La vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú extendió por tiempo indeterminado las designaciones de secretarios y subsecretarios de la Universidad Nacional de Tucumán. El primero en la lista es José Hugo Saab. Mientras tanto, se extiende la crisis institucional a la que el propio saabismo condujo a la UNT con la postulación de Pagani a un tercer mandato que viola el estatuto universitario y quedó en manos de la Justicia Federal.
José Hugo Saab y Marcelo Mirkin seguirán en sus cargos por plazo indeterminado. (Captura de video Medios UNT)
Con la excusa de "garantizar la continuidad institucional y administrativa" de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú emitió la Resolución 6622/2026 que prorrogó las designaciones de 20 altos funcionarios "hasta la asunción de las nuevas autoridades", o sea, por tiempo indeterminado. El primero en la lista es el sempiterno Secretario General José Hugo Saab, arquitecto de la candidatura ilegal de Sergio Pagani a un tercero mandato, violando el estatuto y empujando a la UNT a una crisis institucional sin precedentes.
Grunauer de Falú resolvió "prorrogar las designaciones de los Secretarios y Subsecretarios de Gabinete", y estableció que la prórroga regirá "hasta la asunción de las nuevas autoridades electas como Rector y Vicerrector de la U.N.T. en conformidad a la celebración de la Honorable Asamblea Universitaria, o hasta tanto se disponga lo contrario mediante acto administrativo expreso". Así, el saabismo seguirá amotinado en el Rectorado hasta que la Justicia Federal se digne a expedirse sobre la candidatura ilegal de Pagani a su re-reelección.
Los 20 saabistas atrincherados a sus cargos en el Rectorado son:
1) José Hugo Saab - Secretario General
2) Normal Carolina Abdala - Secretaria Académica
3) Arturo Sassi - Secretario de Comunicación Institucional
4) Sergio Ricardo Benegas - Secretario de Asuntos Estudiantiles
5) Gustavo Adolfo Vitulli - Secretario de Bienestar Universitario
6) Liliana Ester Zeman - Secretaria de Posgrado
7) Mónica Cecilia Tirado - Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica
8) Marcelo Adrián Mirkin - Secretario de Extensión Universitaria
9) Julia Isabel Saldaño - Secretaria de Género, Diversidades y Derechos Humanos
10) Santiago Rex Bliss - Secretario de Relaciones Institucionales y Gestión Universitaria
11) Ariel Germán Apichela - Secretario de Desarrollo Tecnológico
12) Federico Daniel Juárez - Secretario Económico Administrativo
13) Melina Gabriela Lazarte Bader - Subsecretaria de Políticas y Gestión Académica
14) Marcos Ismael Mollerach - Subsecretario de Bienestar Universitario
15) Gerardo César Madariaga - Subsecretario de Obras
16) Sandra María Eva Márquez - Subsecretaria de Género, Diversidades y Derechos Humanos
17) Diego Edgardo Silvera Estévez - Subsecretario Económico Administrativo
18) Ramiro José Hernández - Subsecretario Social y Territorial de la Secretaria de Extensión Universitaria
19) Patricia Mónica Fernández - Subsecretaria de Articulación Académica
20) Roberto Manuel Díaz - Subsecretario de Relaciones Institucionaels y Gestión Universitaria
La prórroga de la designación de 20 altos cargos universitarios no es un gesto altruista del saabismo. "Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución a las partidas presupuestarias del Rectorado", reza la resolución firmada horas atrás por Grunauer de Falú.
Así, el saabismo seguirá manejando a su gusto la administración y las cajas del Rectorado de la UNT, a la que empujó a una crisis institucional sin precedentes y que está en manos de las indefiniciones de la Justicia Federal.
Los candidatos a Rector y Vicerrectora Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, presentaron un recurso de apelación y de nulidad contra la sentencia dictada el pasado 27 de mayo por el juez Guillermo Díaz Martínez, alegando que el magistrado de grado incurrió en un acto de "prestidigitación" jurídica "para favorecer la postulación del ingeniero Sergio Pagani", y denunciaron una "insubordinación orgánica intolerable", luego de que Díaz Martínez ignoró el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones y evitó pronunciarse sobre la ilegalidad de un tercer mandato de Pagani.
El escrito, de 58 páginas, sostiene que el juez de primera instancia, Guillermo Díaz Martínez, se alzó en una suerte de "rebeldía" impropia de su función al desconocer la jerarquía de sus superiores. Según los demandantes, la Cámara Federal de Apelaciones ya había dictado una sentencia definitiva el 15 de mayo de 2026, validando la vía procesal de la acción declarativa de certeza y otorgando una medida cautelar para suspender la oficialización de fórmulas que pretendieran un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, al recibir el expediente para resolver el fondo de la cuestión, el juez de grado utilizó argumentos del voto minoritario de la Cámara para volver a rechazar la acción, violando así la preclusión y la cosa juzgada formal.
Para la defensa de Cabrera y Abdala, esta maniobra representa una "insubordinación orgánica" que subvierte el orden jerárquico del Poder Judicial establecido en la Constitución Nacional. El recurso señala que el magistrado actuó "de facto y sin jurisdicción", convirtiéndose en una especie de "sexto vocal" con poder para destruir una resolución tomada por una mayoría de cuatro miembros del tribunal superior. Esta actitud, según el texto, genera un estado de total incertidumbre donde los ciudadanos ya no saben quién tiene "la última palabra judicial" en la provincia.
El eje central del conflicto es la candidatura de Sergio Pagani, la cual es calificada en la presentación como parte de un "plan deliberado, secuencial y sistemático de violación del Estatuto". Los apelantes subrayan que los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto de la UNT prohíben de forma taxativa un tercer mandato, una decisión que fue respaldada por la Asamblea Universitaria con 79 votos a favor y solo 34 en contra. El escrito recuerda incluso que el propio Pagani había reconocido públicamente que su ciclo culminaba en 2026, antes de su "llamativo cambio de interpretación" a comienzos de este año.
Ante lo que consideran una denegación de justicia, los recurrentes han solicitado que la Cámara Federal asuma la "jurisdicción positiva directa". Esto implicaría que el tribunal de alzada no devuelva el caso a la primera instancia, sino que dicte una sentencia sustitutiva que declare formalmente la inconstitucionalidad de la inscripción de Pagani para las elecciones de este año. El documento concluye advirtiendo que permitir esta "insubordinación" del juez inferior sentaría un precedente nefasto que pone en riesgo la seguridad jurídica y los principios republicanos de alternancia en el poder.
Mientras los plazos procesales se agotan, el saabismo universitario intenta instalar una versión de los hechos que contradice el expediente. Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral que responde a José Hugo "El Gordo" Saab, sostuvo ante La Gaceta que "el proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas". Sin embargo, la cautelar del 15 de mayo a la que alude solo prohibía oficializar candidatos que ya cumplieron dos mandatos consecutivos —afectando únicamente a la fórmula Pagani-Leal—, sin mencionar en ningún momento la suspensión del cronograma general.
A pesar de la evidencia documental, Valdez insiste en su interpretación: "Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta", afirmó, a la vez que negó cualquier posibilidad de salida inmediata al conflicto. Sobre la pretensión de los decanos opositores, Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, de ser proclamados automáticamente, Valdez fue tajante: "No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas".
El propio Saab intentó bajarle el tono al escándalo al que empujó a la UNT. "Quedensé tranquilos que la universidad es una institución muy generosa para con toda la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto, y que vamos a seguir trabajando para que siga siendo igual", sentenció el secretario general, cuya designación ya fue prorrogada y seguirá en su cargo mientras se extiendan las indefiniciones judiciales.
El ultrasaabista Valdez admitió que la resolución definitiva podría demorar meses: "La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre". Esta "doctrina Valdez" se complementa con la idea de que el oficialismo puede cambiar de nombres si la Justicia ratifica la inhabilitación de Pagani: "Las fórmulas son binominales. Si hubiera una resolución adversa sobre uno de los candidatos, la fórmula podría recomponerse. Los plazos para hacerlo no están vencidos".
Mientras tanto, el saabismo se aseguró a sí mismo seguir controlando el Rectorado.