Mientras que desde la Ciudad de Buenos Aires denuncian una discrimanción en la coparticipación, el Gobierno Nacional destina el 20% de su presupuesto para subsidiar transporte, agua, electricidad y justicia laboral para los vecinos de Capital Federal.
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Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la coparticipación y ordenó que se entregue el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Esta decisión fue celebrada en CABA, que denuncian constantemente una discriminación en la coparticipación y ven como un acto de justicia la devolución de fondos que Mauricio Macri les otorgó por decreto a un mes de asumir la presidencia en 2016 y que Albertó Fernández
Sin embargo, el fallo de la CSJN, que fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sólo profundiza las asimetrías con el resto del país, ya que el distrito conducido por Horacio Rodríguez Larreta goza de otras alternativas de transferencias de fondos desde la Nación, que se hace cargo del financiamiento de servicios que, en el resto del país, están a cargo de los gobiernos locales: transporte, agua, electricidad y justicia laboral.
En enero de 2016, a un mes de asumir, el entonces presidente Mauricio Macri, apenas aprobado el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, le aumentó la coparticipación de 1,4% a 3,75%, porcentaje que luego se redujo a 3,5%. Según cálculos de la gestión de Alberto Fernández -en el que coincidieron los gobernadores- ese monto superaba lo necesario para sostener la seguridad transferida. También es cierto que varios funcionarios provinciales entienden que ese número excedía y el actual no alcanza.
El diario La Nación entrevistó a Jorge Colina, que estimó que -incluyendo planes sociales- la Nación destina alrededor del 20% del presupuesto a CABA: “Parte se explica porque la burocracia que sostiene el Estado nacional está mayoritariamente localizada en la Ciudad; pero la concentración se potencia porque con recursos nacionales se subsidian los servicios públicos que consumen los habitantes de Caba como electricidad, agua, gas, transporte, justicia, parte de la seguridad, servicios que en el interior están a cargo de los niveles locales”.
Para el economista, en un punto, “el Presidente se convierte en el jefe de gobierno porteño”. A su entender, hay que eliminar la coparticipación y devolver a las provincias potestades para cobrar impuestos a fin de que se autofinancien y, en paralelo, crear un fondo de convergencia, para acelerar el desarrollo de las zonas más rezagadas. El reparto debe estar “condicionado” al cumplimiento de determinados parámetros.
El pacto fiscal firmado en 2017 durante el gobierno de Juntos por el Cambio incluía “eliminar subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte para el ejercicio de 2021”. Con la administración de Fernández ese acuerdo quedó en la nada.
Varios de los negociadores provinciales que intervinieron en el diseño del pacto original recordaron que los ministros nacionales resistieron el traspaso de AySA a CABA y a Buenos Aires. Esgrimieron como argumento que la empresa tenía créditos internacionales que se ponían en riesgo si cambiaba de órbita.
Las deudas de Edenor y Edesur con Cammesa -de $500.000 millones, concentran la mitad- según lo aprobado en el presupuesto 2023, si no las pagan las empresas las debería cubrir el Tesoro nacional. En el resto del país son los gobiernos locales.
En el caso de AySA, concesionaria de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en CABA y 26 partidos del conurbano, su balance tuvo un déficit financiero de casi $80.000 millones. El déficit fue autorizado a comienzos de noviembre por una decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, marido de la titular de AySA, Malena Galmarini. En lo que hace al transporte, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió el 85% del total de los subsidios nacionales, incluyendo colectivos y trenes.
El interior recibe unos $46.000 millones del Fondo Compensador, mientras que la ciudad y la provincia de Buenos Aires cobran transferencias del Tesoro por $300.000 millones al año, si también se tienen en cuenta los trenes, además de los colectivos. En el reparto de subsidios de transporte, al AMBA se destinan $24.700 millones y al interior van $3800 millones.
Diecinueve gobernadores firmaron un comunicado de apoyo a la quita de parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista legal, la Casa Rosada puede hacer con ese dinero lo que quiera, porque corresponde a la parte de los recursos que le corresponde (no se retrajo de la “torta” de las provincias).