Roberto Sagra

En Tucumán no existe un solo dato oficial sobre chicos y apuestas. El único número público lo aportó la empresa que toma las apuestas: Ignacio Sagra —hijo de Roberto Sagra, el empresario que explota desde 1996 el negocio privado del monopolio estatal del juego que administra la Caja Popular de Ahorros, jugador profesional de póker y gerente de las dos sociedades que procesan los pagos del entramado— le dijo a LA GACETA que entre el 8 y el 10 por ciento de los intentos de alta en Pálpitos corresponde a menores. Es un dato autoinformado, sin auditoría, sin serie y sin metodología, que mide lo que el filtro atrapa y jamás lo que deja pasar: el propio vocero describió la fuga —el adolescente que se registra con el documento de su padre— y admitió que no puede medirla. El Estado nacional sí midió: el Séptimo Estudio Nacional de la Sedronar relevó a 5.002 alumnos de 42 escuelas tucumanas y encontró que el 18 por ciento apostó por internet en el último año —unos 14.500 adolescentes escolarizados—, que la puerta de entrada se abre a los 13 años, que el 83 por ciento de los que apostaron usó billeteras virtuales, que el 43 por ciento recurrió a intermediarios y que uno de cada ocho quedó endeudado. La ley que debía frenarlo —la 9.828, sancionada por unanimidad el 21 de noviembre de 2024— lleva casi veintiún meses sin reglamentar: no tiene autoridad de aplicación, no tiene presupuesto, no impone topes de depósito, no obliga a los operadores a financiar el tratamiento, no restringe la publicidad y sienta en la mesa de prevención a la propia Caja Popular, que regula el juego, lo autoriza y cobra por él. La impulsó, entre otros, el legislador Hugo Ledesma, cuñado del diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros y exsubinterventor de esa misma Caja. La coartada religiosa con la que Cisneros explicó al aire por qué en la provincia solo hay dos plataformas ya fue desmentida por el arzobispo Carlos Sánchez ante este medio: "no he recibido invitación para una reunión de esas". Y el diario que instaló el debate es, según la reconstrucción de El Federalista, el principal destinatario de la pauta publicitaria del juego, y el desarrollador del complejo Terrazas Park, por donde pasaron seis departamentos del hijo de crianza de Sagra al patrimonio del diputado. Esta es la anatomía de un negocio que declara más de $54.000 millones anuales, que la literatura científica muestra sostenido sobre una minoría de jugadores dañados, y que lleva tres décadas financiando su propia legitimación.