Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre, el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, la abogada Patricia Micaela Neme y el operador Federico Petraglia deberán comparecer en los tribunales federales para prestar declaración indagatoria, imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y funcional. La convocatoria judicial, ordenada tras el requerimiento del fiscal Rafael Vehils Ruiz, marca el inicio de la rendición de cuentas penales para la red acusada de coaccionar a una empleada bancaria y armar una falsa denuncia extorsiva, en una causa que cobra impulso definitivo luego de que la Corte Suprema de Tucumán provincial confirmara el sobreseimiento firme e irreversible de los exfutbolistas de Vélez denunciados falsamente de abuso sexual.
Carlos Cisneros y Federico Petraglia (a la derecha de la foto) desfilan por la Justicia Federal.-
Este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, a las 09:30 horas, la sede del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán será el escenario del desfile judicial del diputado nacional y magnate de medios,Carlos Aníbal Cisneros, la abogada Patricia Micaela Neme y el operador Federico Petraglia, quienes deberán comparecer a prestar declaración indagatoria bajo los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación en el marco de la investigación por trata de personas con fines de explotación laboral y funcional, tipificada en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. Las citaciones, cursadas mediante la Policía Federal Argentina y notificadas oficialmente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, responden al Requerimiento de Instrucción Fiscal N° 269/2025 elevado por el fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz. La fiscalía fundamentó que, tras el encuentro registrado el 3 de marzo de 2024 en el Hotel Hilton entre María de Lourdes Parache y los exfutbolistas de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, la joven no sufrió ningún abuso sexual sino que fue víctima de un proceso de captación posterior, violencia institucional y sometimiento funcional ejecutado por la red política y administrativa de la Caja Popular de Ahorros. A través del abuso de poder y la presión jerárquica, la víctima fue forzada a sostener una denuncia extorsiva prefabricada. El desfile de los imputados en los tribunales de la calle Las Piedras se produce inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante la Sentencia N° 1343, sepultara en forma definitiva los planteos de la querella y dejara blindado el sobreseimiento por certeza negativa de los cuatro deportistas.
La instancia decisiva para la red investigada por la Justicia Federal comenzará formalmente en la mañana de este lunes 28 de septiembre a las 09:30 horas, cuando el empleado de la Caja Popular de Ahorros y operador Federico Petraglia ocupe el banquillo de los imputados para responder en indagatoria.
Petraglia es un empleado de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en uso de licencia gremial, señalado en las actuaciones judiciales como un allegado directo del diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros. En la justicia provincial tucumana se encuentra denunciado por el delito de coacción tras haber abordado y amenazado al director de un reconocido diario digital y a sus hijas en un hipermercado de Avenida Sarmiento y Catamarca en San Miguel de Tucumán, para exigir el cese de sus coberturas informativas. Además, el "hijo de cariño" de Cisneros figura imputado en el fuero provincial en un expediente por asociación ilícita, falso testimonio y estafa procesal relacionados con maniobras en torno a la causa Vélez.
El cronograma dispuesto por la magistratura federal continuará el martes 29 de septiembre a la misma hora con la citación de la abogada Patricia Micaela Neme, para culminar el miércoles 30 de septiembre con la comparecencia del sindicalista millonario Carlos Aníbal Cisneros. La decisión del tribunal de dar curso al pedido del Ministerio Público Fiscal incluyó la notificación a las autoridades del Congreso de la Nación sobre el procesamiento del dueño de Enterate Noticias, mientras en el expediente corre el pedido formal presentado por los abogados Camilo Atim Antoni y María Florencia Abdala en representación de Bobadilla, donde se solicita el desafuero parlamentario de Cisneros y su detención cautelar, alertando sobre su desmesurado poder económico para salir el país y su demostrada capacidad para destruir pruebas y amedrentar testigos.
La acusación que motivó la citación judicial fue articulada en el Dictamen N° 269/2025 por el fiscal federal subrogante Vehils Ruiz, quien encuadró el accionar del grupo en los tipos penales de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas. La investigación sostuvo que el delito de trata no requiere necesariamente un traslado físico o un secuestro violento, sino que se perfecciona mediante la interferencia sustancial en la capacidad de autodeterminación de una persona vulnerable. La fiscalía determinó que la captación de Parache ocurrió con posterioridad a los hechos del hotel, aprovechando su fragilidad emocional y su absoluta dependencia laboral en la Caja Popular de Ahorros para instrumentalizarla en una maniobra extorsiva orientada a obtener beneficios económicos y políticos mediante el desprestigio de los futbolistas.
En su reconstrucción del caso, el fiscal federal delimitó tres etapas concatenadas. La primera consistió en la reunión acontecida la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la habitación 407 del Hotel Hilton, la cual las pericias acreditaron como un encuentro íntimo consentido. La segunda fase se inició horas más tarde, cuando la joven regresó a su ámbito de trabajo y comenzó a ser abordada por referentes políticos con jerarquía directa sobre su estabilidad económica. La tercera fase consolidó la captación mediante la anulación de su voluntad, obligándola a obedecer directivas y a someterse a entrevistas públicas impuestas. El propio expediente recoge un mensaje enviado por la denunciante a su círculo de amigas el 7 de noviembre de 2025, donde confesó sentirse prisionera de decisiones que no compartía y obligada a "cumplir órdenes sin poder preguntar ni chistar"
Captura de un chat de Lourdes Parache.-
Las actuaciones provinciales remitidas por el juez Augusto José Paz Almonacid expusieron que el armado del caso comenzó incluso antes de la formalización de la denuncia policial. El lunes 4 de marzo de 2024 a las 19:30 horas, dos días antes de que la denuncia fuera radicada ante la justicia provincial, Federico Petraglia se apersonó de manera irregular en el Hotel Hilton para solicitar las filmaciones de las cámaras de seguridad sin orden judicial. Testigos calificadas como Ana Inés Gray y Rocío Sancho Miñano declararon bajo juramento que el entorno integrado por Cisneros, Neme y Petraglia dirigió las acciones desde las oficinas de la Caja Popular de Ahorros, impuso la representación legal, organizó la exposición de la joven en medios nacionales y compró un teléfono celular para reemplazar el dispositivo original, planificando la simulación de un robo en la vía pública para destruir audios comprometedores donde la denunciante manifestaba haberse divertido durante la noche del encuentro.
El expediente también sacó a la luz maniobras activas de supresión de evidencia, como la eliminación de mensajes efectuada por la testigo Milagros Castellote, quien borró un audio en el que la denunciante calificaba su salida con los jugadores como la adrenalina que necesitaba. En el plano administrativo y penal, los letrados patrocinantes de la querella, Patricia Neme y José César Díaz, asumieron la representación privada mientras gozaban de licencias psiquiátricas pagadas por el Estado en la Caja Popular de Ahorros durante más de 50 días consecutivos. Estas anomalías derivaron en los sumarios 1708 y 1709 del Tribunal de Cuentas, la revocación del nombramiento de Díaz de la planta permanente y la imputación formal de Neme por instigación al falso testimonio y adulteración de prueba digital.
El avance jurídico que dejó a los imputados a las puertas de la indagatoria federal se cerró el 11 de septiembre de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió la Sentencia N.º 1343. Con la firma de los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Claudia María Forte, el tribunal desestimó el recurso de queja por control extraordinario denegado presentado por la querella. El fallo ratificó lo actuado por la vocal Patricia del Valle Carugatti y dejó firme de manera irreversible el sobreseimiento por certeza negativa en favor de Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, estableciendo judicialmente que el delito denunciado nunca existió.
La resolución del máximo tribunal tucumano fustigó la inoperancia técnica de los abogados cisneristas Juan Andrés Robles y José César Díaz, señalando que incurrieron en la falta de copiar y pegar escritos previos sin atacar los fundamentos del auto denegatorio. Asimismo, la Corte sentó doctrina al precisar que las normativas de protección contra la violencia de género, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 exigen investigar con debida diligencia, pero de ningún modo facultan a derribar la presunción de inocencia, alterar la carga de la prueba o forzar un juicio oral cuando las evidencias científicas desmienten de forma categórica la acusación.
La inocencia de los futbolistas sobreseídos quedó demostrada mediante un profuso archivo pericial y científico. El peritaje informático UFED N° 48.935 extrajo 530 megabytes de información digital que incluyeron el envío de un emoji de un ratoncito entregando un corazón, remitido por la propia joven al arquero Sebastián Sosa a las 06:18 de la mañana del 3 de marzo de 2024, minutos después de abandonar el hotel. Los estudios biomecánicos sobre los videos del establecimiento, realizados por la licenciada Marcela Machado, certificaron la marcha normal y la ausencia de alteraciones funcionales en los desplazamientos de la denunciante.
En la esfera médica, las pericias ginecológicas practicadas por los profesionales Boba, Hadad, Vázquez Carranza y Chehuan descartaron la presencia de lesiones traumáticas vinculadas a violencia sexual, determinando que los hallazgos correspondían a una afección ginecológica preexistente denominada ectropionitis, lo que obligó al abogado querellante Robles a retractarse en audiencia oral de sus acusaciones sobre heridas de gravedad. A su vez, los informes psicológicos oficiales confeccionados por las licenciadas Elizabeth Natalia Seguín y Natalia Alba Mendieta establecieron que el relato de la joven contenía severas inconsistencias, amnesias de conveniencia y evidencias de una narrativa construida posteriormente e inducida por terceros. Las conversaciones privadas revelaron la motivación económica detrás de la acusación, registrando textos donde la joven admitía que le daba lástima incluir a Sosa en la denuncia porque estaba dormido, pero que no lo dejaría al margen por ser el integrante de mayor capacidad económica.
Con el proceso provincial clausurado de forma definitiva y la inocencia de los cuatro exfutbolistas respaldada por la autoridad judicial, la Justicia Federal asume el control pleno de la causa. Las declaraciones indagatorias que se inician este lunes en los tribunales federales de Tucumán marcarán el comienzo del proceso penal para Cisneros y su círculo íntimo por los presuntos delitos de trata de personas y coacciones agravadas.