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Fuimos una gran provincia de un gran país

opinión

Si queremos tener un destino y un país más justo, hay que llamar a los responsables de las primeras cien empresas que fugaron 24.679 millones de dólares y las primeras cien personas que compraron 822,4 millones de dólares durante el macrismo y que, el gobierno sabe quiénes son y, decirles como amasaron esa fortuna y cuanto de la misma declararon y pagaron el impuesto a las ganancias.

Imagen de archivo. Foto de Franco Olea para eltucumano.com.-


Escucho nuestra música y sus grandes creadores e intérpretes, Rolando “Chivo” Valladares, Pepe y Gerardo Núñez, Luis “Pato” Gentilini, José Augusto Moreno, Lucho Díaz, Alma García, “Chichi” Costello, Néstor “Poli” Soria, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, en fin, una pléyade de artistas que reflejaban nítidamente el cultivo del espíritu humano alcanzado.

Sus grandes sabios y pensadores, Miguel Lillo, Juan B Terán, Tiburcio Padilla, e incluso los que siendo procedentes de otros países como García Morente o Rodolfo Mondolfo trabajaron y formaron estudiantes en la provincia.

Bien, la provincia y el país durante 30 años, de mediados de la década de 1940 a mediados de la década de 1970 se basaba en el mercado interno y en la defensa acérrima del trabajo y la producción nacional.  Los impuestos gravaban principalmente al comercio exterior y a los beneficios empresarios, a las ganancias de capital, al exceso de beneficios y a la riqueza personal.

El golpe de Estado de 1955 no pudo cambiar el modelo económico pero si hizo más regresivo el sistema tributario alcanzando más al trabajo que al capital, sin embargo al dependerse del consumo interno se cuidaron de “no matar la gallina de los huevos de oro”, y dado que los empresarios podían aumentar sus precios, por un lado se incrementó el impuesto al consumo, y por el otro, se incurría en déficit fiscal que a su vez se monetizaba profundizando el proceso inflacionario, que se corregía con periódicos incrementos salariales. Dada la estructura impositiva el país crecía con precios nominales que lo hacían en forma más que proporcional (impuesto inflacionario), pero la economía incrementaba la producción de bienes y servicios en una tasa promedio del 3,4% anual entre los años 1945 a 1974.

Es el golpe militar de 1976, con intentos frustrados antes como el llamado “Rodrigazo” en junio de 1975, el que logra tras una brutal represión destruir ese modelo virtuoso que amalgamaba los intereses de los empresarios con el mercado interno, para proponerse insertar en el mundo con la producción primaria y algunos enclaves industriales, implicando con ello la incapacidad de generar trabajo y trabajo de calidad, y la dependencia de insumos, tecnología y financiamiento del exterior.

Diseñaron un país que se abre al comercio internacional “regalando” a las grandes empresas formadoras de precios el mercado interno, que baja los aranceles y sube la tasa de interés para castigar el trabajo y la producción local (haciéndolos competir de manera desventajosa), y premiar el ingreso especulativo de capital, que significó y significa el trillado camino de la dependencia y el enriquecimiento de una minoría a costa de la población y su futuro.

Entonces si se cambia el eje económico, la política tributaria se hace funcional a ese cambio y se grava cada vez más al trabajo, al consumo y a la población, mientras que el Estado reduce su participación en el PIB. David Ratto publicista de la dictadura militar hilvanó la frase “Achicar al Estado es agrandar la Nación”, para que el que determine las reglas sea el capital privado.

Salvo la honrosa gestión del Ministro Bernardo Grinspún en 1984, durante 27 años se llevó adelante la misma cantinela y el resultado no pudo ser otro que la implosión en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El ajuste fiscal realizado en todos esos años implicó menores gastos en educación y salud, en obra y en tecnología, en un Estado cada vez mas ausente, que menos gravaba a los ricos y proporcionalmente la mayor recaudación quedaba a atada al consumo (IVA, impuestos internos, combustible) y al salario, donde entra a jugar un mínimo no imponible que hace que paguen impuesto a la ganancia una fracción importante de trabajadores, mientras paralelamente los sectores beneficiados por el modelo tienen argucias legales y no legales para no pagar el gravamen, sino, que nos digan cuando pagaron por año del Impuesto a las Ganancias las cien empresas que fugaron 24.769 millones de dólares, como informó el BCRA, durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri.

Solo con el kirchnerismo y después de la hecatombe de 2001-2002 volvió a crecer la economía y mejoró la participación de los asalariados en el ingreso, y también se incrementó la participación del Estado en el PIB,  de representar el gasto público consolidado solo el 26,5% en el año 2022, era de más del 40% en el año 2010 por ejemplo, lo que permitió acrecentar la obra pública, los gastos en educación, en investigación y en salud, y sobre todo una estrategia estatal de orientación de la economía, que estimulaba la producción y el trabajo. Dicho gasto fue financiado básicamente con impuestos. El total de la recaudación tributaria nacional de la Argentina  2010 fue de $ 409.899,6 Millones, en dólares serían más de U$S 100.000 Millones, suma que es casi el doble del año de mayor recaudación del plan de convertibilidad del peso de los años 1991-2001 y, de los gobiernos que vinieron después, de Macri y de Alberto Fernández, cuya recaudación no superó nunca (la recaudación es en pesos) equivalente a los U$s 60.000 Millones anuales.

De esa manera la presión tributaria nacional en al año 2010 fue del 28,7% del PIB, que es un 11,8% superior al promedio de los años 90, en que la presión tributaria nacional era del 16,9% de la producción anual y, en el año 2022 fue del 22 ,4 % del PIB, incluyendo contribuciones previsionales en todos los casos.


SCHOCK DITRIBUTIVO

Con todos sus errores (y también sus grandes aciertos) el Kirchnerismo en la Argentina (y otros movimientos nacionales y populares en América Latina) lograron demostrar que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura en todo el país, y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso y apuntalando al mercado interno y regional.

Como podemos aceptar que el INDEC nos diga que en el mes de abril 2023 una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos en edad escolar necesita un ingreso mensual neto, de bolsillo (y sin contemplar los gastos de la vivienda)  de $ 203.361.- para no ser pobres y, el salario mínimo vital y móvil, que es operativo sobre todo en el interior del país y en el tercer cordón bonaerense, sea de $ 69.500 por mes y para un jornalero $ 347,5.- por hora.  

Que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina afirme que 6 de cada 10 chicos padecen de inseguridad alimentaria, no consumen las proteínas y vitaminas suficientes porque no les alcanza la comida o es de baja calidad nutritiva.

Que la jubilación mínima y el 60% de los jubilados y pensionados cobran la mínima o cerca de la mínima, sea de solo $ 58.600.- en marzo 2023  y va a ser de $ 70.938.- en junio de 2023.- Trabajan y son pobres, trabajaron toda la vida y son pobres.  

El salario mensual promedio en blanco en la Argentina actual es de $ 242.412.-  unos 1.000 dólares al tipo de cambio oficial, cuando en el mes de noviembre de 2015 era de $ 15.600.-  (convertido a dólares, unos 1.750.- dólares por mes).-

Es más, un indicador aceptable es el consumo de asado, percibiendo el salario mínimo vital y móvil en el año 2002 se podía comprar 34,1 kgm de asado.  Con Kirchner se llegó a comprar con el salario mínimo 109 kgm de asado y, en abril de 2023 solo 43,3 kgm de asado.

Se exporta lo que consumimos , por eso el ajuste económico, lo demuestra clara y palpablemente el precio de la carne vacuna. En el año 2022 según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se faenaron 3.363.000 de toneladas de res con huesos, de los cuales se exportó por 900.609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipina, Vietnam, Taiwán y Hong Kong, destinándose al mercado interno 2.462.000 toneladas, a razón de 200.000 toneladas por mes. El Consorcio ABC, constituido por 16 frigoríficos liderados por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, más los supermercados “La Anónima” y COTO SA, FRIAR SA; los brasileños Swift y Marfrig, etc. realizan el 80% de las exportaciones de carnes argentinas, por lo que al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó de sobre manera, reduciendo el consumo per cápita anual a solo 52,9 kilos en el año 2022 y, fue de 47,8 kilogramos per cápita en el año 2021 (el registro más bajo de los últimos 100 años), según informa el Instituto Promotor del Consumo de Carne Vacuna, dependiente de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador no necesita de muchos trabajadores y si requiere reducir el Estado y el mercado interno.  Que no se controle nada, por eso no dejaron que el Estado intervenga en Vicentin SAIC y pretenden continuar y renovar la licitación de la mal llamada hidrovía del Paraná, para que el Estado nacional y provincial no participe, como es la vigencia del Decreto 409/2020 con ese objetivo.

Como se puede aceptar que se quite a más de 4.000.000 de hogares el subsidio en el precio de las tarifas de los servicios públicos, que son una parte relevante no solo del gasto de las familias sino de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo y, dado el grado de concentración entre extractivistas, transportadores y distribuidores de gas, se termina aceptando la propuesta de ellos, cuando no se sabe cuál es el costo real de la extracción del petróleo o del gas, obviamente no es lo mismo extraerlo de cuencas ricas en ambos, que sacarlo debajo de la plataforma marina, pero el p recio final lo fija el gas o petróleo de costo más caro.

Como se explica el Precio que paga CAMMESA (empresa mayoritariamente estatal) el gas proveniente de la Cuenca Austral sea de 9,50 dólares /MMBTu y, el Precio de Gas de exportación a Chile en la Cuenca Neuquina definido por la Subsecretaria de Hidrocarburos es de 7,73 dólares /MMBTu. Y a la vez en el invierno se paga por la importación (básicamente de Bolivia) 8,93 dólares /MMBTu.

La pobreza de más de un 40% de nuestra población se refleja en la riqueza y fuga de menos del 2% de los que viven en este país.

Si queremos tener un destino y un país más justo, donde no convivamos con la degradación de la pobreza, hay que llamar a los responsables de las primeras cien empresas que fugaron 24.679 millones de dólares y las primeras cien personas que compraron 822,4 millones de dólares durante el macrismo y que, el gobierno sabe quiénes son y, decirles como amasaron esa fortuna y cuanto de la misma declararon y pagaron el impuesto a las ganancias.  Y no hacer de cuenta que acá nada ha pasado como pretenden y han hecho con la deuda generada en la dictadura militar y con la pesificación asimétrica de su deuda en dólares en el gobierno de Duhalde.

Sigo escuchando nuestra música y decir a Don Ata: “Las penas y las vaquitas, se van par la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.


1  El indicador del INDEC deja ex profeso afuera de la Canasta Básica Total los gastos de alquiler  de la vivienda.

2  Se consume u n 5% o menos de soja y sus derivados y se exporta todo lo demás, pero la soja reemplaza física y geográficamente a otros cultivos.  De 42 millones de hectáreas cultivables, 14 millones son con soja.

3   La última medición del INDEC corresponde al segundo semestre del año 2022 y dice que fue del 39,2% de la población Y obviamente pos la suba de los precios de los alimentos la situación empeoró.





Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.