Marcha atrás del Colegio de Abogados favorece a "hijos del Poder Judicial" acusados de extorsión

Al archivar las actuaciones por falta de ética contra Alfredo Falú, René Goane (h) y los hermanos Ana Lucía y Edmundo Jimenez (h) en una causa iniciada por una ciudadana que asegura haber sido despojada de sus bienes mediante la coacción en banda de abogados, fiscales y jueces comandados por el ministro público fiscal Edmundo “pirincho” Jimenez; el Colegio de Abogados sepultó su propia denuncia judicial sobre el “uso extorsivo del fuero penal” tucumano convertido en una agencia de cobranzas por parte de una gavilla de funcionarios judiciales en connivencia con abogados del fuero local.

En efecto, el Colegio de Abogados había acusado en abril de 2015 al entonces fiscal Guillermo Herrera (renunció acosado por los resultados de una auditoría de la corte suprema) de convertir casos civiles en penales para obtener la entrega de sumas de dinero mediante medidas coercitivas.

En su denuncia penal, el Colegio de Abogados había citado cinco casos como ejemplo de ese patrón extorsivo: “Teves”, “Rigourd”, “Valdez”, “Jorrat” y “Pérez”. La denuncia integraba una serie de acusaciones que alcanza a los fiscales Alejandro Noguera y Herrera, y al juez Juan Francisco Pisa. Un testimonio agregado a la causa incrimina asimismo al fiscal Arnoldo Suasnábar.

El modus operandi consistía, según la denuncia presentada por Francisco García Posse entonces presidente del Colegio de Abogados, en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

Una posterior auditoría de la corte suprema comprobó las numerosas irregularidades en la fiscalía X a cargo de Herrera, íntimo de su jefe Edmundo Jimenez.

“La gran cantidad de denuncias acumuladas muestra la íntima connivencia existente entre ambos: Jiménez (jefe de los fiscales y defensores, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de esta gestión) proveía a Herrera del necesario ‘blindaje político’ para que aquel pudiera ‘operar tranquilamente y sin oposiciones de ninguna índole”. “Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, y, luego, desde el Ministerio Público, no sólo se planificaban los despojos de inocentes e indefensos ciudadanos, sino que también se le ponía a disposición la logística necesaria y eficaz: fuerzas policiales, empleados de inteligencia, abogados, funcionarios, legisladores y, por qué no, hasta jerarcas del Poder Judicial que se encargaban de silenciar estas fechorías”, describió el abogado Juan Roberto Robles, abogado defensor de Roxana Teves.

“Presentamos numerosos escritos y pronto despachos para que la causa, que empezó en 2009, vaya a juicio, pero siempre surgen nuevas dilaciones”, se quejó Robles, quien pretende demostrar cómo los Jiménez usaron la Justicia penal para quedarse con el control de un patrimonio de U$S 5,3 millones de dólares de Teves.

Precisamente, la denuncia que archivó recientemente el Colegio de Abogados contra los “hijos del poder judicial” fue presentada por Roxana Teves, quien denunció que fue encarcelada en 2010 con su hijo, su hija y su nuera por pedido del fiscal Herrera y decisión de la difunta jueza Emma De Nucci, y que ambos la dejaron en libertad luego de que desistiese de sus derechos sobre el patrimonio de su concubino. 

Teves había sido acusada por Carlolina Severini - hija de Augusto Vito Severini- por la supuesta organización de una asociación ilícita para secuestrar a su padre, concubino de Teves fallecido en 2009- para quedarse con los tres hoteles alojamiento pertenecientes a su padre.

“Esta banda de delincuentes, encabezada por Pirincho Jiménez, Ana Lucía Jiménez, Edmundo Jimenez (h), Facundo Maggio y Mariano Cuneo Libarona me iniciaron causa penal y causa civil con el objetivo de desapoderarme de mis bienes mientras estuve presa. En la causa penal, la denunciante Severini era representada por los hijos de Pirincho Jiménez: Ana Lucía Jiménez y Edmundo Jiménez (h) y por Facundo Maggio. En la causa civil por daños y perjuicios, el representante de Severini fue Mariano Cuneo Libarona, mientras Maggio aún era querellante en mi causa en representación de Severini. Pongo a disposición carta documento remitida a estos efectos”, denunció Teves.

La denunciante del jefe de los fiscales añadió que los abogados Falú y René Goane (h) hicieron que ella les diese un poder mientras estaba en cautiverio: “fui presionada y extorsionada para que cediera mis derechos y bienes a cambio de recuperar mi libertad y la de mi familia”.

Alfredo Falú es hijo de Ricardo Falú, ya fallecido ex miembro de la Corte Suprema de Tucumán, ex diputado nacional ex ministro del gobernador Ramón "Palito" Ortega. René Goane es hijo homónimo del ex presidente de la Corte que estuvo más de 30 años en la cima del Poder Judicial -se jubiló el año pasado- desde la cual sembró influencias en nombramientos para infinidad de parientes y allegados llegando inclusive a rozar el escadaloso nombramiento del personal trainer Rodolfo Enrique Neufeld.

Teves relató que Falú le había prometido que Jiménez había acordado con el entonces fiscal Guillermo Herrera -se jubiló con el beneficio del 82% móvil- que le otorgarían el sobreseimiento. “Esto fue grabado por mi parte en un audio que ya es de público conocimiento. En él (Falú) reconoce que nuestra causa era usada como elemento de presión y que por eso nos denegaba el sobreseimiento. Es decir que esta persona estuvo en connivencia permanente con Jiménez, con sus hijos y con el ex fiscal Herrera”, apuntó la denunciante. Y agregó que todos esos abogados “recibieron sus honorarios”: “estos no fueron abonados por mi mano, sino por las de los que planearon mi calvario. (...) Pido que tengan presente la cantidad de años que tuvieron que pasar para que yo pudiera contar mi historia por el terror que esta gente me provocaba”, señala Teves en una nota al presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, y le reprochó que la entidad haya “archivado” su impugnación contra Falú y otros colegas ligados a Jiménez.

“Gran parte del Colegio de Abogados es cómplice”, concluyó la mujer que cambió su declaración de inocencia para autoincriminarse con el asesoramiento de los letrados Alfredo Falú y René Goane (h) y así poder recuperar su libertad.

Sin embargo, al archivar las causas contra sus asociados, el Colegio de Abogados presidido Por Marcelo Billone, rescató la actuación de Alfredo Falú ya que “no sólo no se probó la existencia de alguna conducta reprochable, sino que por el contrario este demostró su diligencia en su actuación profesional habiendo obtenido el cese de prisión en un plazo de 10 días hábiles, cumpliendo de este modo con la manda encomendada”.