La prórroga a sola firma del nombramiento de Adela Seguí como directora de la Escuela Judicial hasta 2033 y las designaciones de familiares directos de ella y de su hermana Malvina desataron un escándalo judicial, que podría derivar en denuncias penales y pedidos de destitución del vocal de la Corte Suprema de Justicia y la vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción.
Daniel Posse y Malvina Seguí.
Sigue la escalada de tensión e internas políticas en el seno del Poder Judicial de Tucumán a partir de las irregularidades y casos de nepotismo en el Consejo Asesor de la Magistratura. Fuentes judiciales anticiparon a El Federalista que evalúan la presentación de pedidos de juicio político y denuncias penales contra el vocal de la Corte Suprema y presidente del CAM, Daniel Posse y la vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción, Malvina Seguí, que incluso podrían llegar a hasta la destitución; y sendas denuncias contra la Directora de la Escuela Judicial del CAM, Adela Seguí, beneficiaria de nombramientos de familiares cuyo cargo se prorrogó de forma unilateral hasta el 2033.
Con su sola firma, el presidente del CAM, Daniel Posse, incorporó directamente a Cecilia Palacio, pareja del hijo de Adela Seguí, y firmó tres movimientos laborales en diez meses a favor de Daiana Acosta Rivero, identificada como nuera de Malvina Seguí. Los documentos exponen el pasaje a planta permanente sin un concurso acreditado en las resoluciones, la concentración de decisiones en agosto de 2025 y una regla de selección del propio organismo que exige explicaciones; esto se suma al escándalo que se desató por la prórroga de Adela como directora de la Escuela Judicial del CAM, organismo encargado de la formación y capacitación de quiénes aspiran a cubrir cargos de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios en el Poder Judicial de Tucumán
El 4 de agosto de 2025 el CAM aprobó el Acuerdo 82/2025 en “asuntos varios”, sin que figurara en el temario original de nueve puntos. Esa reforma modificó el régimen de permanencia del Director Académico: hasta diez años por designación o prórroga, y facultó a la Presidencia a prorrogar, por períodos sucesivos de hasta diez años, a quien ya ocupara el cargo habiendo sido designado por concurso. Apenas tres días después, Posse firmó la Resolución de Presidencia 256/2025, que prorrogó por ocho años la designación de Adela María Seguí (DNI 12.675.710, Legajo 9.385), hasta aproximadamente agosto de 2033. El pleno ya la había prorrogado hasta el 30 de abril de 2026 mediante Acuerdo 73/2024, tras evaluación del Consejo Académico. La nueva resolución no registra una nueva evaluación.
El 22 de octubre de 2025 Posse dictó la Resolución 381/2025 que dejó sin efecto la Resolución 139/2022 (que había comunicado la designación original de 2022 con carácter temporario, categoría 05.01 equiparable a juez de primera instancia) y afectó a Seguí un cargo vacante permanente de Secretario de Corte (categoría 05.01) “mientras ejerza sus funciones”. El acto se apoyó en un informe de Secretaría Administrativa sobre disponibilidad presupuestaria en el Expediente 0214-930-2025. Ninguna de estas decisiones fue informada a los consejeros del CAM en las diecisiete sesiones posteriores.
En paralelo, Posse firmó designaciones de personal administrativo permanente sin que las resoluciones individualicen convocatoria, orden de mérito o acta de concurso, pese a que el Acuerdo 3/2010 (modificado por el 6/2010) establece que, cuando los cargos revisten carácter permanente e integran la planta presupuestaria, “las correspectivas designaciones deberán efectuarse previo concurso de antecedentes”.
Mediante la Resolución 389/2023 designó a Cecilia Susana Palacio como Encargada Mayor (categoría 26.01) con carácter permanente desde el 10 de octubre de 2023, por “razones de servicio”. Palacio es pareja de Manuel Martínez Novillo, hijo de Adela Seguí, y madre del nieto de esta, según publicación de la propia Adela. El artículo 7 de la Resolución 253/2025 la destinó a la Comisión de Antecedentes e Impugnaciones, órgano que interviene en el tratamiento de antecedentes y objeciones de aspirantes a magistrados.
Daiana Mariel Acosta Rivero, identificada en investigaciones periodísticas como nuera de Malvina Seguí, ingresó de manera temporaria como Encargada Mayor en octubre de 2024, fue confirmada en planta permanente el 3 de abril de 2025 (Resolución 79/2025, que menciona una “previa evaluación de antecedentes” sin anexar dictamen ni comparar postulantes) y ascendió el 5 de agosto de 2025 a Prosecretario Judicial C (categoría 11.01) mediante el artículo 5 de la Resolución 253/2025. Su meteórico ascenso se completó en menos de diez meses.
Malvina Seguí, camarista y consejera suplente en la sesión del 4 de agosto, realizó la intervención más extensa de la jornada en defensa de la reforma. Allí, agradeció “la confianza depositada por el señor presidente” y señaló que el grupo había trabajado “con la directriz que nos dio el Presidente”. Solo antes de la votación pidió que constara “su excusación”. En marzo de 2022, durante las entrevistas del concurso que ganó su hermana, se había retirado de la sala por parentesco. Una publicación suya en Facebook de noviembre de 2019 describe una amistad de cuarenta años entre ella, su hermana Adela y Posse.
Fuentes judiciales anticipan denuncias por el presunto incumplimiento del Acuerdo 3/2010 en designaciones permanentes, la opacidad por omisión de informar al pleno resoluciones de alto impacto, la concentración de decisiones en un intervalo breve y la apariencia de conflicto de interés derivada de la amistad documentada y del parentesco.
Vale aclarar que estas conductas no constituyen por sí solas delitos tipificados, pero podrían habilitar investigación sobre abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o negociaciones incompatibles (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal), si se acreditara intención o perjuicio.
Contra Posse, las presentaciones buscarían impulsar un sumario disciplinario por el ejercicio de las funciones de vocal y presidente del CAM, denuncia penal ante la fiscalía competente aportando las resoluciones y actas, y juicio político conforme al artículo 124 de la Constitución de Tucumán, que habilita el enjuiciamiento de los miembros de la Corte por mal desempeño o delitos en el ejercicio de la función. La Comisión Permanente de Juicio Político decide por dos tercios si formula acusación.
Respecto de Adela Seguí, Directora Académica designada por concurso en 2022 (Acuerdo 16/2022) y prorrogada por el pleno hasta abril de 2026, las acciones se concentrarían en su condición de principal beneficiaria de la prórroga unilateral y de la afectación del cargo permanente, así como en la incorporación de personas de su entorno familiar sin concurso individualizado. Si se la considera sujeta al régimen de magistrados por la categoría del cargo, podría enfrentarse a sumario disciplinario o investigación administrativa por la apariencia de favoritismo en el organismo que forma aspirantes a la magistratura.
En el caso de Malvina Seguí, la base principal sería el incumplimiento del deber de abstención: participó activamente en la deliberación de la reforma que beneficiaba directamente a su hermana, en contraste con la excusación plena que observó en 2022. Como camarista, está sujeta al régimen disciplinario del Poder Judicial. También que se evaluaría sumario por mal desempeño o violación del deber de imparcialidad, denuncia penal por eventual incumplimiento de deberes, y juicio político por afectación de la apariencia de imparcialidad en un órgano selector de jueces.
Síntesis editorial
En cualquier institución pública, una relación familiar no convierte automáticamente una designación en ilegal. Pero cuando los vínculos coinciden con decisiones concentradas en una autoridad, saltos escalafonarios acelerados y constancias de selección que no aparecen en las resoluciones, la transparencia deja de ser una gentileza administrativa. Se vuelve la obligación central de quienes eligen a las personas que impartirán justicia.
La serie de escándalos que sacuden al Poder Judicial de Tucumán