Jaldo responde a las críticas del Colegio de Abogados por la Reforma Judicial

El vicegobernador Osvaldo Jaldo defendió las reformas introducidas en el sistema judicial de la Provincia, que fueron duramente cuestionadas por el Colegio de Abogados de Tucumán y por el Círculo de Magistrados de la Provincia.

Las modificaciones aprobadas en la sesión del 21 de diciembre pasado inciden en el mecanismo de remoción de magistrados (Jury de Enjuiciamiento) y prevé la creación de la doble instancia en los fueros Contencioso Administrativo y Laboral de la Provincia.

“La Legislatura se ha caracterizado por el diálogo permanente con todas las instituciones. Hemos sancionado el nuevo Código Procesal Penal, que llevó dos años de debate, con autoridades judiciales y letrados”, respondió Jaldo cuando fue consultado sobre los cuestionamiento del presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Billone, acerca de la premura para aprobar el proyecto oficialista sin consultar a las instituciones vinculadas con el ejercicio del Derecho.  

“Venimos sancionando leyes en uso de nuestras facultades institucionales, entiendo que Billone tiene que defender a sus colegas y también entiendo que tenga un posición cercana a los jueces, pero ¿quién defiende a la gente cuando demora un juicio laboral?, se preguntó el funcionario durante una entrevista con el programa televisivo Los Primeros.  

El presidente de la Legislatura defendió la creación de nuevas instancias en los dos fueros- Laboral y Contencioso Administrativo-para igualarlos con el resto del sistema judicial. Y agregó que en este último se reciben todas las causas contra el Estado provincial.

“Hay estudios jurídicos que se pelean para pleitear con el Estado porque son los mejores juicios, los más exitosos, donde se cobran más honorarios. Hay que preguntarle a los abogados, a los que frecuentan Tribunales, cuáles son los estudios jurídicos que han vivido permanente a costa del Estado, porque Tucumán es chico y todos nos conocemos”, arengó.

De esta manera, Jaldo vinculó la reacción de los letrados con intereses económicos. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados aseguran que la arremetida del oficialismo está vinculada a un intento de “colonizar” la Justicia en represalia por la causa sobre “Gastos Sociales” que salpicó a legisladores.

En septiembre, el fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, desestimó la posibilidad de que se haya cometido un fraude millonario por $615,6 millones durante el 2015, un año eleccionario, y archivó la causa.    

Al respecto, Billone había sostenido que los implicados en la causa “debían afrontar una medida cautelar notificada que había que cumplirla o recurrirla. Desde el punto de vista procesal, la omisión afecta la división de poderes. Es obvio que no sólo los ciudadanos sino también los poderes constituidos están obligados a cumplir con los mandatos constitucionales”.