Alfaro desesperado: deja de fiscalizar el escrutinio y recurre a la Justicia como último recurso

Este jueves, tras la continuación del escrutinio definitivo de las 203 mesas de San Miguel de Tucumán que faltaban escrutar, se anunció una tendencia irreversible a favor de Rossana Chahla, que en total le sacó una diferencia de más de 4.900 votos a Beatriz Ávila. 

Al conocer las cifras y luego de que el organismo electoral rechazara un planteo realizado por Germán Alfaro, de abrir todas las urnas de la Capital, representantes del alfarismo que se encontraban fiscalizando decidieron dejar de participar del escrutinio. 

 Alfredo Fredy Toscano -legislador electo por un acople de Juntos por el Cambio-, avisó en La Gaceta que iban a "dejar de fiscalizar la elección de la lista 831, en la categoría intendente y gobernador, porque ya no tiene sentido”.

Según argumentó, el lunes habían formalizado un planteo ante el órgano de control de los comicios para proceder "a la apertura de todas las urnas". "Pero la Junta Electoral resolvió que no encontraba entidad suficiente en lo denunciado", indicó el secretario de Obras Públicas del municipio.

Todo esto, agregó, demuestra que hubo "muchas irregularidades en el proceso electoral". "Podían ser subsanadas con los pedidos de las dos candidatas a la Intendencia, pero no entiendo por qué la JEP dijo que esto no era necesario", remarcó el secretario de obras públicas municipal. 

Otro de los alfaristas que decidió hablar fue el secretario de Gobierno de la Capital, Rodolfo Ocaranza, que dijo que  "es muy llamativo que una Junta Electoral, que maneja una elección dominada por la oscuridad, las irregularidades en la constitución de las mesas, la compra de votos y un escrutinio sospechado por su inexplicable lentitud y la caída de su página en una sola y única categoría, niegue ahora la apertura de las urnas, pedido en el que estamos de acuerdo las fuerzas políticas que estamos disputando la intendencia".

Además, el referente del PJS aseveró que "esta negativa se suma a toda una cadena de oscuridad y falta de transparencia, que le resta legitimidad tanto a la elección como al próximo mandato de las autoridades provinciales que manejan nuestra democracia con semejante desprecio por la transparencia institucional, que es uno de los principales valores que deben demostrar los que nos gobiernan".

"Ante esta situación, no vamos a convalidar con nuestra presencia semejante atropello contra la democracia y retiraremos nuestros fiscales para la categoría intendente y haremos las presentaciones judiciales necesarias para terminar de una vez por todas con estos manejos antidemocráticos que atropellan la voluntad popular por la que seguiremos velando y trabajando hasta desterrar estos manejos espurios (sic) que dañan nuestra democracia", remarcó Ocaranza.

Se descuenta que Alfaro, para avanzar con la presentación judicial, apele a su abogado particular  y artífice de las cautelares que derivaron en la suspensión de las elecciones del próximo 14 de mayo, José Roberto Toledo.

Además de ser representante legal del intendente, Toledo funge actualmente como miembro del directorio de YMAD investigado por el robo a la UNT, estimado en 125 millones de dólares entre 2006 y 2009. Allí tiene mandato hasta 2024, ya que fue designado el 23 de junio de 2020, en la primera reunión virtual del Consejo Superior de la UNT, en plena pandemia por el Covid.

Aquella designación era vista con recelo por la comunidad universitaria, ya que sobre Toledo pesaba una denuncia penal de la Fiscalía de Estado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Una denuncia realizada mientras el letrado se desempeñaba como apoderado de la empresa que administra la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán.

Dos años después, el ya director de YMAD en representación de la UNT admiitió en una de sus habituales columnas con Omar Nóblega en Canal 10 que "la UNT por medio de su Rector (Juan Alberto Cerisola), firmó un acta dando por concluida la Ciudad Universitaria cuando no estaba concluida". "La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras", sentenció Toledo en aquella oportunidad.

Aquella decisión de Cerisola derivó en la investigación por parte de la Justicia Federal, ya que a partir de ese momento, incluso con la obra inconclusa, el Rectorado de la UNT accedía a una millonaria cifra de libre disponibilidad, es decir, dinero que podía ser utilizado a discreción sin dar explicaciones a la comunidad universitaria. Tras casi 15 años, la Justicia Federal habría fijado fecha para el inicio del juicio oral y público por el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y el (des)manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El ex rector Juan Alberto Cerisola y los ex funcionarios Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino se sentarán en el banquillo de los acusados luego de años de dilaciones en la Justicia.

• Germán Alfaro