Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre, Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia respondieron ante la Justicia Federal en la causa que investiga una presunta captación y explotación de Lourdes Parache para extorsionar a los jugadores de Vélez con una falsa denuncia por "violación en manada" promovida por La Bancaria. El diputado y la abogada presentaron sus defensas por escrito y el empleado de la Caja Popular negó los hechos y se abstuvo de seguir declarando. La Gaceta y Contexto publicaron en marzo pasado el pedido de indagatoria de Carlos Cisneros pero cuando un juez federal la ordenó y desfiló el cisnerismo ante los tribunales federales, sus coberturas siguieron caminos distintos: en La Gaceta no está la noticia; Contexto eliminó su nota 422919. Ambos medios esconden a sus lectores las pruebas judiciales contra Cisneros y su círculo, tampoco dan cuenta de los gravísimos hechos de corrupción en la Caja Popular relevados por el Tribunal de Cuentas como los retiros de $21.105 millones en efectivo durante la gestión cisnerista, el pago de millonarios seguros sin póliza a jugadores de San Martín y las contrataciones familiares entre el gerente de seguros y la firma Concilio & Sarralde -que audita también a la municipalidad, San Martín y el consorcio Girsu de gestión de la basura-. Los medios que esconden el proceso judicial contra un diputado nacional por Tucumán suman una pauta de $866,2 millones desde 2025: Contexto encabeza el universo de pauta relevado con $502,2 millones, seguido por La Gaceta con $364 millones. La Caja Popular concentró el 91,6% de su publicidad en 2025 hacia Contexto; La Gaceta monopoliza la pauta legislativa con un 45% y presentó como propio Terrazas Park, complejo donde seis unidades terminaron a nombre de Cisneros. Este medio declara también su pauta y su condición de denunciante contra Cisneros. La obligación de un medio de prensa es para con la sociedad que solventa con sus impuestos .
Carlos Cisneros y su imperio mediático de silencio y pauta estatal millonaria.
El pasado lunes 28 de septiembre a las 13:50, Carlos Cisneros se defendió ante la Justicia Federal. Con un escrito negó haber captado, condicionado, amenazado o explotado a la joven vinculada al caso Vélez. El diputado presentó su intervención como asistencia sindical y pidió el sobreseimiento.
El martes fue el turno de Patricia Neme. La abogada de la Caja Popular y La Bancaria presentó su defensa por escrito y también pidió ser sobreseída. El miércoles, Federico Petraglia compareció, negó los hechos y se abstuvo de seguir declarando.
En tres días, un diputado nacional, una abogada de su entorno y un empleado de la Caja Popular respondieron como imputados en una causa federal por presunta trata de personas y dejaron a su suerte a Lourdes Parache, la empleada de la Caja Popular que decían defender de una violación "en manada" por parte de 4 jugadores de Vélez Sarsfield acaecida en 2023 en el Hotel Hilton. Hasta hoy, domingo 4 de octubre, En La Gaceta y Contexto no hay una sola noticia sobre el desfile de Cisneros y su círculo por la Justicia Federal. Lo que falta no es un matiz del relato. El silencio de los medios funcionales a la organización de Cisneros es El relato de esa semana.
Hay otra razón para examinar ese silencio. La Gaceta y Contexto son los dos mayores receptores del universo de pauta oficial desde el 2025 reconstruido por eltucumano a partir del Tribunal de Cuentas: $866.193.085,14 entre ambos. La institución que aparece en el centro de la hipótesis fiscal, la Caja Popular, es también el principal origen de la publicidad pública identificada para Contexto. La noticia, el dinero y la obligación de informar se cruzan en el mismo lugar.
Una indagatoria no es una condena. Pero la presunción de inocencia no exige dejar de informar que un diputado fue llamado a responder ante un juez: exige explicar qué se le atribuye y qué contesta. La noticia de esa semana contenía las dos cosas. Publicar los descargos habría permitido a los lectores conocer también los argumentos con los que Cisneros y su entorno rechazan la acusación.
El punto central de la hipótesis fiscal federal Vehils Ruiz es la relación de poder de Lourdes Parache con Carlos Cisneros y sus acólitos dentro de la Caja Popular. Según el requerimiento reproducido en la cobertura de las citaciones, la presunta captación habría ocurrido después del episodio denunciado contra los futbolistas, aprovechando «la vulnerabilidad emocional y la subordinación laboral de la joven en la Caja Popular de Ahorros». La institución no aparece sólo como lugar de trabajo: para el fiscal, esa dependencia habría formado parte del mecanismo investigado.
En su defensa Carlos cisneros reconoció «acompañamiento, la facilitación de abogados y la tutela institucional», pero lo describió como asistencia sindical, no como captación o sometimiento. Esa es una controversia concreta que el lector puede comprender: una intervención que la acusación interpreta de un modo y el diputado, de otro. La decisión le corresponde a la Justicia; contar ambas posiciones, al periodismo.
La Gaceta que había publicado antes acusaciones de José Florentín Bobadilla, la respuesta de Cisneros y una restricción judicial sobre ciertos testimonios; no publicó una línea sobre el proceso judicial federal contra el diputado nacional por Tucumán en una semana de actuaciones.
Seis meses antes, los dos medios habían considerado noticia el pedido del fiscal. El 11 de marzo, La Gaceta y Contexto informaron que Rafael Vehils Ruiz había solicitado las indagatorias de Cisneros, Neme y Petraglia. El trámite quedaba a decisión del juez federal Guillermo Díaz Martínez.
El 14 de septiembre, el juez ordenó las tres citaciones. La decisión fue cubierta por eltucumano, El Federalista y una reproducción de Examedia. En La Gaceta no está esa noticia. En Contexto ocurrió algo distinto: llegó a publicar una nota que estuvo online 1 minuto y luego fue censurada por el propio medio a cargo del porteño Tomás Luciani.
Una captura conservada por esta redacción muestra el título atribuido a Contexto: «Empiezan las indagatorias en la causa que investiga la presunta captación de una empleada vinculada al caso Vélez». Al abrir la dirección 422919 asociada a esa pieza en nuestro seguimiento, el lector termina en la portada. Las notas inmediatamente anterior y posterior siguen accesibles: el pronóstico de San Francisco y una publicación sobre póquer. La noticia judicial de las indagatorias federales sobre el cisnerismo fue invisibilizada en ambos medios.
Ese antecedente exige una explicación, pero el hecho central ocurrió después. Cisneros adelantó su escrito al lunes 28; Neme presentó el suyo el martes 29; Petraglia declaró el miércoles 30. Las actuaciones se produjeron y las defensas se conocieron. No hubo cobertura de la noticia en ninguno de los dos medios que más dinero público tucumano perciben mensualmente.
Desde el 1 de enero de 2025, Contexto S.R.L. acumula pagos por $502.178.513,87 en el relevamiento de publicidad oficial sobre acuerdos de el Tribunal de Cuentas. De ese monto, $343.514.092,83 provienen de la Caja Popular: el 68,4%. Comunicación Pública, el organismo central del Gobierno para esa actividad, explica $65 millones. La posición del portal no se construyó principalmente en esa oficina: se construyó con la Caja durante el imperio de Carlos Cisneros.
En las sesenta contrataciones publicitarias de la institución recuperadas para 2023, Contexto no aparece. En 2024 ingresa al registro. En 2025, tres contrataciones reunieron $261.354.068,28 para el portal: el 91,6% de toda la publicidad de la Caja para ese año. De no figurar a concentrar más de nueve de cada diez pesos en dos años.
Durante buena parte de esa secuencia, la entidad estuvo conducida por José César Díaz. La relación política con Cisneros fue escrita por el propio medio beneficiario. Cuando informó la nulidad de su nombramiento permanente, Contexto describió a Díaz así:
«Díaz responde al diputado Carlos Cisneros».Contexto, sobre José César Díaz y la decisión del Tribunal de Cuentas.
El portal también presentó el recambio de autoridades como el reemplazo de la «cúpula de la Caja Popular de Ahorros ligada al diputado Carlos Cisneros». Sus contratos con esa institución encadenaron quince meses consecutivos, de enero de 2025 a marzo de 2026. La relación política estaba en sus noticias. La económica, en los acuerdos.
El último tramo atravesó el cambio de conducción. La resolución del 29 de diciembre de 2025 comprometió $82.160.024,55 para enero, febrero y marzo, según el Acuerdo 6 de 2026. El reemplazo se anunció el 22 de enero: la pauta del trimestre ya estaba resuelta. Ese acuerdo exige, además, la conformidad de Relaciones Institucionales y «constancias fehacientes» de la prestación antes de cada pago.
Los documentos abren dos preguntas que no pueden confundirse. La Caja debe explicar qué prestaciones, precios y objetivos justificaron aquella concentración; Contexto, cómo resguarda su independencia al cubrir al sector político vinculado con su principal aportante público. El contrato no demuestra una compra de silencio. Hace necesario transparentar la relación. Sobre todo cuando la semana judicial de ese sector queda fuera de la cobertura recuperada.
El silencio de septiembre no aparece en una página en blanco. Entre abril de 2025 y marzo de 2026 se retiraron por ventanilla $21.105.019.379,18 de cuentas de la Caja en el Banco Macro. El requerimiento bancario publicado por eltucumano pidió identificar beneficiarios, motivos y documentación de respaldo. Son retiros sometidos a examen, no dinero judicialmente declarado robado.
La institución respondió que se trataba del «pago de haberes del personal de la Institución» y que existía respaldo. El 3 de julio, la intervención dictó la Resolución 466/26: suspendió las extracciones en efectivo, abrió una información sumaria y dispuso una denuncia penal, según la documentación publicada por esta serie. Había un requerimiento bancario, una explicación oficial y medidas administrativas. No sólo una acusación de un medio.
Ni en La Gaceta ni en Contexto se registran publicaciones al respecto hasta el cierre de esta nota (00:00 del 4 de octubre de 2026). Sí encontramos la celebración de los 111 años de la Caja, presentada como «la joya de los tucumanos».
Hay otros vacíos y silencios documentados de ambos medios adictos al sindicalista K: $11.293.220,48 pagados por el siniestro laboral de Santiago Tomás Basualdo, la nulidad de contratos de Concilio & Sarralde y $300.306.456,75 en pagos cuestionados a Saravia Frías Abogados. Son asuntos distintos, no cifras que puedan sumarse como un único daño. La serie publicó también la explicación de Saravia Frías, quien alegó falta de pago y de directivas; tampoco hay publicaciones esos casos en los dos medios funcionales a Cisneros.
El patrón de contuca mediática muestra una selección deliberada que deja fuera de la cobertura recuperada asuntos centrales de la administración vinculada a Cisneros.
La Gaceta S.A. reúne $364.014.571,27 en el relevamiento. Comunicación Pública aporta $265.404.735,04; la Legislatura, $88.522.477,63; Turismo, $10.087.358,60. La suma legislativa representa el 45,03% de toda la publicidad de ese poder identificada en la base. Casi la mitad de esa ventanilla, en un diario.
El Estado también participa en sus eventos: $4.235.000 de Turismo para ser «Sponsor Plata» de la 21K La Gaceta y $3.630.000 de la Legislatura para patrocinar Experiencia Innovación Sostenible. Pero el cruce económico con Cisneros se encuentra en otro lugar: los registros inmobiliarios de Terrazas Park.
En diciembre de 2018, durante Innovation Night, José Pochat presentó la transformación empresarial del diario. La crónica de La Gaceta incluyó a Terrazas Park entre «los nuevos emprendimientos de LA GACETA». Dos meses antes, el diario había anunciado que Enrique J. Monmany continuaría como síndico titular. Enrique Juan Monmany aparece, a su vez, como fiduciario en la cadena registral del complejo reconstruida por esta serie.
Los seis folios cotejados por eltucumano muestran a Cisneros como titular del 100% de seis unidades, transferidas mediante escrituras de 2021 y 2022. Habían pasado por Gustavo Adolfo Cisneros, identificado por la investigación patrimonial como hijo de crianza de Roberto Sagra y vinculado laboralmente a sus empresas de apuestas. Tres provenían directamente del fideicomiso; las otras tres hicieron escala en Arquitectos Asociados Construcciones S.R.L.
Un emprendimiento presentado como propio por el diario. Un fiduciario que integraba su sindicatura. Seis unidades en el patrimonio del diputado. No es una proximidad sugerida por fotografías: son vínculos empresariales publicados y asientos de dominio. La cadena no demuestra que La Gaceta haya sido la vendedora ni que esas operaciones hayan determinado su cobertura; sí exige explicar su participación en el proyecto y las reglas con las que administra esos intereses al informar.
El estándar fue formulado por su propio gerente. En aquella presentación, Pochat afirmó:
«Tenemos una enorme responsabilidad social y un rol dentro de la democracia local en defensa de las instituciones».José Pochat, citado por La Gaceta, 22 de diciembre de 2018.
El diario también mostró cómo se informa una medida judicial con su correspondiente descargo. En noviembre de 2018 contó el allanamiento al domicilio de Tomás Luciani, director de Contexto, en Balcarce al 200, operativo cubierto asimismo por Primera Fuente; el portal había fijado su domicilio legal en Balcarce 225. Publicó la versión de Contexto: una investigación por «infracción a la ley aduanera 22.415, en grado de tentativa», sin detenciones, y la afirmación de que no habían sido afectados su trabajo ni sus equipos.
El antecedente no se incorpora para atribuir culpabilidad a Luciani, sino para mostrar un criterio periodístico aplicado por La Gaceta: informar el procedimiento y ofrecer la respuesta. Ese criterio era igualmente válido esta semana. Contar las actuaciones de Cisneros, Neme y Petraglia no exigía condenarlos. Exigía contar también qué habían dicho.
La 422919 agrega una pregunta específica a Contexto. No es lo mismo no producir una noticia que producirla y dejar de ofrecerla en su dirección. Para buscar una explicación importa conocer un modelo que se presenta como «el líder de noticias en todo el Norte» y «el medio más elegido por los tucumanos», apoyado en Similarweb, pero ofrece menos información sobre quién produce y controla sus contenidos.
En las piezas examinadas sobre historias de gemelas, las Perseidas en Estados Unidos y el clima en San Francisco, California, no aparece una firma personal visible: los datos estructurados atribuyen la autoría a «Redacción Contexto Tucumán». El informe de producción aportado a esta investigación describe series y horarios compatibles con programación o semiautomatización. Una nota fechada el 31 de agosto anuncia el tiempo para «el próximo 30 de agosto»: el día ya había pasado.
El portal identifica a Luciani, ofrece un correo y declara Balcarce 225 en sus metadatos. No encontramos una nómina del equipo periodístico en la portada y la navegación revisadas. La crítica a un modelo extractivista se refiere a esa asimetría: captar atención y recursos públicos sin una transparencia equivalente sobre el trabajo editorial. No es una acusación de plagio ni una prueba de que no existan periodistas; es una exigencia de responsabilidad identificable.
Por el contrario, eltucumano muestra públicamente a los periodistas que componen su redacción y su domicilio en Moreno 250, donde también figura FM La Tucumana 95.9. En esta causa, Franco Carletto informó desde Tribunales como cronista identificado. Eso no garantiza infalibilidad. Permite saber quién está detrás de la cobertura y a quién pedir una explicación.
La hipótesis por investigar es que una herramienta extrajo de otro sitio la noticia judicial, la publicó en Contexto y un editor con acceso la retiró para evitar su difusión sobre Cisneros. La secuencia y la finalidad no están acreditadas. Los registros del sistema y la explicación del portal permitirían contrastarlas con una corrección, un traslado, una falla técnica u otra causa. Lo que no puede trasladarse a una máquina es la responsabilidad de la dirección por lo que el medio ofrece o deja de ofrecer a sus lectores.
Durante septiembre, el panel de pauta cuyo período pudo identificarse reúne $73.952.512 para La Gaceta y $43 millones para Contexto: el 38,7% del total mensual reconstruido. Sus contratos habían sido dispuestos en agosto, según los acuerdos 3029 y 3049 de La Gaceta y 3042 de Contexto. Cuando llegaron las actuaciones judiciales, esa publicidad ya estaba contratada. El Estado debía controlar la prestación; los medios seguían debiendo independencia a sus lectores.
En contrataciones que reúnen casi siete de cada diez pesos de la pauta relevada, el Estado publica el monto y el proveedor, pero remite el detalle a anexos que el Buscador no ofrece. Son más de $2.816 millones: conocemos cuánto se contrató, pero no podemos reconstruir completamente qué se compró por ese dinero.
La Ley 6.970 permite contratar publicidad directamente, pero exige fundar las excepciones. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH reclama criterios públicos y preestablecidos, y Maqueda señaló en su voto del caso Editorial Perfil la falta de elementos aportados por el Estado para comprender las pautas objetivas del reparto. Del lado de las empresas periodísticas, el Código de Ética de FOPEA exige separar información y publicidad y preservar la independencia frente a los anunciantes.