Manzone: "Una mano muy poderosa está evitando que estos sinvergüenzas caigan"

Más de 90 edificios construidos en San Miguel de Tucumán no cuentan con el correspondiente Certificado Final de Obra (CFO). Muchos de ellos se encuentran habitados, pese a que existen ordenanzas que prohíben su ocupación y la conexión de servicios sin esta habilitación expedida por la Municipalidad.

En virtud de esta situación, que está siendo denunciada a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la concejal Sandra Manzone brindó una entrevista a eltucumano.com para brindar detalles sobre un proyecto de ordenanza que presentará por tercera vez en el Concejo Deliberante capitalino.

En caso de obtener tratamiento en las comisiones y conseguir la mayoría de los votos en el recinto, la normativa obligará al municipio a confeccionar un “Registro de Obras Autorizadas”. Según adelantó la edil, si se sanciona la normativa, los adquirientes podrán tener acceso a información pormenorizada sobre los avances informados por las constructoras.

ET: ¿En qué consiste el proyecto de ordenanza?

SM: El proyecto prevé la creación de un “Registro de Obras Autorizadas” para que funcione dentro del ámbito de la Dirección de Catastro municipal, que será la autoridad de aplicación si el proyecto se aprueba. La intención es tener un control de las obras en su inicio, progresiòn y final. El propietario de la constructora o el responsable técnico será el encargado de realizar una presentación bimestral de los avances bajo la modalidad de Declaración Jurada. Aquellas construcciones –edificios en altura o similares- que haya cumplimentado con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente obtendrán el correspondiente CFO.

Somos conscientes de que hay empresarios serios que cumplen con las normativas y con los plazos acordados pero hay otros inescrupulosos que son violadores seriales del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Lo que queremos prevenir es que estos últimos entreguen la posesión a los adquirientes con luz de obra y gas envasado. Lo más importante aquí es evitar la ocupación hasta que la constructora obtenga la habilitación correspondiente.

ET: Usted presentó dos veces este proyecto ¿a qué se debe que no haya recibido tratamiento en las comisiones del Concejo Deliberante?

SM: Lo presenté en 2015, durante mi primer mandato, pero no fue tratado. Esta será la tercera vez, con otras modificaciones. Tal vez no hubo voluntad. Veremos qué es lo que pasa con este nuevo proyecto, sobre el cual estamos trabajando para presentarlo con las modificaciones pertinentes a fines de marzo.

ET: ¿Cuáles son los perjuicios ocasionados por estas constructoras?

SM: Existe un daño económico y patrimonial enorme porque al no tener CFO, los adquirientes no pueden escriturar los departamentos ni contar con los servicios de manera legal. Hay que tener en cuenta que muchas personas se desprendieron de su vivienda única para mudarse a un departamento en barrio Norte, Sur o en el centro.

Pero además del perjuicio económico, hay algo más terrible que es todo lo referido a la seguridad. Tenemos varios edificios que son una bomba de tiempo, entre ellos el paradigmático de Salta 660 (N. de la R. propiedad de la constructora Grandi), en donde hay dos torres de 15 pisos llenos de garrafas. Yo quiero evitar con esto que ocurra una tragedia similar a la de Rosario. Con esa cantidad de garrafas por piso, una fuga de gas puede traducirse en un Cromañón, con la voladura del edificio y pérdidas de vidas humanas.

ET: ¿Qué responsabilidad le cabe al municipio en esta problemática?

SM: Si estos edificios no tienen final de obra es porque hubo un buen control. En la gestión anterior, la ingeniera Elena Forgas llegó a revocar finales de obra. Además, hubo una ordenanza, que venció en octubre de 2014, que abría un “plan de regularización” para construcciones irregulares en el que no se presentó nadie. Ahora, las inspecciones están a cargo de Juan Ledesma, que es un hombre que está preocupado por este tema.

Sin embargo, creo que existe una cierta laxitud en los controles municipales, deberían ser aún más intensos frente a las constructoras que violan el CPU. Hay que tener cuenta que una loza se construye en 15 días, es decir que si el inspector no fue en esas semanas, el edificio tiene un piso más y se cometen “urbanicidios”, como los de Miguel de la Cruz Grandi. Este constructor fue sancionado en el año 2015 por el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) cuando, a causa de una demolición a su cargo, derrumbó la pared de una propiedad lindera a su obra en Virgen de la Merced al 200.

Por otra parte, tenemos una ordenanza del 2004 que establece como paso previo para obtener los derechos de conexión de medidores de gas, luz y agua, la presentación del “final de obra”.  Y una ordenanza del 2013 dice claramente que se encuentra prohibida la ocupación de un edificio sin esta certificación.  Al mismo tiempo, también dispone sanciones pecuniarias a las prestatarias de servicio que hayan conectado los servicios sin el certificado.

Para evitar llegar a esto, elaboramos esta ordenanza que establece el control bimestral, bajo declaración jurada. En caso de que no rindan cuentas como corresponde, se trabarán multas importantes, que pueden llegar a la clausura de esa construcción.

ET: ¿Qué pasará con las personas estafadas?

SM: Se está hablando de pedir una reunión en la Justicia porque no se están moviendo las causas ni civiles ni penales. Evidentemente algo sucede con esta mora de la Justicia con tantas personas que no han recibido ninguna respuesta. Pienso que hay una mano muy poderosa que está evitando que estos sinvergüenzas caigan.

Mi proyecto busca evitar que ocurran casos a futuro pero hay que ver de qué manera ayudamos a esos propietarios para regularizar su situación. Ya hubo una ordenanza para regularizar la situación pero las empresas no se adhirieron.

Buscamos que la gente, antes de comprar en pozo, se asesore en la Dirección de Catastro para ver en qué situación se encuentran las empresas. Les pido a los adquirientes que con estos nombres (Grandi, Mas, Barenbreuker) o algunos de los nombres de fantasía que utilizan no hagan ningún tipo de inversión, porque sabemos cómo van a terminar.

ET: ¿El boom inmobiliario de la última década colapsó la ciudad?

SM: Creo que la capacidad constructiva en algunos puntos, como barrio Norte y Sur, está agotada. Es necesario comenzar a favorecer otros polos de desarrollo inmobiliario y comercial. Tenemos el Sur de la ciudad absolutamente olvidado. Es necesario un proyecto para construir hacia el Norte de la avenida Sarmiento y hacia el Sur de la avenida Roca.

Hace falta una visión de la ciudad, tanto desde el Gobierno provincial como desde el municipio. Hay que mirar la ciudad, no en chiquito, si no como el Gran San Miguel de Tucumán. Banda del Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena son localidades próximas con las cuales hay que pensar estratégicamente un plan a corto, mediano y largo plazo.