Tucumán", previa autorización de la Caja Popular. El que habilita y el que pide la habilitación son, en ese estatuto, la misma persona.

Y del otro lado de todo: 14.500 adolescentes tucumanos que declararon haber apostado por internet en un año. Uno de cada ocho, endeudado. La puerta de entrada, a los 13.

Treinta años de un negocio que el Estado no audita, que la ley no restringe, que el organismo regulador habilita y del que cobra, y que el principal diario de la provincia acompaña con su pauta. La única respuesta institucional al daño que produce es una ley cajoneada y un porcentaje que aportó, voluntariamente y sin auditor, la propia empresa apostadora.

Para este medio, eso no es una deficiencia de control. Es un arreglo. Y el chiste, en Tucumán, siempre lo pagan los mismos: los padres que descubren la deuda cuando ya es tarde, y los chicos de 13 años que aprendieron a endeudarse antes que a ahorrar.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

En la misma emisión del 15 de junio de 2026, Carlos Aníbal Cisneros afirmó haber rechazado el pedido de una tercera plataforma de apuestas atribuido a Julio Valenzuela, director de este medio. Esta nota sostiene que el cupo de dos plataformas funciona como barrera de entrada al mercado. El lector debe conocer ese antecedente para ponderar el argumento.

DERECHO A RÉPLICA

Las personas y empresas mencionadas en esta nota pueden ejercer su derecho a réplica escribiendo a la redacción de eltucumano.com.

NOTA METODOLÓGICA

La proyección de 14.500 adolescentes surge de aplicar el 18 por ciento relevado en Tucumán a la población escolar secundaria de referencia del propio estudio (80.770). Es una estimación de este medio y no discrimina entre plataformas legales y clandestinas. La cifra de 9.500 millones de dólares en 30 años es una proyección sobre balances internos de la Caja Popular, sin auditoría pública. Las bandas de facturación provienen de informes comerciales que alimentan al sistema financiero: son estimaciones sobre datos declarados, no balances auditados. Las conversiones a dólares se realizaron al tipo de cambio oficial de la fecha de cada acto.