Cama extorsiva en la causa Vélez: las 38 pruebas de la causa federal que acorralan al diputado Carlos Cisneros

Durante la emisión de La Tucumana de Mañana por FM La Tucumana 95.9, Ana Pedraza y Gabriel Sanzano abordaron los detalles de la causa penal que se tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. Al abrir el bloque informativo, los periodistas destacaron la gravedad del expediente al señalar que "el juez federal Guillermo Díaz Martínez debe resolver la situación procesal por presunta trata de personas y sometimiento funcional contra el diputado nacional Carlos Cisneros, la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia".

En los estudios de la radio explicaron que el proceso en el fuero federal se desencadenó luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejara firme el sobreseimiento definitivo de los cuatro deportistas imputados originalmente. Tal como remarcaron al aire, la investigación busca determinar si la denunciante Lourdes Parache fue "instrumentalizada, presionada y obligada dentro de una operación extorsiva para realizar la denuncia". Para comprender el alcance del expediente, en el programa precisaron que "la evidencia reunida en los expedientes judiciales se articula en cuatro ejes centrales" que exponen la maniobra.

El primer eje abarca el móvil económico detrás del escándalo mediático. Nueve horas y media antes de formalizar la acusación en sede policial el miércoles 6 de marzo de 2024, Parache mantuvo comunicaciones con su círculo cercano sobre la búsqueda de un acuerdo financiero. En los chats recuperados por los peritos oficiales, la joven explicaba que su abogada tomaría contacto con los representantes del club para evaluar un arreglo económico a fin de evitar la exposición pública. En esas mismas conversaciones, justificó la inclusión del arquero Sebastián Sosa admitiendo en privado y ante la propia fiscalía que el deportista estaba durmiendo y no la había tocado, pero argumentando que no lo excluiría porque era el que tenía mayor patrimonio. Posteriormente, las actuaciones judiciales registraron que la querella rechazó ofrecimientos iniciales de 50.000 dólares a la espera de exigencias económicas superiores cerca de la fecha del juicio.

El segundo eje documenta la secuencia de captación iniciada en el ámbito laboral de la Caja Popular de Ahorros. El lunes 4 de marzo de 2024, al regresar a su lugar de trabajo, Parache le contó lo sucedido a su jefa inmediata, Alejandra Salgado. Salgado puso al tanto a su esposo, el subinterventor Miguel Darío Amatti, momento en el cual la información fue derivada al diputado Carlos Cisneros y a su colaborador Federico Petraglia. A partir de esa intervención, Petraglia solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel Hilton sin contar con una orden judicial previa e instó a la joven a realizarse un examen ginecológico para obtener un certificado médico, a pesar de que ella manifestaba expresamente en ese momento que no deseaba radicar una denuncia penal.

El tercer eje expone el sometimiento funcional, la dirección del testimonio y la manipulación de la prueba digital. El 17 de marzo de 2024, el día anterior a prestar declaración en Cámara Gesell, la propia denunciante confirmó en un mensaje a sus allegadas que acababa de salir del estudio jurídico, señalando de forma textual que sus abogados le habían ordenado el relato, indicándole los momentos en los que debía modificar el tono de voz y los tramos en los que debía mostrarse más dramática. Días después, tras la resolución judicial que otorgó la libertad a uno de los futbolistas, la joven escribió que sus letrados accionarían contra la magistrada por órdenes recibidas desde arriba. A esto se suma la declaración de una testigo que reveló cómo la abogada Patricia Neme intervino los celulares para eliminar mensajes y evitar que salieran a la luz audios comprometedores, evaluando incluso la simulación del robo de un teléfono a través de un empleado vinculado al entorno del legislador.

El cuarto eje detalla la red de letrados y el cruce de representaciones defensivas. Un conjunto de siete profesionales intervino alrededor de la denuncia, compartiendo vínculos institucionales entre la Caja Popular, La Bancaria y el entorno de Cisneros. Abogados como Juan Andrés Robles, José César Díaz y Pedro Parra alternaron representaciones entre la denunciante, el diputado, sus hijas y los demás imputados en los distintos expedientes. Esta conexión quedó asentada en registros públicos cuando el 30 de marzo de 2026 una escribanía extendió dos escrituras con números consecutivos para ceder poderes a los mismos letrados, perteneciendo una a Parache y la otra a las hijas de Cisneros.

La vulnerabilidad de la joven quedó registrada en sus propias palabras cuando en noviembre de 2025 manifestó sentirse prisionera de un manejo en el que no tenía poder de decisión y debía cumplir órdenes sin cuestionar. Tras haber tomado las declaraciones indagatorias a Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia, el juez federal Guillermo Díaz Martínez se encuentra en la etapa decisiva para resolver la situación procesal de los tres imputados y determinar si la estructura política utilizó a la joven para ejecutar una operación extorsiva.