Crean un sistema nacional de denuncias por violencia de género

Este jueves se oficializó en el Boletín Oficial la creación de un Sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género. La iniciativa estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad  de la Nación y tiene como objetivo principal "homogeneizar la actuación del personal policial y de las fuerzas de seguridad en la toma de denuncias para brindar mejores respuestas a la ciudadanía e implementar un protocolo de actuación que regulará la atención policial y la adopción ágil e inmediata de medidas de protección".

Este sistema crea en en el marco de las alarmantes cifras que se registraron los últimos años en materia de violencia de género. En marzo de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), que reveló que en los últimos cinco años hubo 576.360 casos entre los que se identificaron a 242.872 mujeres víctimas de violencia.

En este sentido, el anexo de la Resolución 351/2019 resalta los beneficios la creación de un registro elaborado con el fin de reunir en un solo sistema "toda la información relevante de las denuncias recepcionadas en las dependencias policiales en materia de violencia de género". 

En febrero de este año se firmó un convenio de colaboración en materia de femicidios con la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema, para "consolidar la información criminal sobre los femicidios en todo el territorio nacional". Para ello, los tres organismos acordaron "promover la construcción de indicadores que permitan comparar la información obtenida por cada uno y, en su caso, elaborar mediciones o análisis comunes sobre este tipo de delitos".

La resolución contiene además la implementación del protocolo de actuación que regulará la atención policial y la "adopción ágil e inmediata de medidas de protección" para la víctima "en función de la determinación del riesgo en base a parametros prefijados". Según la normativa, a la hora de implementar el protocolo, el oficial de seguridad deberá completar una serie de formularios con parámetros prefijados a fin de evaluar los riesgos y determinar las medidas de protección a ser ejecutadas para lidiar con la situación. Para ello, define también de manera precisa términos como "violencia sobre las mujeres", "violencia indirecta", "tipos de violencia" y "perspectiva de género".

El primer formulario, según se detalla en el Boletín, incluye la necesidad de precisar la relación entre la víctima y el presunto agresor, el tipo de violencia ejercida, la motivación y más información previa que pudiera resultar pertinente. En base al riesgo apreciado, descrito en un rango que va desde nulo a extremo, el operario de seguridad deberá seleccionar la medida de protección más eficiente para evitar la comisión de un posible crimen. Entre las medidas que se pueden aplicar en casos de peligro extremo está la vigilancia permanente de la víctima en su domicilio y lugar de trabajo, así como la de la entrada y salida de los hijos – si existieran – de sus establecimientos escolares.

Además, se contempla la posibilidad de vincular a la víctima con un centro de acogida; recomendar la asignación de un dispositivo de monitoreo de protección y hasta el diseño de un plan de seguridad personalizado para cada víctima. Una vez implementadas las medidas, el protocolo indica la necesidad de hacer un seguimiento de la evolución del riesgo, para así determinar la manera de proceder. La resolución indica que el sistema alcanzará a todas las fuerzas de seguridad bajo la órbita del ministerio: Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y la Policía Federal. A su vez, invita a las fuerzas de las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires a plegarse a la iniciativa.