Tras las denuncias por contaminación que realizaron los vecinos de Monteros contra el ingenio Ñuñorco, desde la Secretaría de Medio Ambiente afirmaron que esa cartera cumple con “un riguroso esquema de inspecciones durante todo el año". Asimismo, argumentaron que las cenizas y los ruidos molestos que generan las fábricas azucareras se deben “más a un problema de gestión, que de inversión”.
Vecinos de Monteros protestaron contra la contaminación bajo la consigna "no dejes que nuestro futuro se vuelva humo".
Luego de que los
vecinos de Monteros denunciaran por contaminación al
ingenio Ñuñorco y
se movilizaran el sábado pasado hasta las puertas de la intendencia y de la fábrica azucarera con barbijos y bolsas cargadas de hollín, desde la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia (SEMA) reconocieron que los ingenios “no han tenido el debido aprestamiento” para el inicio de la zafra debido a la
pandemia de Coronavirus. Sin embargo, remarcaron que la cartera cumple con un “riguroso esquema de inspecciones” durante todo el año, que se ve reforzado en estos meses.
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, reconoció la problemática que denuncian los vecinos y explicó que, en algunos casos, se registró un incremento de las cenizas y los ruidos molestos de las fábricas azucareras, muchas de ellas ubicadas en el corazón de los pueblos del interior provincial. El funcionario alegó que la emergencia sanitaria provocó que las empresas inicien la zafra con un plantel reducido, debido a que muchos trabajadores se encuentran en los grupos de riesgo exceptuados por la pandemia. Asimismo, refirió que la Secretaría de Medio Ambiente atraviesa por idéntica situación, por lo que los inspectores que se encuentran en funciones se ven recargados de tareas con el inicio de la molienda de la caña de azúcar en Tucumán. En este sentido, Lizárraga resaltó que se cumple “con un riguroso esquema de inspecciones” durante todo el año y “no sólo durante la zafra”.
“La Secretaría de Medio Ambiente viene trabajando en un esquema muy claro de inspecciones, en donde se observan los efluentes líquidos y gaseosos”, sostuvo el subsecretario de Protección Ambiental que el miércoles de la semana pasada participó de una reunión con el presidente de la fundación ecológica Ave Fénix, el profesor Gustavo Masmud, y con la abogada María Yossen, que representaron a los vecinos de Monteros en la SEMA. Masmud, a su vez, envió sendas cartas documento al intendente Francisco ‘Pancho’ Serra y al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, para que se tomen medidas urgentes advirtiendo que, de no obtener soluciones, los pobladores que ven afectada su calidad de vida iniciarán una demanda penal en la Justicia.
En diálogo con eltucumano.com, Lizárraga reconoció el reclamo de los vecinos, aunque justificó que el estado de excepción que vive la Provincia es la respuesta a muchas de las problemáticas planteadas. “La pandemia nos ha generado una preocupación importante porque las personas que trabajan en los ingenios y tienen la experiencia y la capacidad para hacer el debido aprestamiento de la fábrica azucarera en este momento están exceptuados de cumplir con sus tareas habituales por el brote de Covid-19”, señaló en referencia a los mayores de 60 años que se encuentran comprendidos en uno de los grupos de riesgo. “Como consecuencia de esta situación, no hemos arrancado de la mejor manera posible, entonces estamos teniendo algunos inconvenientes que estamos tratando de ir salvando a medida que se va desarrollando la zafra”, precisó el funcionario de Ambiente, al tiempo que hizo hincapié en el “esfuerzo particular” de esa cartera que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo para lograr un trabajo articulado con la industria azucarera para poner a punto los procesos que “se han visto resentidos”.
En este sentido, el Subsecretario apuntó que “no hay actividad en la Provincia que no se haya sido afectada por la pandemia” y subrayó que “estamos ante una nueva normalidad”. “Nosotros mismos en la Secretaría tenemos un 50% del personal porque el resto se encuentra eximido de prestar servicios por integrar grupos de riesgo”, describió sobre la situación puntual de la cartera. Pese a esto, descartó que hayan ‘disminuido’ o ‘relajado’ los controles: “si bien los controles no se han visto afectados, el personal que está al frente de las inspecciones sí se ha visto recargado de tareas”, destacó y ponderó al mismo tiempo que se trata de “un trabajo de monitoreo que se realiza los 365 días del año y que se intensifica durante el periodo de zafra”.
“El personal que estaba al frente de la gestión de la caldera hoy no está trabajando y puede ser que esté alguien que no tiene la expertise o el conocimiento para resolver las contingencias de la misma manera: va aprendiendo sobre prueba y error. Trataremos de ir ajustando todo eso, vamos a poner todo nuestro empeño para que la situación se resuelva; la pandemia nos obliga a extremar los recaudos, más aún con las emisiones gaseosas”.
Bajo la lupa
Las denuncias de los vecinos contra los ingenios azucareros logró colarse en la agenda política de la Provincia, aún en medio de la crisis sanitaria. Al
pedido de citación del secretario de Medio Ambiente a la Legislatura -que lleva la firma de los legisladores
Raúl Pellegrini (PJS),
Federico Masso (Libres del Sur),
Raúl Albarracín (PJS),
Walter Berarducci (PJS) y
José María Canelada (UCR)-, se sumó el reclamo de Albarracín a
Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) en la última sesión legislativa.
"La lluvia de hollín producto de la quema de bagazo en calderas de los ingenios azucareros se ha transformado en una pesadilla para los vecinos de distintas localidades del interior. Hace unos días trascendieron en medios estas protestas, algunas canalizadas a través de organizaciones intermedias con pobladores de Monteros, de Villa La Trinidad, de León Rougés, de Aguilares y de Alberdi que se movilizaron por la contaminación ambiental que afecta a sus localidades", espetó Albarracín a Vargas Aignasse, actual presidente de la comisión de Medio Ambiente, a quien acusó de no dar curso a los pedidos de informes presentados por el bloque del PJS. Entre otras peticiones, el 19 de junio se solicitaron precisiones sobre el actual cumplimiento de Ley 7.460 sancionada en 2004, referida a la adecuación que las fábricas azucareras de Tucumán debían hacer en el período de un año para frenar la contaminación.
“Con respecto al Ñuñorco, hemos recibido nosotros también las quejas y en las inspecciones hemos notado algunas cuestiones de alarma, por lo que hemos pedido al ingenio que modifique esas situaciones”, puntualizó Lizárraga, quien explicó que el malestar de los vecinos fue lo que motivó la reunión con la fundación ecológica que los representa y con el intendente Serra y sus equipos técnicos. En virtud de lo acordado en esos encuentros, el viernes de la semana pasada, profesionales de la
Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia recorrieron la fábrica y plantearon a los encargados
un plan de mejoras para implementar en un plazo de cinco días hábiles –vence este viernes 24- en diferentes sectores de la planta.
“Se exige permanentemente a los ingenios la toma de muestras de emisiones gaseosas con la Estación Experimental Obispo Colombres. Esos resultados, a su vez, se deben remitir a la SEMA cuando inicia y cuando termina la zafra. En este caso, la intendencia de Monteros solicitó un estudio intermedio para reforzar las exigencias de Medio Ambiente”, se explayó Lizárraga, quien destacó que la Provincia debe rendir cuentas trimestralmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de la demanda que efectuó la provincia de Santiago del Estero contra 10 empresas sucroalcoholeras de Tucumán.
“Tenemos que remitir un informe trimestral sobre efluentes líquidos a la Corte Suprema, avalado por la Nación a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y en lo que hace a afluentes gaseosos rendimos cuentas a la comunidad de manera cotidiana. Como estamos notando junto a la gente que hay un incremento en los ingenios del sur, les pedimos que suspendan la molienda hasta que acondicionen los procesos. Por lo general se trata de hechos puntuales, contingencias que se presentan en la zafra”, refirió y solicitó la cooperación de los gobiernos locales, organizaciones intermedias y de la comunidad en general para denunciar irregularidades en los procesos productivos.
“La SEMA depende del Ministerio de Desarrollo Productivo porque la Provincia no entiende el desarrollo que no sea de manera sustentable. La sostenibilidad de los procesos productivos es requisito sine que non porque si no, no hay fabrica ni emprendimiento productivo que pueda resistir en el tiempo. No hay nada más democrático que la cuestión ambiental: al aire lo respiramos todos”.
“Los vecinos son nuestros primeros indicadores: son los que nos comentan, denuncian y disparan muchas de las acciones que realizamos fuera de lo rutinario”, destacó y señaló que en este caso puntual “denunciaron que el problema de las cenizas es histórico, pero que hasta el momento se mantenía dentro de una situación ‘medianamente razonable’, pese a que no debería existir. Esto nos lleva a pensar que puede deberse a una contingencia particular de un filtro que no esté funcionando. Hemos puesto todos los cañones en tratar de resolverlo, estamos convencidos que es más un problema de gestión que de inversión”.
Sobre los pasos a seguir, Lizárraga informó que el ingenio presentará una propuesta y los profesionales de la SEMA la analizarán in situ para observar el nivel de factibilidad en la implementación de las mejoras. “Una vez que esto esté establecido, vamos a firmar un convenio con el municipio, con la empresa y con los vecinos, ya que ellos también pueden ser fiscales y supervisar el cumplimiento de lo pactado”.