La asignatura tendrá como objetivo "visibilizar los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos del Derecho". La Facultad cobija, entre otros, al director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, que promovió en dictámenes el robo de la Ciudad Universitaria; y a Rodolfo Tercero Burgos, imputado judicialmente por el abuso sexual de su hija menor.
Imagen de archivo.-
Con el fin de mejorar su imagen institucional, la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzará una nueva asignatura optativa denominada Protección Jurídica de las Personas LGBTI+, una acción pionera en la educación pública que se propone gestar un modelo de formación de juristas activistas para el cambio social.
Según explicaron desde la unidad académica, la asignatura viene a complementar el plan de estudio 2018, que responde a un proyecto de transversalidad de género que viene implementando la facultad.
“Se propone fundamentar desde el punto teórico la necesaria transformación del sistema jurídico argentino, y para ello buscará visibilizar los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos del Derecho”, dijo Germán Arce, abogado que encabeza el cuerpo docente a cargo del dictado de la materia, al sitio Télam.
"El año pasado hemos lanzado un proyecto de extensión llamado ‘Construyendo conciencia sociojurídica sobre los derechos de las personas LGBTI’”, agregó, y cuyo dictado también está a cargo de Arce, que “trabaja con estudiantes, docentes y no docentes elaborando materiales para difundir los derechos del colectivo y los modos de denunciar violencias para la sociedad en general”.
Luego destacó que el lanzamiento de esta materia “constituye una acción pionera, ya que es la primera de la carrera de abogacía de una Universidad pública argentina que se ocupa completa y exclusivamente de este tema”.
Cabe recordar que la Facultad de Derecho hoy es señalada por su silencio y cobijar a Augusto González Navarro y Rodolfo Tercero Burgos, ambos docentes de la unidad académica, como también Director de Asuntos Jurídicos de la UNT y abogado querellante de la universidad en la causa por el robo de la Ciudad Universitaria de la UNT.
Desde 1999, González Navarro (alias Hochi) se desempeña en la Dirección de Asuntos Juríciso y es profesor de Derecho Administrativo. Sin embargo es uno de los apuntados por la Justicia Federal por su accionar (anti) jurídico que le ha causado inconmensurables perjuicios a la Casa de Altos Estudios cuyos intereses por mandato debiera haber defendido.
El 4 de junio de 2007, José Hugo Saab consultó al Servicio Jurídico de la UNT "sobre el destino y aplicaciones que corresponde dar" ante la llegada de "remesas dinerarias recibidas por la UNT provenientes de la empresa YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO (YMAD), por aplicación de la Ley 14.771".
El 6 de junio de 2007, González Navarro respondió a la consulta de su jefe/amigo Saab, pero omitiendo de forma maliciosa la letra de ley, amputando deliberadamente una parte del texto jurídico en su dictamen ante la secretaría general de la UNT. Hochi escribió: "Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma (...) inc. b) el cuarenta por ciento (40%), será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria...".
Los puntos suspensivos en lugar de la letra de la ley son toda una confesión de su delictivo accionar ya que allí debió decir: "conforme a los planos ya aprobados", planos que estuvieron ocultos por décadas hasta la investigación de eltucumano que los encontró en mayo.
En ese mismo dictamen, González Navarro autorizó a igualar la Ciudad Universitaria a un plan de refacciones y obras menores en las distintas facultades de la UNT, en el plan de obras 2006-2009 del Rector Juan Alberto Cerisola.
"Sería a todas luces irrazonable interpretar rígidamente que el posible destino a dar a fondos que corresponden legal y contractualmente a la UNT se restringiera a su aplicación a un proyecto emprendido varias décadas atrás y luego dejado de lado", propuso Hochi a Saab.
Así, González Navarro avaló que la UNT no construya la Ciudad Universitaria que le corresponde por ley con los fondos de la minería nacional y permitió que la misma sea reemplazada por obras menores.
Por su parte, Rodolfo Tercero Burgos, además de ser docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, es el abogado que la UNT contrató para encabezar la querella por las irregularidades en el manejo de utilidades mineras que la Justicia Federal lleva adelante contra el exrector Cerisola y los exfuncionarios universitarios coimputados Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.
El contrato y la actividad de Burgos como el súper abogado de la UNT son secretos de Estado por disposición del Director de Asuntos Jurídicos de la UNT. En efecto, para González Navarro el millonario contrato con el letrado y la rendición de cuentas por su (in)actividad como el defensor de los intereses de la Universidad Pública de Tucumán se encuentra enmarcada en el artículo 8 de la ley de Información Pública.
“La verdad es que no conozco una actividad importante de la querella”, dijo el Fiscal Federal Gustavo Gómez en una entrevista con eltucumano.com por el accionar de Burgos en la causa. “La actividad del querellante tiene que ser incluso mucho más efectiva que la del fiscal. Se supone que el querellante tiene que tener un interés mayor. Nosotros defendemos el interés público, pero el querellante defiende el interés particular. En ese marco, tengo que pelear por la recuperación de los fondos”, explicó.
Además, Burgos se encuentra se encuentra imputado y a las puertas de un juicio oral donde deberá “responder como autor del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO POR EL ASCENDIENTE previsto y penado por los Art. 119 Primer párrafo en función del cuarto párrafo inc. B del Código Penal”, en perjuicio de su hijo menor.
Por estas razones, la directora de Canal 10 de Tucumán ─donde Burgos se desempeña como directivo designado por la UNT─, Ingrid Lausberg solicitó en octubre del 2022 a las autoridades universitarias que aclaren los criterios para tratar los casos de abuso sexual que involucren a funcionarios de la universidad, como también pidió al directorio del canal que trate “la licencia preventiva” hasta que se aclare su situación procesal del funcionario señalado.
La solicitud, donde también solicitaba la licencia preventiva del multiple empleado universitario, aún no fue respondida ni por el Directorio de la señal, ni por el rector Sergio Pagani.