La pelea de fondo
Milei quiso financiarse con la cripto moneda, pero fue estafado por ignotos personajes, demostrando que dista de ser una persona sensata y escrupulosa; no respeta la Constitución Nacional, ni las leyes, y que no sabe que es presidente de la República Argentina. Por Horacio Rovelli.-
Javier Milei. Foto EFE.-
En el año 2018, el FMI (Fondo Monetario Internacional)[1] salvó del default (cesación de pago) al gobierno de Mauricio Macri mediante un crédito en DEG (la moneda de cuenta del FMI) por unos 57.000 millones de dólares, de los cuales efectivizaron casi 45.000 millones de dólares.
El crédito del FMI se otorgó mediante la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018, suscripta en forma conjunta por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en un Acuerdo Stand-By por un período de 36 meses El crédito efectivo fue por 31.913,7 millones de DEGs (equivalente a 44.559,9 millones de dólares).
El 18 de junio de 2018 (seis días más tarde), Luis Caputo reemplaza en la presidencia del BCRA a Sturzenegger. Y el día 22 de junio de 2018 ingresan al BCRA 15. 009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEGs).
El 25 de septiembre de 2018 renuncia a la presidencia del BCRA Luis Caputo, porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) en el mercado financiero local, la totalidad del primer tramo del crédito concedido por el FMI y, la titular del FMI, Christine Lagarde, le comunicó al presidente Macri que violaba el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[2] que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos.
Continuaron ingresando fondos del FMI y con mayor precaución, pero a medida que ingresaban los dólares el BCRA, los vendía al mercado financiero.
La estafa de la deuda no solo no fue investigada por el gobierno de Alberto Fernández sino que aceptó toda la deuda con el FMI y, acrecentó la deuda en poder de los bonistas (tenedores de títulos de deuda externa) conformando un total (la suma de la deuda con el FMI más la deuda con los “bonistas”) de 47.608 millones de dólares (la deuda pasó de 323.065 millones de dólares en diciembre de 2019, a 370.673 millones de dólares a diciembre 2023)
La deuda en diciembre de 2015 era de 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS[3], de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, no teníamos deuda con el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y, 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares) Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
El gobierno de Alberto Fernández renegoció el crédito Stand- By para convertirlo en un préstamo de “Facilidades Extendidas” a 10 - diez - años, con un período de gracia para pagar el capital hasta el año 2026, pero no se investigó cual fue el destino de la deuda pública.
El Préstamo de Facilidades Extendidas implica acordar metas de superávit fiscal primario (antes de pagar los intereses de la deuda), de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación, y de aumento de las reservas internacionales del BCRA, en forma trimestral, condición sine qua non para que el deudor (la Argentina) no pague la totalidad del capital que vence en cada trimestre y refinancie (cada vencimiento de capital) a 10 –diez años.
Se realizó la Octava revisión que atañe al primer trimestre de 2024 que la actual administración contablemente cumplió en exceso (que le hace decir al actual presidente del Poder Ejecutivo el ajuste más grande de la historia) a costa de reducir fuertemente las jubilaciones y pensiones, la paralización de la obra pública, menores subsidios a la Energía y al transporte, y la licuación de las transferencias, entre otras, a las provincias y a los comedores comunitarios y merenderos.
La subordinación al FMI se ejerce en un marco en que, la cúpula dominante de nuestra economía que se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados, sin embargo, se unen por tres causas:
1. Que no se investigue a donde fueron a parar los147.8970 millones de dólares que endeudó al país el gobierno de Cambiemos (PRO-UCR) y el de Alberto Fernández. Que además, se beneficiaron con sus supuestas o reales deudas con el exterior que abonaron durante la gestión de los Fernández y Massa con la compra a precio oficial de reservas internacionales del BCRA por 28.350 millones de dólares. Y que siguen beneficiándose con la compra de títulos ajustables por inflación, ante la fijación mensual del tipo de cambio oficial (carry trade).
2. En el avance sobre el derecho de la población que se refleja en el DNU 70/23 y las leyes 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”(incluye el RIGI- Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, y cambia la legislación laboral), y 27.743 de “Medidas fiscales paliativas y relevantes” (incluye el blanqueo de capitales) que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como —y sobre todo— al extranjero.
Con la enajenación del patrimonio nacional, sobre la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio, y demás minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y las empresas públicas, como es el caso de los decretos de conversión en sociedad anónima del Banco de la Nación Argentina y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Los tres sectores beneficiados los podemos agrupan en:
1. El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock, y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham) y a los cuales tributa el equipo económico encabezado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA[4].
2. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Paolo Rocca (Techint), Eduardo Eurnekían (Compañía General de Combustible), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), y luego siguen: Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó). Incluye la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a las principales petroleras del país, su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol SA (que es la Petrolera del grupo Techint), vicepresidente primero: Horacio Marín, actual presidente de YPF SA (era hasta el 10 de diciembre de 2023, CEO de Tecpetrol SA) y “PAE” (Marcos Bulgheroni) en la vicepresidencia segunda. “Vista & Oil” (Miguel Galuccio) Secretaría general, Prosecretario: un referente de “Total Austral” y, Tesorero: un referente de “Pampa Energía”.
3. El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.
Los tres sectores se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino. Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país la que impone una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior. En consecuencia, Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores industriales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve, por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de minerales, materias primas y alimentos.
Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores y uno de los campos de batalla es el precio actual del dólar, mientras el capital financiero internacional con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock, y otros) impulsa y promueve el carry trade para seguir ganando fortunas por la diferencial entre el crecimiento del tipo de cambio oficial (en febrero 2025 del 1% mensual) y las tasas que obtienen por inflación o por tasa de interés (por ejemplo las LECAP por 30 días -del 12 de febrero al 14 de marzo 2025- pagan tasas del 2,43%), las empresas locales (Techint, CGC, ARCOR, etc.) se quejan que el atraso cambiario y la baja de aranceles impulsa la importación. Igual el campo, agrupados en el Consejo Agrario Argentino (CAA), que retiene granos y no exporta presionando a la devaluación de nuestra moneda.
La deuda del gobierno de Milei que beneficia a los tres sectores creció y crece en forma exponencial por el carry trade:
El gobierno de Milei que genera semejante deuda, a su vez, gastó no menos de 22 mil millones de dólares en sostener el peso en la paridad actual: En el año pasado 16.000 millones de dólares por el llamado “dólar blend” (que le permite liquidar el 20% de las exportaciones en el mercado libre sin pagar derecho alguno y al precio del mercado CCL, aumentando la oferta de divisas en ese mercado). A su vez en la intervención directa del BCRA vendiendo dólares y, del BCRA y del Tesoro, y desde el mes de febrero 2025 el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS), vendiendo títulos en dólares, tras la designación como titular de la ANSeS de Fernando Bearzi (socio de Luis Caputo en “Noctua”, la sociedad off shore en la Isla Caimán de ambos).
El gobierno de Milei endeudó al país en 97.114 millones de dólares en 13 meses, cifra récord, para ganancia de los bonistas, mientras se cierran empresas, aumenta la desocupación, bajan los salarios, jubilaciones y pensiones, y se incrementa la pobreza. Y ni el Congreso de la Nación, ni la Justicia Argentina se pregunta cómo se generó esa deuda.
Deuda que sus acreedores (básicamente el capital financiero con sede en Manhattan) una vez asegurada sus ganancias (carry trade mediante) convertirán en participación en sociedades estatales y en petróleo, gas, oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, agua pesada, agua potable, etc. etc.)
La diferencia entre los grupos locales y extranjeros es que el capital extranjero quiere seguir ganando plata fuerte con la bicicleta financiera, mientras que los otros pierden plata por el atraso cambiario, pero los tres sectores propician la devaluación de nuestra moneda. El problema es cuando. Es una cuestión de tiempo.
EL TRASFONDO
Que falten a la verdad con la negociación del FMI, que utilicen el patrimonio de los jubilados y pensionados del FGS de la ANSeS para frenar la crisis provocada por la estafa de la cripto moneda $ LIBRA (mientras se los reprime por protestar porque no reciben medicación de PAMI, y para que le aumenten sus magros haberes), que continúan ajustando en el gasto previsional, en los subsidios a la energía y al transporte, que paralicen la obra pública, todo eso no es suficiente y ofrecen más y nuevos negocios al capital más concentrado.
Javier Milei quiso financiarse con la cripto moneda, pero fue estafado por ignotos personajes, demostrando que, dista de ser una persona sensata y escrupulosa, no respeta ni la Constitución Nacional, ni las leyes, y que no sabe que es presidente de la República Argentina, tampoco sabe de economía y menos, de gobernar un país.
Los que financiaron su campaña (principalmente el grupo Eurnekián, los Rocca de Techint, y el grupo Clarín con Héctor Magnetto de coordinador) han hecho mucha plata con este gobierno, pero saben que Milei responde cada vez más al capital financiero de Manhattan y a Marco Rubio (Secretario de Estado de los EEUU), de allí que TN (Todos Noticias, del Grupo Clarín) pone en youtube la parte de la entrevista en que Milei le dice al periodista si siguió las preguntas que le habían enviado (y la respuesta de Joni Viale fue que sí, que dijo las preguntas de Karina Milei, las de Manuel Adorni, y las de Santiago Caputo), y también TN pasó la interrupción de este último para que se anule la pregunta de si era su cuenta personal o la de la presidencia.
Y dice que lo hizo a título personal, pero su twitter tiene un “tilde gris” que identifica a las cuentas de organizaciones gubernamentales o funcionarios públicos, a diferencia del “tilde azul”, que significa que una cuenta tiene una suscripción paga en X (la empresa de twitter de Elon Musk), la insignia gris se otorga gratuitamente a quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad de la plataforma y, de acuerdo al reglamento, esta distinción les corresponde a jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros), miembros del gabinete, miembros del Congreso, voceros de entidades gubernamentales y embajadores.
Según The Solana Post, la operación afectó a 74.698 personas, que perdieron más de 286 millones de dólares. En el detalle, se indicó que hubo 71.369 personas que perdieron hasta 10.000 dólares, 2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000, 438 perdieron entre 50.000 y 100.000, 318 perdieron entre 100.000 y 250.000, 87 perdieron más de 250.000, 52 perdieron más de 500.000 y 25 perdieron más de 1.000.000 de dólares. Hubo argentinos entre los perdedores, pero también ciudadanos de otros países, fundamentalmente de los EEUU.
En los EE.UU., la Securities Act de 1933 y 1934 castiga la promoción engañosa de activos financieros (pump and dump schemes o fraudulent securities offerings). “$ LIBRA” fue ofrecida como inversión a ciudadanos estadounidenses y resultó en pérdidas, y con ello, importantes estudios jurídicos patrocinan la demanda contra Javier Milei.
La inmunidad soberana generalmente protege a los jefes de Estado de actos oficiales, pero no de acciones privadas, y acá viene el problema, dado que esos estudios van a demostrar que:
1. Hubo uso de recursos oficiales para la promoción.
2. Los funcionarios retuitearon desde cuentas gubernamentales.
3. El gobierno argentino tomó acciones concretas que beneficiaron la estafa.
Si estos puntos se prueban (y estamos hablando de la justicia norteamericana que tiene jueces como el fallecido Thomas P. Griesa, y su sucesora Loretta Preska), el Estado argentino podría ser demandado bajo la excepción comercial de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) en EE.UU., lo que permitiría juicios en tribunales norteamericanos.
De como se dirima el problema judicial en los EEUU, en que el gobierno de Trump trata de tapar todo para beneficiar a su lacayo Javier Milei, mientras que el aparato de jueces y abogados de ese país sabe que pueden ganar mucha plata con la demanda.
De prosperar el juicio Javier Milei va a reclamar la inmunidad soberana para no ir preso, y deberá pagar la demanda en su contra, el pueblo argentino, lo que ameritaría su destitución.
El poder económico local en caso límite de llegarse a una Asamblea Legislativa para destituir a Javier Milei, tiene un amplio espectro de Gobernadores, Senadores, y Diputados para poner en su lugar. El capital financiero de Manhattan, por ahora, no tiene más fiel sirviente que Milei.[1] La deuda contraída con el FMI fue una decisión del Poder Ejecutivo y no fue pedida su autorización expresa al Poder Legislativo como exige la Constitución Nacional y lo establece el Inciso 4º del Artículo 75: Corresponde al Congreso: “…contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y en el Inciso 7° del mismo artículo: corresponde al Congreso... “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la CABA.
[2] Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo
[3] Es un fondo conformado por títulos y acciones que le pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, que se creó en base a la estatización de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones).
[4] Ambos son socios de la consultora Anker Latinoamérica que tienen como clientes para su asesoramiento a los fondos nombrados
[5] Letras Fiscales, son los títulos que el Tesoro de la Nación emitió para cambiarlos por Leliq y Notaliq que eran títulos de deuda del BCRA, aumentado la deuda pública nacional
Horacio Rovelli
Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
