El Colegio de Abogados pide frenar la reforma procesal laboral mediante un DNU
Desde la entidad enviaron una carta al gobernador Manzur en la que señalan que la inmediata aplicación de las modificaciones podría derivar en el colapso del fuero.

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Autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán enviaron una carta al gobernador Juan Manzur para solicitar que, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), frene la inmediata aplicación de la reforma procesal penal.
Marcelo Billone y Guillermo Arévalo, presidente y secretario de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho, solicitaron en el escrito dirigido al primer mandatario que se suspenda provisoriamente la vigencia de la ley 8.969 que establece la creación de una doble instancia en el fuero laboral de la Provincia.
Los letrados solicitan puntualmente que se convoque a una sesión extraordinaria de la Legislatura a fin de tratar un proyecto de ley que postergue las modificaciones, debido a que la misma no se podría aplicar "sin implementar previamente las medidas concretas y conducentes para la efectiva operatividad de la citada ley”
La acordada de la Corte
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio el visto bueno ayer para la implementación de la nueva legislación, vigente a partir de este jueves. Sin embargo, en la Acordada se hace mención a las dificultades que implicará su puesta en funcionamiento debido a que es necesario una adecuación del sistema judicial tucumano.
“El funcionamiento de los nuevos juzgados se encuentra condicionado a las medidas institucionales y administrativas que fueren pertinentes adoptar”, expresa la resolución del Alto Tribunal de la cual se valen Billone y Arévalo para señalar los problemas que acarreará la inmediata implementación del doble fuero.
“El nuevo sistema funcionará con sólo cuatro de los doce jueces que, según el nuevo esquema procesal, deben tramitar y sentenciar los procesos laborales llevados a su conocimiento. Necesaria consecuencia de ello resultará el abarrotamiento de los juicios en condiciones de ser sentenciados, en desmedro de los derechos de los justiciables cuyas pretensiones tienen naturaleza alimentaria”, expresa la misiva dirigida a Manzur.
“Existiendo el riesgo cierto de que el grave cuadro precedentemente descripto desemboque en el colapso del fuero, resulta impostergable que se aplace la vigencia de las nuevas disposiciones procesales, hasta tanto se arbitren los mecanismos que garanticen su normal funcionamiento”, finaliza la misiva.