Fiscal Federal Gómez: "Los fondos de YMAD debieron destinarse a la Ciudad Universitaria porque así lo impone la ley"
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán se refirió al juicio por el desmanejo de los fondos de YMAD en la UNT y recalcó que "la esencia central del delito" radica en "quiénes son aquellos que autorizaron este cambio de destino del dinero".
FiscalGómez en FM latucumana. (Captura de video)
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Antonio Gustavo Gómez, charló con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en FM latucumana 95.9 sobre el próximo inicio del juicio de la causa caratulada “Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" expediente 400360/2010 donde el delito de fondo es El Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y a todos los tucumanos, previsto para el próximo 29 de abril. "Los fondos de YMAD debieron destinarse a la Ciudad Universitaria porque así lo impone la ley", planteó el fiscal, y subrayó que "la esencia central del delito" radica en "quiénes son aquellos que autorizaron este cambio de destino del dinero".
En primer lugar, Gómez sostuvo que "es una causa muy compleja", y destacó que "la labor periodística del sitio de ustedes es por demás muy clara, muy concreta" en alusión a la investigación de eltucumano.com. El fiscal federal general analizó que "aquí se trató de los manejos de los fondos aportados por el rol de la Universidad Nacional de Tucumán en una empresa minería que recibía la plata de producción de la mina La Alumbrera", y remarcó que "el manejo de esos fondos ha sido realmente discrecional, se ha tratado de hacer situaciones muy complicadas en el momento de la articulación de esos fondos que debieron destinarse a la Ciudad Universitaria porque así lo impone la ley, no por otra razón".
"La ley de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio es una empresa del Estado que la UNT integra, disponía que esos fondos eran para la Ciudad Universitaria y no fue así, sino que incluso se cometieron delitos de estafa: se contrataron empresas que sobrefacturaron y dieron un valor por construcciones que se han hecho en el resto de las facultades que no se ajustaban con la verdad de los precios que implicaban", manifestó.
Respecto al proceso judicial, indicó: "La causa penal se ha dividido en dos: por un lado esto que estamos hablando de los manejos de fondos que hizo el Rector y el cambio de destino de los fondos, incluso la aplicación de ese dinero que se recibía en algunas cuevas financieras, etcétera; y por otro lado lo que significó la sobrefacturación de las empresas, razón por la cual hay más de una decena de empresarios de distintas empresas constructoras procesados".
Sobre su actuación en la causa, recordó que solicitó las citaciones a indagatorias y posteriores detenciones de autoridades universitarias como el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab; del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro; y de la exvicerectora María Luisa Rossi de Hernández. Los imputados en la causa son el propio exRector Cerisola y los ex funcionarios universitarios Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino.
"Yo he pedido incluso las prisiones preventivas porque obviamente la influencia de las autoridades universitarias que están en libertad todavía existe en el campo de una investigación como ésta, o en el de un juicio oral y público, y esto afecta seriamente la posibilidad de la producción de la prueba que esperamos tanto en la primera instancia como en el Tribunal Oral", remarcó. Gómez lamentó que "hay un campo de delito y un grupo de imputados que en este ni en el otro expediente han sido siquiera mencionados, excepto por mis dictámenes".
"Ahí tenemos una falencia porque justamente hace a la esencia central del delito: quiénes son aquellos que autorizaron este cambio de destino del dinero que iba a ser para la construcción de la Ciudad Universitaria y salieron a decir que se podía utilizar con otro destino", manifestó.
El fiscal federal general afirmó que "ese es el origen de los delitos que ahora se esparcen en el marco de estos dos expedientes: desde asesorías legales, pasando por integrantes del Consejo de la Universidad que también ha sido parte de estas cuestione, aprobando los balances que se iban presentando en aquellos años".
Gómez también se refirió a las posibles maniobras dilatorias que apunten a postergar el inicio del juicio, fijado para el próximo 29 de abril: "Tengo entendido que la fecha se mantiene, no es nada complicado que la Cámara Federal de Casación Penal el día de mañana le diga a una de las juezas que asumió recientemente en el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que se traslade a Tucumán para hacer se juicio".
"También es posible que uno de los jueces de la Cámara Federal de Tucumán participe de este juicio, no es nada imposible de decidir, pero va a depender mucho de la labor que tenga que desarrollarse aquí en Tucumán y en la Cámara Federal de Casación Penal", reveló.
Antonio Gustavo Gómez fue apartado de la causa a partir de un pedido de recusación interpuesto por el fiscal Carlos Brito: "La recusación me la hizo el doctor Carlos Brito, quien sostiene un grado de enemistad conmigo que al parecer dificulta la acción del Ministerio Público, yo creo que no es así", detalló.
"Yo no tengo ninguna enemistad con él, discrepo seriamente en éste y otros expedientes, y esa discrepancia ha quedado clara en cada uno de mis escritos pero eso no significa que esté peleado con él ni con nadie. Si la Cámara Federal ha interpretado eso como un obstáculo para el sistema de administración de Justicia está claro que no lo es: los hechos, los recursos de apelación que ha interpuesto el doctor Brito, son mantenidos por mi expreso agravios a favor de la postura del doctor Brito y de manera alguna puede sostenerse como ha dicho la Cámara Federal en un entorpecimiento en el servicio de administración de Justicia", aseveró.
"Tenemos criterios distintos y esto hay que tratar de entender: hay imputados que yo sostengo que se deben citar a prestar declaración indagatoria, pero esto es una decisión de Carlos Brito y no la mía. Yo puedo llegar a decir ante la Cámara que ordene las citaciones a indagatoria, pero si la Cámara entiende que no corresponde y en eso coincide con Brito, punto, yo no tengo nada más para decir y no puedo decir otra cosa", aclaró. En ese sentido, recordó que "el doctor Brito es parte de muchos expedientes con recursos de apelación que hacen las defensas y no me ha recusado".
Mirá la entrevista completa al fiscal Gustavo Gómez en FM latucumana 95.9:
