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El caso Lucio Dupuy y una propuesta de debate sobre las violencias

OPINIÓN

Luego de la condena a Magdalena Espósito Valenti, madre del niño asesinado, y a su pareja, Abigail Páez, el abogado penalista Gustavo Morales plantea las autocríticas que se deben plantear los diferentes estamentos estatales que fallaron previamente al aberrante crimen.


“El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño” (Mary Shelley).

“Con la violencia olvidamos quienes somos” (Mary McCarthy).

“Donde hay poder, hay resistencia” (Michel Foucault).


Detrás de una conflictiva penal existen historias de poder, desigualdad y violencia. La muerte a golpes de un niño por su madre y por la pareja de ésta constituye un disparador para numerosas reflexiones, porque ese homicidio es la consecuencia fatal de padecimientos e injusticias previos. Veamos.

El advenimiento del óbito de ese menor es la adición de diversas omisiones funcionales maliciosas porque fallan todos los controles sociales.

Los médicos que asisten al infante golpeado –a veces de manera atroz– callan.

La magistrada que otorga la tenencia del pequeño a la mamá, seguramente basándose en anteriores informes psicológicos y socio-ambientales redactados con la mendacidad de los clichés judiciales, o sea, copia de un modelo informático aplicable a todas las causas, también guarda silencio sobre el maltrato doméstico.

Además, el Ministerio Pupilar incurre en una pasividad deleznable por no arbitrar con la mayor celeridad posible los recursos para revertir una inicua sentencia, exponiendo de esa manera al menor a un contexto de mayor perversión.

El Superior Tribunal exhibe otra execrable inacción al no peticionar la formación de un jurado de enjuiciamiento en contra de la jueza interviniente ante la Comisión de Juicio Político de la legislatura local y, simultáneamente, la sustanciación de sumarios administrativos a los profesionales actuantes –especialmente, psicólogos y asistentes sociales.

Tampoco exterioriza reacción institucional alguna por lo menos una autoridad pública para instar la remoción de la jueza que ordena que dicho menor quede a merced de sus asesinas.

Es la hora de auténticas autocríticas y de asumir responsabilidades, que las tienen muchos, porque se trata de una muerte evitable.

La pena de prisión perpetua a las autoras materiales de hechos delictivos sobre el cuerpo de un indefenso únicamente aporta mayor violencia estatal. Siempre el sistema punitivo es tardío y furgón de cola de problemáticas irresueltas por políticas públicas.

Es el momento de abandonar el (in)cómodo papel de espectador e involucrarse en el sufrimiento ajeno de los que carecen de voz, porque de lo contrario se es cómplice o traidor.


Gustavo Morales

Abogado penalista (MP 3924)