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Por qué la Argentina tiene de hecho un sistema bimonetario

TRIBUNA ABIERTA

El economista tucumano Horacio Rovelli retoma los dichos de la vicepresidenta en su última aparición pública y explica la relación entre bimonetarismo, inflación y deuda con el Fondo Monetario Internacional. Párrafo aparte para la evasión de las grandes empresas en el período 2015-2019.

Foto: Infobae.-


La señora vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en varias y diversas oportunidades se refirió al sistema bimonetario argentino, esto es, la existencia de dos monedas que se utilizan en el país.  La última aparición pública fue el 10 de marzo, cuando la Universidad de Río Negro le dio el Doctorado Honoris Causa, en que en una parte de su discurso dijo textualmente: “…si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo, tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas y los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina”.

El sistema bimonetario se caracteriza por cumplir dos condiciones a la vez:

  1. Por un lado el empleo de la moneda local (el peso) como moneda de cambio y, la moneda extranjera (el dólar) como moneda de ahorro 
  2. Y, a la vez, los grandes formadores de precios internacionalizan los mismos y con ello plantean sus utilidades medidas en moneda dura.

Para el primer caso basta saber que para el año 2022, el INDEC estima que los residentes argentinos tienen en el exterior 362.258 millones de dólares, que están en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras, buena parte directamente no declarados, que por la vía de la salida de capitales se fueron acumulando a lo largo de los años fuera del sistema financiero local.

Y del lado de la internacionalización de los precios, las grandes empresas igualan el valor que obtienen en el exterior con el que venden al mercado argentino.  Por ejemplo, en marzo de 2023 la botella de aceite de girasol marca “Cocinero” que produce Molinos Río de la Plata SA, se vende en Ámsterdam  (principal puerto de entrada de la Unión  Europea) a 2,42 euros.  El girasol se siembra y cosecha en la Argentina, se prensa para convertirse en aceite y se envasa en su planta de Victoria –Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, viaja 10.000 kilómetros para venderse en Europa,  y en el mercado local esa botella no se consigue por menos de $900. Quiere decir que incluso fijan el precio que ellos quieren, porque la cotización oficial del euro tipo vendedor al día 14 de marzo 2023 es de $214,74, por lo que el producto debería haberse vendido a $532,55 y se lo vende a no menos de $900. Están tomando un precio del euro de $362,9.

Es más, se está construyendo el gasoducto Néstor Kirchner que va a llevar gas de Vaca Muerta (Neuquén) a San Pablo (Brasil), bien actualmente (marzo 14 de 2023) en la Argentina el precio del gas es de 5,76 dólares el millón de btu y en Brasil es de casi el doble. Cuando terminen el ducto, seguramente que las empresas intervinientes van a pretender vender al mismo precio en el país que en Brasil.

LA CAUSA DEL PROBLEMA

El problema reside en que hay que extremar los esfuerzos para conseguir divisas y pagar una deuda impagable. Lo dijo en el mismo discurso la vicepresidenta de la Nación: “…solamente de capital de la deuda el año que viene, se debe pagar 15.421 mil millones de dólares, el que sigue 18.546 mil millones de dólares, el que sigue 19.255 mil millones de dólares, en el 2027 empiezan de a 23 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares, 24 mil millones de dólares, 24 mil millones de dólares, 23 mil millones de dólares en el año 2032”.

Esa es la razón por la que existe una presión permanente a que se acreciente el valor de las divisas en la Argentina. Ahora, esa deuda no benefició al pueblo argentino.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, que superó los 100.000 millones de dólares, unos 24.000 millones se utilizaron para pagar deuda externa (comprende los 9.300 millones de dólares que se le pagó a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer). Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como paga sus gastos en pesos, le vendió esos dólares al BCRA, y el  BCRA se lo vendió a los bancos y éstos los compraron para sí o para sus clientes. 

Nunca pensaron los que compraron dólares desaforadamente, que el BCRA le iba a pedir a los bancos que se los vendieron, quienes fueron los que adquirieron esas divisas y, esa es la razón por la que esas empresas, en sus Memorias y Balances que publican anualmente, no pueden demostrar de dónde sacaron los recursos para poder comprarlos.

En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas (divisas en efectivo, en cuentas a cobrar, en cuenta corriente, en caja de ahorro, en certificado de depósitos plazo fijo, en títulos de deuda externa, etc.). Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Haciendo ese estudio observamos que las empresas que más compraron dólares en el período 2016-2019 son Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, que lo hizo por 1.248 millones de dólares; Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compró 903,8 millones; TELECOM SA del Grupo Clarín, compró 647,5 millones de dólares; el Grupo Arcor presidido por Luis Pagani, que adquirió a través de sus empresas controladas Arcor SAIC y Bagley Argentina 360,7 millones de dólares; el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas (TECPETROL SA, Ternium Argentina SA, y Transportadora Gas Del Norte SA) adquirió 547 millones de dólares; y demás empresas, sumando  las 100 primeras la compra de 24.769 millones de dólares y, ninguna de ellas, puede demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo. 

Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en cumplimiento de sus misiones y funciones debería haber investigado los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo la AFIP debería haber fiscalizado los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias -nacionales y/u offshore- estaban esas tenencias.  Y si lo hizo no lo sabemos por el “secreto fiscal”, pero lo cierto es que el pueblo argentino paga la deuda y los beneficiados con su compra y fuga no fueron ni siquiera llamados para aclarar sus cuentas.

Esa es la razón por la que el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la Nación y que tiene dictamen por la mayoría (básicamente el Frente de Todos) y por la minoría (básicamente Juntos por el Cambio) en la Cámara de Diputados de la Nación, para convocar a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos y obligarles a abrir sus estados contables, para que justifiquen la operatoria y en caso de evasión fiscal, multarlas. Con esos recursos evadidos constituir un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es por un lado justicia y, por otra parte, al disminuir la deuda de la Administración Nacional, disminuye la presión al incremento permanente del precio de la divisa norteamericana en nuestro país.

Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.