Hace más de dos meses que Camila tiene a su madre y a su hermano detenidos luego de que allanaran su casa con la excusa de recuperar una moto robada. Denuncian que la Policía de la provincia avanza contra los cultivadores registrados.
El calvario de los Bringas comenzó la tarde del pasado 6 de marzo cuando efectivos policiales irrumpieron en su casa del Barrio Echeverría con una orden de allanamiento. La excusa era dar con una moto robada que, sospechaban, se encontraba escondida en el domicilio. Sin embargo, lo que encontraron fueron plantas de cannabis que varios integrantes de la familia utilizan con fines medicinales. A pesar de que los cultivadores estaban registrados y el cultivo cumplía con los parámetros legales, las plantas fueron secuestradas y Leandro Campos Bringas, de 23 años, y su mamá, Eugenia Bringas, terminaron detenidos. La medida se llevó a cabo a pesar de que la moto buscada ya había sido recuperada horas antes del procedimiento. Desde entonces, Leandro y su madre están presos y su familia, desesperada, teme por ellos.
“No entendemos por qué estamos viviendo esta situación tan injusta, hasta el día de hoy no nos dan respuesta de nada. Ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados”, dice con la voz teñida por la angustia Camila Bringas, hermana de Leandro e hija de Eugenia. Hace más de dos meses que sus familiares están detenidos y todavía no entiende por qué, ya que, tanto ella como Leandro estaban registrados en el Reprocann, el programa que permite a los usuarios medicinales de cannabis el cultivo de plantas de marihuana.
“Los policías cayeron a mi casa con una orden porque, según ellos, había una moto robada y a mi hermano lo acusaban del robo. Cuando revisaron, no había ninguna moto ni un desarmadero… Todo era una excusa para allanarnos. Revolvieron todas nuestras cosas, invadieron nuestra privacidad, dieron vuelta toda la casa y se los llevaron detenidos… Nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por todo esto”, relata Camila y agrega: “Los que hicieron el allanamiento no tenían idea de lo que era el permiso del Reprocann. Ante sus ojos, éramos narcotraficantes, para ellos nosotros somos el narcomenudeo, cuando solo era cannabis medicinal. No encontraron ninguna otra sustancia ni plata ni nada…sólo cannabis”.
Según explica, los efectivos encontraron en la casa de la familia nueve plantas en floración (el límite establecido por el Reprocann para cada usuario) y una cantidad aproximada de 600 gramos de flores secas. La joven denuncia que hubo varias irregularidades en el procedimiento: “En el peritaje que hicieron contaron nueve plantas, pero después dijeron que teníamos 16 plantas. También pesaron las plantas que no tenían ni cogollos (es decir que no estaban en etapa de floración) y las pesaron y las contaron como flores. Tampoco nos dieron el número exacto del pesaje…Hicieron todo mal; hicieron lo que quisieron y es una injusticia lo que nos toca vivir ahora”.
“En mi casa vivimos siete personas y mi hermano, mi abuela y yo usamos cannabis medicinal, por eso cultivamos. Desde que salió la ley que estamos registrados, desde el día uno hicimos todo dentro del marco legal, tuve la consulta con el médico que me indicó el tratamiento y nos dieron el permiso. Esto es una injusticia… Te sacan todo y te meten en cana, para ellos somos personas que vendemos droga cuando no es así. Esto pasa por una cuestión política porque mandan a la policía con la excusa de luchar contra el narcomenudeo y caen a las casas de autocultivadores en lugar de ir a la casa de los narcos”, comenta.
Hace más de un mes la Justicia Federal les dictó la prisión preventiva a Leandro y su madre, pero sus familiares no saben cuánto tiempo permanecerán detenidos. Camila está muy preocupada por la situación de sus familiares: “Mi hermano es estudiante de Geografía en la UNT, está estudiando ahí adentro porque le queda diez materias para recibirse. En mi casa todos trabajamos y estudiamos, mi hermano además ayuda en un comedor… No entiendo por qué estamos viviendo esto. Tanto mi hermano como mi mamá están en una posición muy delicada y están tratando de recibir ayuda psicológica porque tuvieron que interrumpir sus tratamientos”.
“Es muy horrible la situación de no saber si a mi hermano le pasa algo… si come, si duerme… Es muy difícil para él, porque ahí tenés que estar pendiente de que no te peguen, te acuchillen o algo. Temo mucho por su salud mental, me da mucho miedo que pueda caer en la depresión o que pueda pensar en quitarse la vida porque es una persona que está en tratamiento psicológico”, remarcó la joven quien, advierte, ya no sabe a quién recurrir: “Le hice llegar una carta al gobernador Osvaldo Jaldo, pero nunca obtuvimos una respuesta”.
La avanzada policial contra los cultivadores de cannabis
Situaciones como la que atraviesan Leandro y Eugenia se han vuelto moneda corriente en Tucumán, según denuncia el abogado de la familia Patricio Char quien también defiende a otros cultivadores registrados de la provincia que han sido encarcelados en los últimos meses. Según explica, el modus operandi de las fuerzas de seguridad en estos casos es siempre el mismo: “Son causas falsas inventadas por la policía con las cuales consiguen órdenes de allanamiento y en los allanamientos encuentran cannabis. Ellos van por una cosa y terminan encontrando otra. No iban por comercio de estupefacientes, sino que iban por otro delito. Cuando llegan al domicilio se encuentran con gente regularizada que tiene todo en regla y los meten presos igual. Esto es algo que pasa en la provincia desde que funciona la ley de narcomenudeo”.
El Ministerio de Salud de la Nación creó el Reprocann en marzo de 2021 y desde entonces la ley contempla tanto el autocultivo como el traslado de cannabis (hasta 40 gramos de flores secas) y sus derivados (hasta seis goteros de 30 mililitros de aceite) para todos aquellos que se encuentren registrados. En Tucumán, a partir de noviembre del 2022 comenzó a aplicarse la ley número 9188, conocida como ley de narcomenudeo. Esta nueva legislación faculta a las fuerzas de seguridad provinciales a investigar causas de drogas que antes eran potestad exclusiva de la justicia federal.
A partir de la aplicación de la ley de narcomenudeo en la provincia, se han detectado distintas irregularidades en los procedimientos policiales. Desde agentes que se han infiltrado en eventos de la comunidad cannábica para “ir a cazar al zoológico” y después allanar domicilios de cultivadores registrados, hasta órdenes de allanamiento fundadas en datos falsos (domicilios que señalan esquinas con calles paralelas) y procedimientos donde se buscan objetos robados que ya habían sido recuperados, como fue el caso de Leandro Bringas.
“Es realmente preocupante porque se producen situaciones que son de una ilegalidad impresionante. Llegan a la casa de un cultivador sin ningún indicio previo de que este pueda estar comercializando flores y, de acuerdo a lo que ven, no importa si tienen o no Reprocann, secuestran las plantas, te rompen todo, invaden tu propiedad privada y, con mucha suerte, quizás después quedás en libertad. Llama la atención que en estos allanamientos nunca secuestran paco, siempre cannabis. Todos los días me llama alguien para que lo defienda por este tipo de situaciones”, comenta el letrado.
Entre esos casos de detenciones irregulares a cultivadores, Char cita el de Nicolás Gargiulo quien fue apresado a comienzos de diciembre del 2022, apenas puesta en marcha la ley de narcomenudeo: “Él estuvo un año y medio preso. Nosotros hicimos la impugnación del procedimiento donde se comprueba que todo era trucho: la denuncia, el acta de allanamiento, la dirigencia previa… Se declaró todo nulo y se le han abierto causas a los policías que intervinieron por falsedad ideológica que, por supuesto, no se investigan y quedan en la nada”.
Después de que la Justicia dictaminó la anulación del procedimiento, la Fiscalía de Narcomenudeo apeló el fallo que ahora deberá ser revisado por la Corte Suprema de Justicia: “La corte suprema ha aceptado tratarlo, ya que lo acepte es una mala noticia para la sociedad. Nosotros vamos a esperar con muchas ansias la resolución y, si la corte se anima a dar vuelta el fallo, el mensaje para la sociedad es que dejen de cultivar cannabis porque la criminalización y la mentalidad retrograda es más fuerte”.
“Tienen que mostrar que la ley funciona, pero ellos deberían ponerse a investigar. Es tanta la desesperación de mostrar resultados en los medios de comunicación que no importa una lucha genuina contra el narcotráfico y ahí se vulneran muchos derechos porque las fuerzas de seguridad no se han asesorado acerca del cultivo legal de cannabis”, destaca.
Para el abogado, esta persecución a los cultivadores registrados tendrá como consecuencia que los usuarios de cannabis se vuelquen al mercado ilegal: “Con esto están obligando a la gente que usa el cannabis como medicina a que caiga en el transa, están fomentando el comercio ilegal de cannabis. Nadie va a dejar de consumir por todo esto que están haciendo, van a ir al transa y, a diferencia de los cultivadores que están en la legalidad, ellos están blindados porque tienen su arreglito con la policía y no los molestan”.