El plan de la casta dominante
Los que están detrás de este gobierno y han puesto los principales funcionarios de la gestión de Milei, propician que prevalezca el mercado que es el ámbito donde se juntan oferentes y demandantes de un bien o servicio, pero no plantean el grado de concentración que tiene, sobre todo en nuestro país, donde cada producto tiene nombre y apellido. Por Horacio Rovelli.-
Existe un plan de los sectores dominante en nuestro país que se basa, en primer lugar, en eliminar y si no es posible, limitar los controles del Estado, dado que el rol del Estado en la economía es, en cumplimiento de la Constitución Nacional, establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso, por ende al Estado le cabe un rol principal en fijar objetivos para alcanzar el bienestar general y que sea sustentable en el tiempo.
En cambio los que están detrás de este gobierno y han puesto los principales funcionarios de la gestión de Milei, propician que prevalezca el mercado que es el ámbito donde se juntan oferentes y demandantes de un bien o servicio, pero no plantean el grado de concentración que tiene, sobre todo en nuestro país, donde cada producto tiene nombre y apellido, pensemos en el acero, aluminio, cemento, todo tipo de combustible y energía en general, harina, arroz, productos lácteos, aceite, yerba, azúcar, todo tipo de carnes, servicio de correo y telecomunicaciones, etc., son pocas empresas y a veces hasta una sola las que monopolizan la oferta.
PRIMERA ETAPA CONTRA EL TRABAJO Y EL MERCADO INTERNO
El plan primero convalida el saqueo del salario, la destrucción de ingresos y jubilaciones, mediante la devaluación del 100% de nuestra moneda y, con ello, desata un proceso inflacionario que genera mayor pobreza. Por decreto anula la ley de abastecimiento y la ley de góndolas más la liberación total de precios y por lo tanto la posibilidad de una remarcación absoluta que convalida la carestía. Por ejemplo, permite todo tipo de exportaciones, hasta elimina los cortes populares de la carne para vender afuera la res entera.
Paralelamente, busca generar condiciones para una precarización total de los trabajadores mediante una reforma propuesta tanto en el DNU 70/23[1], como en el proyecto de ley “Base y Punto de partida para la Libertad de los Argentinos”, que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación donde proponen:
TERCERIARIZACION DEL TRABAJO: Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
PERIODO DE PRUEBA: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba: a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores
FONDO DE CESE: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744, por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes, asemejándolo al que tienen los trabajadores de la construcción[2]
Los jubilados son el segmento más perjudicado porque el gasto fiscal mayor de la administración nacional es el previsional, en el año 2023 representó el 9% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 43.200 millones de dólares) y el gobierno de Milei quiere reducirlo este año 2024 a 7% del PIB, de un PBI que se cae en torno al 5% (pretenden pagar en el año por jubilaciones y pensiones en pesos, pero equivalente a 10.300 millones de dólares menos). Del total de beneficiarios de la ANSeS que suman unas 7.200.000 personas, más de 5.000.000 millones perciben la jubilación mínima que para el mes de mayo de 2024 es de $ 190.141,60 más un bono adicional de $ 70.000.-, cuando la canasta básica total para una persona en marzo 2024, fue de $ 250.286.- (y no contempla el pago de la vivienda)[3], trabajaron toda su vida y reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.
Es más, Milei dijo el 1 de marzo 2024 cuando inauguró la sesiones ordinarias, que se iban a recrear la AFJP (jubilación privada), siempre con el mismo criterio, el que tiene buenas remuneraciones (como en las prepagas de salud) puede contratar un servicio de jubilaciones, y todos los demás van a un sistema estatal que se desfinancia y reduce permanentemente.
Claro ejemplo del sistema estatal que se desfinancia y reduce permanentemente es la recaudación previsional, donde fruto del descenso del nivel de actividad económica, la recaudación disminuye sideralmente y, en términos reales, es un 40% menor a la inflación.
Paralelamente se frena la obra pública y se limitan las transferencias a las provincias en salud, educación, transporte, etc., no solo para disminuir el gasto público, sino para generarles negocios rentables al capital privado, por ejemplo, el derecho a la salud, de allí que también limitan la asistencia a las de las obras sociales para que las prepagas se queden con la afiliación de mayores recursos (“pertenecer tiene sus
privilegios”) y todos los demás terminen en el hospital público desmantelado por el ajuste presupuestario.
Se aplican tarifazos en el precio de los combustibles, del transporte, en el agua, en la luz, y en el gas, encareciendo el nivel de vida de la población. A los empleados públicos se les ajusta sus haberes muy por debajo de la inflación. Se ejecuta un plan de despido de los contratados y también de planta. A la par que se desmantela la estructura científica, confinando al CONICET y a las universidades nacionales.
Como aproximadamente el 70% de la economía está ligada al consumo interno, la brutal transferencia de ingresos al gran capital en general y al capital financiero en particular, sector que al fugar y pagar mínimamente impuestos y contribuciones previsionales, hace que disminuya la recaudación tributaria que decrece junto al descenso del nivel de actividad, que se agrava por el recorte del gasto público, por lo tanto la economía queda encerrada en un círculo vicioso de sucesivas regresiones.
La inflación a su vez socava la devaluación y los grandes acopiadores y comercializadores de granos y de carnes y todos sus derivados, contienen sus exportaciones, y a su vez, el gobierno para frenar el proceso inflacionario que irresponsablemente generaron al devaluar y liberar los precios no bien se inició la gestión, permite importar[4].
SEGUNDA ETAPA CARRY TRADE
Lo relatado para los sectores dominantes significa el ajuste económico con el fin de favorecer la acumulación del capital, que en la segunda etapa es el financiero y se realiza por carry trade mediante (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar) y, posteriormente, con la legislación adecuada, apuntalar al capital extractivista, y agropecuario exportador.
Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita de divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga, a donde se destinó. A cambio encubrir la deuda y a quienes benefició, al menos para cobrarles impuestos[5], prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.
El objetivo inmediato es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 5.224 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar. Y es a partir de agosto 2024 que se debe comenzar a pagar el capital de la deuda canjeada por nuevos títulos que realizó el ministro Martín Guzmán, el 31 de agosto de 2020 con los bonitas (entre ellos BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, Franklin Templeton, PIMCO, etc.)
Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 7.172 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por U$S 21.209 millones) y el 7 de mayo 2024 (de U$S 28. 381millones), por tres fuentes:
A. Por la liquidación de las exportaciones, donde las energéticas liquidaron según lo previsto, pero las agro y agro industriales lo hicieron por una suma muy menor a las proyecciones gubernamentales
B. Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares que vendieron personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.
C. El carry trade referido, propiciado por el Ministerio de Economía y el BCRA de que ingresen dólares y compren títulos públicos en pesos, que se ve claramente en el informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación:
Observamos que la deuda en títulos en pesos se acrecienta fuertemente desde enero 2024 (tras la devaluación del 100% del 12 de diciembre de 2023), que a marzo 2024 (es en pesos pero contabilizada a dólar oficial por la misma Secretaría de Finanzas de la Nación) aumentó la deuda bruta nacional en 43.297 millones de dólares. El 90% de esos títulos se colocaron con la cláusula puts, que es un seguro de liquidez y le permite a los tomadores canjear esos títulos por dinero en efectivo en el BCRA (deuda que paga el Tesoro de la Nación)
A su vez, hubo recompra de títulos y letras en moneda extranjera en el período analizado, que permite un saldo de incremento de la deuda bruta de la Administración Nacional de 32.371 millones de dólares en cuatro meses, que siguió evolucionando igual en abril y que se sofrena desde mayo 2024[6].
El brutal aumento de la deuda bruta explica la suba en la cotización de los títulos públicos (incluido el rescate de los títulos de deuda externa en divisas) y la disminución del riesgo país.
Pero nada es para siempre y el gobierno tiene un fuerte descenso en la recaudación tributaria total que, sumó en los primeros cuatro meses del año 2024: 31.339.473,2 millones de pesos, cifra que ajustada por inflación implica una caída del 32% con respecto a igual período del año pasado, y no redujo todo el gasto público en esa magnitud.
Por ende tiene serio problemas para pagar a los proveedores, por ejemplo la Secretaría de Energía, a través de la resolución 58/2024, estableció que la deuda que tiene CAMMESA con las generadoras de electricidad por los meses de diciembre 2023 y enero 2024 se cancelan mediante la entrega de títulos públicos Bonos USD 2038. Las generadoras Pampa Energía y la estadounidense AES no aceptaron el ofrecimiento y enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas: Pampa, el segundo mayor generador privado del país, informó que a la fecha, Cammesa le debe $133.191millones (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le debe $ 37.483 millones.También, el Ministerio de Economía amplio mediante el decreto 385/2024 del 6 de mayo de 2024 el impuesto PAIS para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la distribución de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones generadas por no residentes en el país desde el 1° de septiembre de 2019 (Encarece en 17,5% la recompra de los dólares que trajeron para adquirir títulos púbicos – carry trade)
Con serios problemas de pagos, ya no alcanza ni la sierra eléctrica, ni la licuadora de la inflación.
TERCERA ETAPA INCONCLUSA
Los sectores dominantes (grandes empresarios locales y extranjeros) tenían preparado por grandes estudios jurídicos e impositivos los proyectos que se cristalizaron en el DNU 70/23 y, en el proyecto de ley “ómnibus” (que se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y que lo reconvirtieron en el mamotreto que aprobaron de “Base y punto de partida para la libertad de los argentinos”)[7], antes que llegara Milei, el problema era y es como llevarlo a la práctica.
No pueden pagar los intereses de la deuda externa, menos pueden pagar el capital de la misma como deben hacer desde agosto del 2024 con los bonistas (con el FMI refinancian el capital a diez años a cada vencimiento).
El gobierno de Alberto Fernández lo hizo aumentando la deuda en títulos públicos por 47.608 millones de dólares[8] (la deuda bruta de diciembre 2019 era de 323.065 millones de dólares y a diciembre 2023 fue de 370.673 millones de dólares), todo por no exigir a los grandes deudores y/o compradores de divisas que paguen parte de la deuda contraída. Es más, le subvencionó la venta de dólares al tipo de cambio oficial (la mitad o menos del precio del dólar paralelo) para que paguen su deuda privada
Caputo-Bausili le prometen a los que compran títulos públicos, que los va a rescatar cuando ingresen los capitales del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que indican una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares, y por el “blanqueo” de capitales (perdón a los evasores de impuestos), que no tiene límite máximo a declarar.
Pero para eso deberían contar con las leyes y normas que permitan la enajenación de los recursos naturales y del patrimonio nacional Y eso no está tan claro que suceda. Y si sucede habría que ver cuál es el costo económico, social y político, de una nación que supo tener tras banderas: Soberanía política, independencia económica, y justicia social.
[1] Que no pudieron llevar adelante porque la Justicia le dio lugar a la cautelar de la CGT.
[2] Ley 22.250 de la dictadura de Videla que creó un nuevo régimen legal de trabajo para el personal de la construcción. No cobran una indemnización por despido, como el resto de los trabajadores, cobran un “fondo de desempleo” a través de su “libreta de aportes”. El monto que retira el trabajador al quedar en la calle se conforma con los aportes que deberían hacer mensualmente los empresarios a una cuenta bancaria: 12% del salario el primer año, 8% los siguientes
[3] El salario mínimo vital y móvil se fijó en mayo 2024 en $ 234.000.-
[4] Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo 2024 con los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales les dijo si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen pero no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.
[5] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con Dictamen de Mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que s e convierta en Ley.
[6] Las entidades financieras comenzaron a desprenderse de títulos en pesos y parte del superávit fiscal acumulado hasta abril 2024, se emplea para cubrir los derivados financieros (puts) vinculados a estos títulos
[7] En ello trabajaron los grandes estudios jurídicos y tributarios del país, por ejemplo Bruchou y Funes de Rioja, como quedó demostrado con el abogado tributarista Liban Ángel Kusa, socio del estudio, fue quien escribió y editó el nuevo proyecto de reforma fiscal que el Gobierno envió a los gobernadores para conseguir su apoyo y lograr que se apruebe el proyecto “Base y punto de partida para la libertad de los argentinos”.
[8] Es cierto que gran parte fue empleado por la lucha contra el covid
Horacio Rovelli
Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
