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La Corte provincial declaró inaplicable la reforma del Ministerio Público Fiscal

Reforma judicial

Una acordada emitida con el aval de todos los miembros del Alto Tribunal posterga la implementación de la ley aprobada en 2016.

Foto: Wikimapia





Mediante una acordada, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anunció que no podrá ser aplicada la reforma legal que dividió el Ministerio Público Fiscal. Además, libró a los nuevos órganos de los controles que el propio tribunal ejercía respecto del manejo de los recursos humanos y materiales. La decisión, que fue publicada hoy, lleva la firma de la totalidad de los miembros: Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.

Entre los argumentos para suspender la división del Ministerio Público Fiscal en un órgano para la acusación y otro para la defensa, los cinco vocales consideraron que la reforma pone el peligro el servicio de Justicia debido a que aún no fue constituido el Ministerio Público de la Defensa. En este sentido, autorizó al secretario administrativo, Gustavo Ahmad, a mantener la organización administrativa que existía antes de la sanción de la norma.

Los jueces precisaron que esta acordada no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la reforma promovida por el oficialismo, que es debatida en dos juicios iniciados por la oposición. Se trata de los expedientes impulsados por los radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles, y por Oscar López, del Partido Fe.

Por otra parte, la Corte se declaró competente en los juicios mencionados aunque no trató el pedido de medida cautelar iniciado para, justamente, frenar la aplicación de la ley que dio máximos poderes al ministro público Edmundo Jiménez. Goane y Gandur dijeron que estaban dadas las condiciones para hacerlo, pero Estofán, Posse y Sbdar impusieron el criterio de que había que analizar el asunto en una resolución distinta.


Repercusiones

El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), Marcelo Billone, consideró que “con buen criterio, la Corte resolvió suspender la aplicación inmediata de la reforma, porque su puesta en vigencia inmediata requería el dictado de una serie de medidas de logística y de presupuesto que no se había previsto”.  De hecho, “según la información con la que contamos, la resolución tiene que ver con un planteo efectuado por personal administrativo del Poder Judicial, en el que daba cuenta  de la imposibilidad de liquidar sueldos”.

Billone explicó que “los empleados administrativos encargados de liquidar sueldos se enfrentaron a la situación que no sabían a quién debían rendir cuentas por su trabajo, si al Ministro Público Fiscal –como indica la reforma- o a la Corte Suprema de Justicia –como sostiene la Constitución”.

En este punto se centran los principales cuestionamientos  de la Colegiatura a la iniciativa promovida por el Ejecutivo. “Desde el CAT cuestionamos algunas disposiciones puntuales de la reforma, como entregar la superintendencia al Ministerio Publico, crear una categoría de fiscales que tienen un acuerdo vitalicio y que, además, son nombrados por el ministro de la defensa o de la acusación, sin la intervención del CAM”, expresó Billone.    

El referente de la colegiatura explicó que la Constitución provincial asigna a la Corte Suprema la atribución de Superintendencia. “La reforma que se aprobó en 2016, divide el Ministerio Público Fiscal en dos y asigna la superintendencia a los ministros, de manera que avanza sobre facultades constitucionales”, analizó el letrado.  



La experiencia del fuero laboral

Billone recordó que en una situación similar se planteó alrededor de la reforma del fuero laboral de la Justicia provincial. “La aplicación de la doble instancia implicaba crear nuevos juzgados pero no había partidas presupuestarias. En esa ocasión, la Corte nos recibió en audiencia para comunicar que entendía que estaban dadas las condiciones”, reveló y añadió que “eso nos llevó a presentar una cautelar para suspender momentáneamente la vigencia de las reformas hasta que se implementaran los juzgados”.