El Gobierno tucumano adopta medidas para equilibrar las cuentas del Estado

Este lunes, el primero de 2020, se conoció la intención del Gobierno de la Provincia de reducir el gasto fiscal, en consonancia con Nación, a través de un paquete de medidas que, entre otros puntos, incluye la prórroga del pago de la tercera parte de la “cláusula gatillo” correspondiente a diciembre de 2019.

El objetivo se cumplirá mediante un decreto firmado por el gobernador Juan Manzur, en el que se destacan, además de la postergación del pago de la suma salarial adicional -calculada a partir del índice de inflación- acordada en paritarias, otras cuatro grandes disposiciones:

La sola suspensión del pago de la “cláusula gatillo” generará a la provincia un ahorro de aproximadamente $850 millones en enero, teniendo en cuenta que se calculaba una erogación extraordinaria en términos salariales de entre un 11% y un 12% adicional debido a la inflación de diciembre, que estiman rondó 4% cerrando con un índice de variación de precios de 54%.

El objetivo principal del Gobierno tucumano es generar un ahorro permanente de hasta $600 millones por mes.

Entre las razones que esbozaron representantes del Poder Ejecutivo provincial para explicar las medidas, surgieron una serie de gastos asumidos por programas asistenciales y de subsidios abandonados por el gobierno nacional de Mauricio Macri, entre los que destacaron planes como el Ellas Hacen; la provisión de medicamentos, vacunas y leche para recién nacidos; y los subsidios al transporte público, que por mes consumen más de $150 millones de las arcas provinciales.

“Nos hemos visto en la necesidad de tomar decisiones para equilibrar las cuentas del Estado, decisiones de público conocimiento que ya están tomadas”, señaló el primer mandatario en conferencia de prensa, respecto de las medidas adoptadas para hacer frente al escollo financiero que sortea la Provincia luego del cambio de administración. “Ustedes saben que todas las erogaciones las venimos actualizando por inflación. Ahora producto de las políticas erradas de Macri ha habido una recesión importante, ha caído el consumo, solo en 2019 casi un 12%, cayó la industria, la construcción, y eso hizo que haya menos recaudación”, fundamentó Manzur.

Por su parte, Regino Amado, legislador y presidente subrogante de la Legislatura, sobre la prorrogación de la “cláusula gatillo” recordó que la Provincia cumplió con la medida extraordinaria durante tres años seguidos y explicó que esto era posible conforme a una recaudación equilibrada. A tono con el gobernador, Amado insiste en el mal momento recaudatorio que cursa la provincia. “El último tramo fue postergado porque la recaudación de la Provincia por coparticipación está por debajo de la inflación”, dijo y destacó que a pesar de estas circunstancias la Provincia cumplió con el pago del aguinaldo y sueldos con lo recaudado a nivel local y por coparticipación.

El vicepresidente primero del cuerpo parlamentario, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, también opinó respecto a la adecuación salarial por inflación. “Tucumán pagó un 40% de aumento a los trabajadores del Estado en la última cláusula. Dio la paritaria más alta a nivel nacional”, señaló y adelantó que “en marzo se va a discutir la paritaria con los trabajadores del Estado atendiendo al próximo Presupuesto nacional y sabiendo con qué recursos contará la provincia”.

El martes 28 de enero se debatirá en sesión extraordinaria el congelamiento por 180 días de los haberes de los legisladores, dieta que ronda los $131.000.

En noviembre pasado, el propio vicegobernador Osvaldo Jaldo había adelantado que el Poder Legislativo realizaría una serie de ajustes para achicar los gastos del cuerpo que preside. Una de las medidas implementadas fue dar de baja a todo el personal de bloque político, tanto de los legisladores salientes como los entrantes. 

El presidente del parlamento tucumano también había anunciado que los flamantes legisladores no contarían con teléfono celular con abono libre. “Este año no les damos ni el teléfono, sólo el chip y con tope. Si lo excede, lo pagará el legislador”, afirmaba entonces.

Por último, detalló que, debido a las restricciones financieras, habrá únicamente extensiones horarias para empleados en planta permanente y transitoria (alrededor de 1.800), a quienes se les deberá comprobar la prestación del servicio. “Para el resto se eliminan todas; es una manera de achicar los costos”, explicó.

Los gastos de la Legislatura de Tucumán fueron hace un mes centro de la polémica luego de que la Fundación Libertad publicara un informe donde informaba que cada uno de los 49 legisladores de la provincia le cuesta al Estado $ 85,7 millones ($ 4.200 millones es el presupuesto legislativo).

En Tucumán, el Poder Ejecutivo presenta una nómina salarial inferior a la del Poder Judicial. El sueldo básico del gobernador es de $59.433,29, y con los adicionales alcanzaría los $120 mil. Los haberes de un ministro en Tucumán son de $51.709,35, los secretarios de Estado $49.794,59 y los de los demás cargos políticos del Gobierno oscilan entre los $41.000 y $51.000 de básico.

Los trabajadores judiciales, en tanto, cobran "supersueldos" de más de $285.000 y, además, están exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias, alcanzando un salario superior -inclusive- al del Presidente de la Nación.

Tras la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la suspensión de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y cuerpos diplomáticos. En la provincia, por ahora, la Justicia seguirá gozando de sueldos de verano.

Como era de esperar, la noticia no fue recibida con buenos oídos en algunos gremios y agrupaciones de trabajadores. Fue el caso de los docentes nucleados en la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), que convocaron a sus representados a una asamblea el mércoles a las 09:30 para analizar los alcances del paquete de medidas anti-escollo financiero.

"El congelamiento de sueldos de funcionarios por 180 días, que suena lógico y razonable a modo de ejemplo del Estado, no es parámetro para dejar sin efecto lo pactado y firmado, que en este caso no se estaría cumpliendo", reza el comunicado firmado por el titular de UDT, Juan Aguirre.

Casi idéntico accionar adoptaron profesionales de la salud agrupados en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS), quienes optaron por organizar una movilización el miércoles a la tarde-noche y a realizar un paro con concurrencia a los lugares de trabajo el jueves.