Avignone, sobre construcciones irregulares: "No sé cuál es el final de esta historia"

La problemática de los edificios sin certificado final de obra es de vieja data, pero recién en las últimas semanas fue reflejada en los diarios locales cuando los damnificados rompieron el silencio y comenzaron a organizarse a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. En razón de los peligros que significa vivir en estos inmuebles para cientos de tucumanos, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, José Luis Avignone, analizó que podría haber “un nuevo Cromañón” en cualquiera de los edificios que están habitados pese a no contar con la autorización de Catastro.

“El gran problema estalló en los últimos 10 o 15 años con el auge de la construcción durante la ‘década ganada’, cuando muchas personas de buena fe compraron departamentos, sobre todo dentro de las cuatro avenidas, y luego se dieron con que no podían escriturar ni contar con los servicios básicos porque no contaban con el Certificado Final de Obra (CFO) a causa de las violaciones registradas al Código de Planeamiento Urbano (CPU)”, sostuvo Avignone.

El funcionario denunció que, también, hubo otras personas que compraron propiedades en esas condiciones a sabiendas de que las irregularidades no le iban a permitir escriturarlas, de manera que les posibilitaba adquirir propiedades “en negro”, con el beneficio extra de no pagar impuestos municipales ni de servicios de luz (EDET), agua (SAT) y gas (GASNOR).

“Como concejal presenté un proyecto para derogar las ‘medidas ejemplificadoras’ impuestas durante la gestión Raúl Topa, que consistían en multar y hacer 'trueques' con las constructoras, que proveían de elementos (computadoras, mobiliario) a las distintas reparticiones pero que, en realidad, no subsanaban las infracciones ni salvaguardaban a las personas que vivían en esos edificios, de manera que se convirtió en un juego maquiavélico”, recordó Avignone.

El secretario reconoció que actualmente la situación “está igual que hace 15 años” porque las empresas siguieron construyendo de espaldas al CPU. En este sentido, Avignone destacó que durante la gestión de Domingo Amaya se convocó a los propietarios de los inmuebles a regularizar la situación para adecuarla a la normativa municipal. “Pero para sorpresa de todos no se presentó absolutamente nadie”, enfatizó y esbozó una explicación.

“Sencillamente es imposible que esas construcciones se adapten a la ley porque las infracciones al Código de Planeamiento municipal son enormes”, analizó Avignone. En este punto, un lugar común por estos días es citar al edificio de la constructora Grandi ubicado en San Lorenzo al 1.200 que contaba con autorización para construir hasta siete pisos pero la torre finalmente trepó hasta los 14. “Las empresas están acostumbradas a actuar sobre el hecho consumado”, acusó.

Papeles en el viento

Para entrar a vivir en un edificio sin final de obra, los propietarios firman previamente un documento elaborado por la constructora en el cual se aclara cuáles son las condiciones en las que se encuentra el inmueble. Por lo general, la firma se produce luego de que los adquirientes esperen varios años la entrega de las unidades, que superan por mucho los plazos estipulados cuando se efectúa la compra en pozo.  Ese papel se convierte, cuando la situación desborda, en el caballito de batalla de los empresarios.   

“Esa picardía la implementó el constructor Carlos Mas. De esa manera se desvinculaban de la responsabilidad y quienes quedaban en litigiosidad ya no era el municipio si no los adquirientes que sólo cuentan con un boleto de compra venta”, manifestó Avignone.

“Grandi, Barenbreuker y Mas son las empresas emblemáticas, pero hay muchas más”, denunció el funcionario ante la consulta de los principales infractores. “Lo que puedo asegurar es que no se otorgará el Certificado Final de Obra porque, en caso de dictar una ordenanza de excepción, el día de mañana puede producirse un Cromañon y los responsables van a ser el intendente y los concejales que hayan levantado la mano”.

Sobre los peligros, Avignone reparó principalmente a la provisión de gas. “Tienen alimentación por gas de garrafa, lo cual es altamente volátil y peligroso”, apuntó el secretario y reparó en que las empresas sólo pagan el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza (CISI) de estos inmuebles, lo que implica un perjuicio para las arcas municipales. 

“Esta gente ha tenido la picardía o pijotería de poner un solo medidor de luz y desde allí sacan todas las conexiones a los distintos departamentos porque Edet no quiere dar el servicio ante la falta de autorización”, aclaró.

Una historia sin final

Consultado sobre la responsabilidad que le cabe al municipio sobre las personas que habitan edificios en condiciones precarias, Avignone insistió en que no se otorgará el Certificado Final de Obra a los infractores. Además, hizo hincapié en que la Municipalidad, si bien tiene poder de policía, no cuenta con los recursos necesarios para atender una situación que está desbordada por donde se la mire.  En este sentido, el intendente Germán Alfaro también deslindó responsabilidades hace algunas semanas cuando declaró que la Municipalidad “no puede poner un policía por cada edificio”.

Sobre el proyecto presentado por la concejal Sandra Manzone (ApB), Avignone dijo que al municipio “no llegó nada” pero que considera “ilógico” hacer un relevamiento sobre los edificios que cuentan con final de obra, cuando Catastro realizó el conteo de aquellos que no lo tienen.

Sobre el final de la charla, Avignone mismo preguntó y se respondió: “¿Cuál va a ser el final de esta historia?. Realmente no lo sé”