El martes 12 de marzo 2024, en la reunión anual de AmCham (Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina), su presidente, Facundo Gómez Minujín, dijo que la Cámara adhiere a “los objetivos y la dirección de las medidas anunciadas” por el Gobierno de Javier Milei, así como también por “la eliminación de trabas regulatorias y obstáculos para desarrollar sus actividades y la libertad a las empresas para decidir su plan de negocios".

Gómez Minujín, que es también, titular de JP Morgan en la Argentina^[1], agregó que "no es sostenible una economía basada en el subsidio a los alimentos, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la vivienda, el combustible, la luz y el gas", y afirmó que "el tamaño del Estado, el déficit fiscal generado y la emisión monetaria hicieron que la Argentina fuera 'un país no viable'". 

En ningún momento mencionó que el peso de la deuda pública es una hipoteca costosa al erario nacional. Tampoco dijo nada que la deuda externa contraída en el gobierno de Macri, y la deuda interna del gobierno de Alberto Fernández son causas principales del gasto estatal, y menos habló que entre las 720 empresas asociadas a AmCham se encuentran 25 empresas que son a su vez las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos, publicada por el BCRA^[2] y que Horacio Verbitsky en “El Cohete a la Luna”, con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, dio el listado de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares^[3], donde se destacan esas empresas 

Es más, tampoco dijo que muchas de esas firmas no solo fueron las mayores compradoras de dólares entre 2016 y 2019, sino que después, en el período 2020 – 2023, recibieron del BCRA dólares a precio oficial para pagar sus deudas supuestas o reales en el exterior, adquiriendo esos dólares un precio que fue siempre la mitad del precio de los dólares paralelos, como lo convalidó el gobierno de Milei al devaluar nuestra moneda en un 118% el 12 de diciembre de 2023^[4].

Esto es, un grupo parásito y rentista (donde las empresas asociadas a AmCham son de las más importantes) se apropió de 100.000 millones de dólares en la gestión de Cambiemos. A los que debe sumarse los llamados inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión, etc.) que compraron en la gestión del Frente de Todos títulos de deuda del Tesoro de la Nación por 54,4 billones de pesos (son bonos en pesos ajustables, por ende equivalentes a unos 54.000 millones de dólares); en CER^[5], $26,4 billones; Dólar linked, $5,2 billones; y Dual, $22,8 billones. El ministro Luis Caputo les propone a sus tenedores, extender el vencimiento (vencen a lo largo de este año y en el 2025) para los años 2026-2027 y a todos ellos les otorga la clausula puts (seguro de liquidez) por la cual, ante cualquier necesidad, presentan los bonos referidos al BCRA y cobran en efectivo al día siguiente (con los intereses incluidos). 

El ministro de Economía Luis Caputo y el Presidente del BCRA, Santiago Bausili^[6] gracias al apoyo de los grandes fondos de cobertura, en tres meses devaluaron nuestra moneda en un 124% (el jueves 7 de diciembre de 2023 el precio oficial era de $ 400 y el viernes 15 de marzo 2024 fue de $ 896) y disminuyeron la tasa de interés de referencia del BCRA de 110 a 80% anual, de esa manera no solo consiguieron que los sectores con ahorro en divisas las tengan que cambiar por pesos (a precios cada vez menor) para mantener el mismo nivel de vida y/o financiar el stock de mercaderías que no venden, sino que los que ahorran en pesos cobran una tasa menor que la inflación. 

Obviamente se beneficia el BCRA que paga menos intereses por los encajes remunerados, cuyo stock suma más de 30 billones de pesos a mediados de marzo 2024, de los cuales en pases de 1 a 6 días, alcanzan  los 29,9 billones de pesos, aminorando de esa manera su déficit parafiscal o cuasi-fiscal.

El sideral ajuste monetario genera como reflejo la depreciación cambiaria, dado que la base monetaria es de $10,7 billones al 15 de marzo de 2024 y el 7 de diciembre 2023 era de $10,1billones (creció en un 5,9% contra una inflación acumulada de no menos del 70% en el período) y el tipo de cambio oficial se incrementó en 124%.

Según la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación), la Administración Nacional pagó en concepto de intereses de la deuda, en el primer bimestre 2024, la suma de $2,46 billones, que representó el 25,5% del gasto total y, comparando con igual lapso del año pasado, creció en un 34,2% (que es obvio  porque la devaluación obliga a juntar más pesos para pagar los intereses de la deuda en divisas). Dicho incremento del gasto en intereses de la deuda se contrasta con un gasto primario (todo el gasto público de la Administración Nacional exceptuado los intereses de la deuda) que descendió en un 33,6% en igual lapso.

Sin embargo, en ese marco, Javier Milei en su discurso del 1 de marzo de 2024, al sostener que la causa de la inflación es el déficit fiscal, propone llevar todo el gasto público consolidado (se denomina Gasto Público Argentino) al 25% del PIB (no dice en qué tiempo). Y pretende comprometer a las provincias en ese objetivo con la firma de un Pacto el 25 de mayo de 2024, cuando la Secretaría de Hacienda de la Nación informa que el gasto consolidado del Gobierno Nacional del año 2023, base caja, alcanza el 24,4% del PIB, el de la CABA y las provincias el 15,7% y el de los municipios el 3,3%, que significan  43,5% del PIB.

Cuando el descenso de la actividad económica generalizada hace caer la recaudación de los impuestos e ingresos previsionales en términos reales, eso va a derivar inevitablemente en un nuevo ajuste para conseguir el equilibrio fiscal.

Si la inflación de febrero 2024 medida por el IPC del INDEC fue realmente del 13,2%, observamos que anualizada es de 276,2%, porcentaje muy superior a la recaudación en general, pero esencialmente comparándolo con la recaudación en seguridad social, demostrando como la combinación de la devaluación de nuestra moneda y la liberación de los precios impacta en sueldos y salarios. El descenso en la recaudación de las cargas y aportes previsionales nos permite explicar que está disminuyendo el consumo  interno y con ello se reduce y se reducirá aún más la recaudación del IVA en las cuentas del Estado nacional y del Impuesto a los Ingresos Brutos en la recaudación de las provincias.

También al descender los recursos previsionales y dado que el índice de movilidad se ajusta por dos variables (crecimiento del salario real y la recaudación de la ANSES) que bajan a la par, si no se cambia la fórmula, disminuyen en términos reales las jubilaciones y pensiones. Paralelamente, los sueldos y salarios muestran una caída considerable en términos reales, ante la estampida de los precios.

El gobierno se esfuerza en reducir el gasto primario que, según la OPC y su lectura del SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera) de la Secretaría de Hacienda de la Nación del primer bimestre 2024, y dado su propio índice de deflación, lo hace en una disminución de las erogaciones en un tercio (33,6%). Principalmente la disminución del gasto es en:

1. En el pago de las jubilaciones y pensiones (en un 33%); 
2. En subsidios económicos (54,2%);
3. En las transferencias a las provincias (en un 73%) 
4. En  la obra pública (el gasto de capital desciende interanualmente en un 82,4%).

El fuerte ajuste fiscal permitió, siempre según la OPC, un resultado financiero positivo de 1 billón de pesos.  Pero debe contemplarse que es base caja y debería verse el final con todos los gastos devengados.

Obviamente, el superávit primario y financiero logrado en el primer bimestre 2024 es a costa de la población que percibe menores haberes previsionales y aportes del Estado nacional, política que el gobierno de Javier Milei pretende continuar y en la que el mismo Presidente se jacta del ajuste fiscal: “Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”, se ufanó sobre su política económica de “motosierra y licuadora”. Asimismo, remarcó que el Fondo Monetario Internacional “validó lo que estamos haciendo”^[7].

Lo que nunca explica es para qué se realiza semejante ajuste de las cuentas públicas y su impacto sobre el consumo y la inversión en la economía argentina. Y la respuesta es para garantizar tres objetivos que se interrelacionan entre sí:

1. Pagar a través del presupuesto nacional una deuda que no se investigó (y que se está pagando) beneficiando a los deudores porque el pueblo argentino paga su endeudamiento.
2. La enajenación del patrimonio nacional en beneficio de grandes fondos que, a cambio de esa deuda, van a exigir nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF; ARSAT, Banco de la Nación Argentina, etc.).
3.  De esa manera, como interrelación entre los puntos 1y 2, garantizar un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador que no genera trabajo y beneficia exclusivamente al gran capital financiero

Disciplina laboral y comercial

Es el mismo Luis Caputo que se opone a las tratativas que habían realizado los trabajadores de Aerolíneas Argentinas con la empresa el 28 de febrero 2024. Es más, había un principio de acuerdo para que los trabajadores aeronáuticos percibiesen un 16% de mejora salarial ese mes y otro 12% en marzo, y casi estaba convenido con Trabajo, pero intervino el Ministerio de Economía y todo quedó en la nada. 

Desde el Ministerio de Economía, la orden no escrita pero imperante es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, más conocidos y simplificando el titular del gremio aceitero, industria exportadora y una de las claves del modelo, que habían acordado con las empresas del ramo tasas de aumentos en las remuneraciones para compensar la suba de los precios, ante la pasividad de la Secretaría de Trabajo sostuvo: “Hay una decisión política de licuar los salarios por eso no homologan nada".

Igual sucede con los bancarios, camioneros, trabajadores de edificios, etc. El nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, abogado de Techint y de la UIA, y por ende no ajeno a la redacción del Capítulo IV del DNI 70/23 de flexibilidad laboral, que la Justicia suspendió en su ejecución, deberá aceptar o rechazar los acuerdos, pero el objetivo de Caputo es que desciendan los salarios y con ello el consumo y, por esa vía, moderar la tasa de inflación y aumentar los saldos exportables.

El jefe del Palacio de Hacienda, después que devaluaron y liberaron los precios, considera que hubo remarcaciones excesivas por parte de las empresas alimenticias y los fabricantes de artículos de limpieza y tocador, de manera tal que son muchos los productos que tienen un precio en la Argentina, al tipo de cambio  oficial, mayor que en el exterior. El viernes 8 de marzo 2024 se reunió con el sector industrial, y el lunes 11 con los supermercadistas: "Nosotros cumplimos a rajatabla el programa de equilibrio fiscal y recomposición del balance del Banco Central. Pero hay una suba desmedida de precios, de la que toda la cadena es responsable” y los amenazó con permitir la libre importación, que comienza a cumplir mediante la Comunicación “A 7980” del BCRA que determinó las importaciones de una serie de alimentos que pasarán a disponer de las divisas necesarias para poder concretar esa operación en un plazo de 30 días.

También se determinó suspender, por una plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las Ganancias a las importaciones de los alimentos básicos (lácteos; carnes vacuna, porcina, aviar y ovina; yerba; azúcar;  harina de trigo; arroz, aceites de oliva y de girasol, etc.) comprendidos en la medida oficial, con lo que se subsidia por la vía cambiaria y tributaria a los importadores con el propósito de intentar contener la inflación en alimentos. Como pasó con Martínez de Hoz y con Menem, las grandes empresas son las que van a traer los alimentos del exterior.

En síntesis

Los funcionarios de los fondos de cobertura, que ocupan formalmente cargos en el actual gobierno, cumplen a rajatabla con lo trazado para imponer un modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador que perdure a la actual administración, para beneficio exclusivo de sus mandantes, cuando debería ser a favor del pueblo argentino.