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¿Y ahora?... ¿quién podrá defenderla?

opinión

La Universidad Nacional de Tucumán como víctima en y de una mega-estafa. Por Gustavo Morales.

Imagen de archivo.-


  “Somos víctimas irremediables de todo lo que ocurre más de una vez” (Quino)

    “El miedo lo vuelve a uno supersticioso” (Adolfo Bioy Casares)

     “A pesar de mi escepticismo me ha quedado algo de superstición. Por ejemplo, esta extraña convicción de que todas las historias que en la vida ocurren tienen además un sentido, significan algo. Que la vida, con su propia historia dice algo sobre sí misma, que nos devela gradualmente alguno de sus secretos, que está ante nosotros como un acertijo que es necesario resolver” (Milan Kundera) 

 Año 2010. San Miguel de Tucumán.

 Empieza una investigación preparatoria a cargo de la Fiscalía Federal n° 1, cuyo titular es Carlos Brito, en la que la Universidad Nacional de Tucumán es “damnificada;” en ese momento valuado el daño patrimonial en casi ochenta y seis millones de dólares- cuyo monto incluso es mayor-, en el marco de una relación- convertida en espuria- con “Yacimientos Mineros Agua de Dionosio”, creado por Ley Nacional N° 14.771.

 Los investigados son: el entonces rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Contador Público Nacional Juan Alberto Cerisola, así como los funcionarios Osvaldo Venturino, Luis Alberto Sacca (ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical) y la Ingeniera Olga Cudmani.

 El hecho que se les endilga es que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades funcionales “dar por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18 inciso b de la ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20% de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir, que no existe ningún antecedente y/ o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha en que se firmó -convenio n° 6 UNT – YMAD, de fecha 02/01/2008…. Se creó un mecanismo normativo paralelo incumpliendo el sistema de contrataciones vigentes, con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, para evitar así la transparencia de los procedimientos, facilitando la arbitrariedad   en la asignación de los contratos, reconociendo erogaciones no previstas, incluso eludiendo todo mecanismo que haya sido diseñado para garantizar que las contrataciones se realizarán bajo el dominio de los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad que consagra la ley 13.064 y el decreto 1023/2001 y que se constituye en el régimen de Contrataciones de la Administración Nacional…. (sic).

 ¡Por fin!, el 25 de octubre de 2018 concluye la instrucción con una acusación fiscal por los delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “estafa por administración fraudulenta” en contra de Cerisola y por aquel último tipo penal a los restantes involucrados.

Se trata, sin embargo, de una burda mascarada de pesquisa porque deliberadamente el órgano persecutor prescinde indagar sobre los comportamientos, en este alambicado andamiaje corrupto, de las autoridades de YMAD, por lo menos, a partir de 2006.

Es que la venalidad es un baile de a dos salvo que se acredite una enfermedad como la “esquizofrenia”.

Sugestivamente omiten advertir esta gruesa incompletitud, el Juzgado Federal N° 2, bajo la órbita del magistrado Fernando Poviña (hijo), la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y el Tribunal Oral.

No obstante, el advenimiento a la sala de juicio de la causa en el año 2019, en más de cuatro años, aún no se lleva a cabo el debate oral y público.

En este contexto queda expuesto el deleznable accionar maliciosamente omisivo de las “excelencias”, el fiscal Pablo Camuña y del apoderado de la” víctima querellante” – Universidad Nacional de Tucumán- el abogado Rodolfo Tercero Burgos, a quien el actual rector Sergio Pagani lo premia con la ratificación de aquél, como representante legal de esta “casa de estudios”, a comienzos de 2023.

La impudicia es infinita. 

Después de tres años, el “perito oficial”, el Ingeniero Francisco Pedro Guzmán, integrante del “Cuerpo de la Oficina Anticorrupción del Poder Judicial de la Nación”, peticiona una nueva prórroga para completar su tarea técnica.

Mientras tanto, los silencios como las “dilaciones indebidas” son toleradas y hasta alentadas por el Tribunal y los acusadores público -Camuña- y particular- Burgos- perfectamente direccionados a un único norte: LA IMPUNIDAD o, en otras palabras, el sobreseimiento de la totalidad de los comprometidos “por prescripción de la acción penal” o por “insubsistencia” de ésta.

Pero… como enseña Mario Benedetti “a pesar de los males endémicos y los académicos” no hay ni habrá “HAPPY END” pues el altamente probable el dictado de una sentencia condenatoria a Cerisola y su banda como también un abanico de futuras investigaciones a los suspicazmente olvidados.

¡PIEDRA LIBRE!

Es que como asevera OCTAVIO PAZ: “QUIEN HA VISTO LA ESPERANZA, NO LA OLVIDA. LA BUSCA BAJO TODOS LOS CIELOS Y ENTRE TODOS LOS HOMBRES”

DR. GUSTAVO MORALES

MP 3924

ABOGADO PENALISTA

            

 

Gustavo Morales

Abogado penalista (MP 3924)