El Colegio de Abogados denuncia que el Gobierno quiere "colonizar" la Justicia

Los miembros del Colegio de Abogados encendieron una luz de alarma esta mañana cuando se enteraron, a través de un matutino local, sobre las intenciones de implementar un nuevo sistema de subrogancias para las magistraturas de todos los fueros, incluida la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

La iniciativa, que fue ingresada por Mesa de Entradas en la Legislatura sobre el final del año, persigue el objetivo de que los juzgados, fiscalías y defensorías oficiales acéfalos de forma transitoria o permanente “por recusación o excusación, licencia, vacancia, suspensión o cualquier otro impedimento” sean cubiertos por conjueces, cofiscales y codefensores oficiales.

La última arremetida del Ejecutivo, a poco de que termine 2016, fue instrumentada por los legisladores Marcelo Caponio, Julio Silman y Guillermo Gassenbauer. Las modificaciones planteadas al sistema de suplencias se suman al paquete de medidas tendientes a reformar la Justicia que fue aprobado en la última sesión del año.

El mecanismo de remoción de magistrados (Jury de Enjuiciamiento) y la creación de la doble instancia en los fueros Contencioso Administrativo y Laboral de la provincia, fueron algunas de las iniciativas del oficialismo que fueron aprobadas en una sesión “ómnibus” en la que se trataron 34 proyectos de toda índole.

“El Colegio de Abogados llegó a la conclusión de que hay un plan de cierto sector de la Legislatura tendiente a avanzar sobre la Justicia para colonizarla”, manifestó el Presidente de esa institución, Marcelo Billone, en diálogo con El Tucumano.

Para Billone, la urgencia del oficialismo por modificar cuestiones sensibles que afectan el ejercicio de la abogacía en la Provincia, está vinculada a la causa iniciada por los gastos sociales legislativos, que no fueron debidamente explicados por los actores involucrados.

Cabe recordar que en el mes de septiembre pasado el fiscal de instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, archivó la causa  por el presunto manejo irregular de $ 615,6 millones, ejecutados por el Poder Legislativo en el 2015, año en que se celebraron las elecciones provinciales, bajo la figura de “ayudas sociales a personas”.

Al respecto, Billone sostuvo que los implicados en la causa “debían cumplir con una medida cautelar notificada que había que cumplirla o recurrirla. Desde el punto de vista procesal, la omisión afecta la división de poderes. Es obvio que no sólo los ciudadanos sino también los poderes constituidos están obligados a cumplir con los mandatos constitucionales”

El letrado informó que esta mañana, el Colegio de Abogados presentó en Casa de Gobierno una carta dirigida al gobernador Juan Luis Manzur para solicitarle que vete las leyes aprobadas en la última sesión legislativa, debido a que no fueron consultadas con especialistas del Derecho que ejercen en Tucumán.  También dirigió sendas misivas al Presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, solicitando documentación sobre los proyectos aprobados en la última sesión y copias del ingresado recientemente en los relativo a la modificación de subrogancias.   

“Pedimos al Gobernador que vete las leyes, creemos que nuestro pedido es un modo de defender la institucionalidad. En caso de que no fuera favorable habrá otras decisiones, como judicializar la cuestión. Lo hacemos por mandato de la ley y también de la comunidad”, sostuvo Billone, quien agregó que “se especuló con la coyuntura, en un época del año en que las cosas se relativizan”