Un informe televisivo expuso el negocio que existiría en torno de los vales que la Provincia gira a las Comisarías para la carga de combustible a los distintos vehículos de las fuerzas de seguridad. Existen dos denuncias, de 2019 y de este año. MIRÁ EL VIDEO.
Patrulla de la Policía de Tucumán. (Foto: eltucumano)
Más de mil millones de pesos es la cifra que la Policía de Tucumán debe rendir al Tribunal de Cuentas en concepto de carga de combustible realizada a través de cupones. Se trata de vales de papel para posibilitar a las Comisarías y Divisiones la carga de combustible a los distintos vehículos que atesoran para sus tareas diarias. Fondos públicos de una partida de $50 millones asignada por Casa de Gobierno y que se renueva cada vez que se agota.
Esta situación fue abordada por el programa ‘Sangre Fría’, que se emite todos los sábados por la pantalla de Canal 10. En total son $1.170 millones los que las fuerzas de seguridad deben rendir al organismo correspondiente, según revelan los periodistas José Inesta y Mariana Romero.
En siete minutos, los comunicadores desvelan el circuito de comercialización montado en torno a los cupones de carga de combustibles, cuyo punto de partida es la oficina de Logística de la Dirección General de la Policía, ubicada en calle Italia de la Capital.
El negocio consistiría en la venta de vales por una cantidad específica de litros de combustible a un valor que puede llegar a ser hasta 50% menor al real. A pesar de que las estaciones de servicio proveedoras del Estado tucumano están obligadas a cargar el combustible solo a patrullas y a vehículos policiales cuyo código coincida con el que figura en el papel, este detalle es pasado por alto. En el informe queda demostrado que cualquier individuo que tenga en su poder la orden emitida en papel y firmada por las autoridades policiales pertinentes, puede hacer uso del vale sin mayores complicaciones.
“La estación de servicio está obligada a cargar combustible exclusivamente al patrullero cuyo número está consignado en el vale”, precisó Romero. “Sin embargo, logramos comprobar que cualquier individuo que presente este cupón puede cargar combustible en su auto particular”, agregó Inesta.
La primera denuncia de estas irregularidades fue realizada en 2019 de manera anónima, directamente al ministro de Seguridad, Claudio Maley. Deslizaron una carta en un sobre sin nombre por debajo de la puerta de su despacho. En lugar de dar participación a la Justicia, las tareas investigativas fueron solicitadas a Asuntos Internos de la propia Policía de Tucumán. En aquella ocasión, solo se solicitó el análisis de los cupones correspondientes a 2019.
La respuesta oficial, firmada por María Emilia Tarifa, subsecretaria de Control de Gestión, y por José Ardiles, subsecretario de Seguridad, fue no se podía determinar de forma fehaciente el delito cometido. Y, al mismo tiempo, atribuía el accionar de quienes escogían comercializar los cupones a “costumbres que llevan muchos años de arraigo”.
Respuesta oficialEn lo que respecta a los vales de combustible es evidente la inconsistencia del proceso administrativo y la falta de documentación oficial que destaque el movimiento de la provisión de combustibles de forma precisa, coherente y confiable. Asimismo, es notable que esa práctica rudimentaria obedece a costumbres que llevan muchos años de arraigo en esa área, lo que debe ser analizado y posteriormente sistematizado, según propio informe escrito del subcomisario Dante Rodríguez.
No hay registros digitales de la utilización de los cupones de combustible por parte de la Policía. Todo el control se realiza a mano, mediante la emisión y firma de vales de papel. Este año, volvieron a realizar una denuncia anónima. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad negaron su existencia.
“Sabemos que este problema es heredado por el actual jefe de Policía, es bastante molesto que no haya ni una respuesta o explicación”, concluyó la periodista Romero.