El ajuste constante del Presupuesto Nacional para pagar la deuda externa

En primer lugar el Presupuesto de la Administración Nacional 2023 cumple el acuerdo con el FMI, reduciendo el gasto público del 20,68 % del PIB estimado en 2022, al 19,7 % en 2023, para de esa manera, cerrar el próximo año con un déficit total de 3,9% del PIB[1] (Es en pesos pero equivalente a unos 16.000 millones de dólares), de los cuales 1,9% del PIB es el déficit primario y 2% del PIB son los intereses del total de la deuda pública nacional.  

El BCRA por el acuerdo con el FMI, solo puede financiar el 0,6% del PIB, quiere decir que la Administración Nacional va a tener que endeudarse y/o retrasar pagos por 3,3% del PIB, de los cuales, y siempre según el Mensaje presupuestario, obtienen unos 4.100 millones de dólares de organismos internacionales de crédito (1% del PIB), a su vez la Argentina no puede colocar títulos de deuda en los mercado externos porque el precio de los actuales es muy menor al valor nominal[2],  por ende 2,3% del PIB de déficit debe obtenerlo de colocar títulos de deuda en el mercado financiero local (Banco, aseguradoras, fondos de inversión y ricos del país).

El problema principal y condicionante del presupuesto de la Administración Nacional es el pago de la deuda externa, deuda generada por el gobierno de Cambiemos que incrementó la misma en más de 100.000 millones de dólares, de los cuales abonó 24.000 millones de deuda (entre ellos los 9.300 millones de dólares que se le pagó a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer).   Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como paga sus gastos en pesos, le vendió esos dólares al BCRA y, el  BCRA se lo vendió a los bancos y, éstos los compraron para sí o para sus clientes.

El problema reside que los 100 primeros clientes que compraron en el período 2016-2019: 24.679 millones de dólares al BCRA, no lo pueden demostrar en sus estados contables y, tampoco pueden hacerlo en sus DDJJ las 100  personas que adquirieron es ese período 822,6 millones de dólares.

Como si esa evasión fiscal no existiese, el gobierno nacional envía el proyecto de Presupuesto para el año 2023 y no hace ninguna mención ni tan siquiera de la sanción del Senado de la Nación, que tiene dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda y que presentara el Senador Oscar Parilli, para recuperar parte de esa evasión y multar a los responsables.

Entonces se pagan los intereses de esa deuda y, se aceptan las condiciones que impone el FMI para que los vencimientos del capital con ese organismo internacional sean reemplazado por una financiación a diez años, a una tasa de interés que no para de subir, porque es la forma que tiene los EEUU y los países centrales para frenar su proceso inflacionario. La deuda es cada vez mayor y los intereses también,  entonces se deben reducir todos los demás gastos del Estado nacional para cumplir  con esas obligaciones.

En un interesante trabajo que publico CIFRA-CTA donde tomaron el incremento nominal del PIB presentado en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 del 79,2% y, al considerar que, según afirma el Mensaje del proyecto, se crece en 2% con respecto al corriente año 2022, da un índice de precio implícito del 75,7%.   Con esa estimación ponderan que el gasto público total se reduce en un 2,6% con respecto al año 2022 (que es coherente con la menor participación del gasto público nacional en el PIB que sería del 19,7% en el 2023, contra los 20,68% del PIB de este año 2022). Y el gasto que más aumenta en el ejercicio fiscal 2023 por las elecciones es la partida para el Ministerio del Interior que lo hace en un 40% en términos reales.   Seguido por los Servicios de la Deuda que lo hace en un 24% real, y Obligaciones a Cargo del Tesoro (que también es básicamente pago de deudas financieras[3]) que se acrecienta en 10,5% real.  Todas las demás partidas decrecen para realizar un ajuste final  del 2,6% mencionado.

CONSIDERACIONES

El Estado es el responsable del sistema previsional nacional que representa, desde hace años, alrededor del 43% del gasto total de la Administración, punto que no varía (pese al crecimiento vegetativo de los beneficiados de 6.950.749 jubilados y pensionados de este año 2022 a 7.124.285 para el año 2023). A su vez, el total del gasto social (seguridad social, asistencia social, salud, educación, etc.) alcanza a los 18,6 billones de pesos y  representa el  64,36% del presupuesto de la Administración Nacional del 2023  que es de 28,9 billones de pesos.

Los denominados “servicios económicos”, son básicamente la inversión y los subsidios al transporte y la energía, en que se produce una importante reducción de los subsidios, que caen del 3,57% al 3,09 % del PBI.

En un marco en que el gobierno estima una inflación del 60% para el año 2023, mientras se supone terminar 2022 con un 95% de inflación y, fue la razón por la que en el Dictamen único de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación que fue aprobado por esa Cámara,  se dispuso que si al 31 de agosto de 2023 la inflación medida por el IPC del INDEC supera en un 10% la meta establecida en el presupuesto o, los ingresos fiscales superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley complementario, de esa manera se evita que se tomen decisiones  por Decreto.

RECURSOS TOTALES:

Los recursos totales de la Administración Pública Nacional en 2023 se prevé que alcancen los $ 22,5 billones, incrementándose nominalmente en 80,0% frente al corriente año 2022.  La recaudación tributaria (impuesto y derechos de exportación e importación) es el ingreso más significativo (se estiman en $ 15 billones) y los aportes y contribuciones previsionales (se estiman en $ 6,6 billones) reflejan una economía cada vez más dualizada, donde hay un sector relacionado al comercio exterior (minería, hidrocarburos, granos y sus derivados, maquinarias y equipos, utilitarios y autos de alta gama, construcción privada, grandes bancos y fondos de inversión) que tienen una importante tasa de crecimiento, mientras que los sectores ligados al mercado interno subsisten.

Los ingresos no tributarios son los provenientes de tasas, regalías, derechos, alquileres, multas, y otros recursos no impositivos. La venta de bienes y servicios se refiere a venta de activos (propiedades, equipos en desuso, venta de servicios que presta el Estado nacional, etc.). La renta de la propiedad son principalmente  las generadas por el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, administrado por la ANSES, y provienen de la tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos a plazo fijo, préstamos y obligaciones negociables con el sector privado y público no financiero. Las Transferencias Corrientes se refiere a  la cesión de fondo de un organismo fuera del Presupuesto, por ejemplo el INSSJyP (PAMI) que en el  año 2022 le transfirió  9.000 millones de pesos al Tesoro de la Nación.

Los gastos corrientes representan la mayor proporción en el total del gasto (91,9%) donde la principal erogación es el pago de la seguridad social ($ 11,2 billones de pesos) y, las transferencias corrientes ($ 8,7 billones) que comprende el total de subsidios a la población (económicos y sociales) tanto a empresas privadas como a personas y, a las Universidades Nacionales ($ 0,8 billones), a las Provincias ($ 0,9 billones) y a las Empresas Públicas ($ 1,9 billones). Dentro de esas empresas fundamentalmente a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) que en 2023, representa el 85,0% de esas asignaciones y que asiste a las transportadoras y distribuidoras de electricidad de todo el país.

Los intereses de la deuda serían de $ 2,7 billones y muestran un incremento con respecto a este año 2022 del 102,7% y es de acuerdo a la clasificación por objeto o inciso el gasto que más aumenta.   Por jurisdicción va a ser el Ministerio del Interior, por la implementación de las elecciones nacionales  

Los gastos de capital de la Administración Nacional se incrementan en $ 1,1 billones en  el presupuesto 2023 (aumenta el 85,1% con respecto a la partida de 2022) y significan solo el 1,6% del PIB.

La transferencia de capital más significativas es a la empresa Energía Argentina S.A – ENARSA, por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que permitirá ampliar la capacidad actual del sistema de transporte facilitando el traslado del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos del país. Se espera que durante la primera etapa de la construcción se generen 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil de manera indirecta. De esta manera la inversión en el sector energético prevé alcanzar un monto de $ 0,4 billones

Las otras transferencias de capital son al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), y al  Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

El monto previsto de crecimiento de la inversión real directa se encuentra influido principalmente por las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación; la Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte del Ministerio de Obras Públicas y el Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte.

Se debe destacar que no se presupuestó ninguna partida para las obras en el Canal Magdalena y si, en cambio, para la obra del Canal Punta Indio a 143.900 km., el Codillo hasta la Isobata de 12 m –Río de la Plata,  con un monto de 5.000 millones de pesos, que es la salida obligada al Puerto de Montevideo (Uruguay), ratificando la dependencia hacia ese puerto.

EN SINTESIS

Más allá de la intención del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, de querer introducir un artículo que en cumplimiento de la Constitución Nacional en que: “…La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” obligue a los jueces y personal de la justicia que perciba ingresos por encima del mínimo no imponible pague el impuesto a las ganancias.  Y que en otro artículo le daba la potestad al Poder Ejecutivo de modificar las tasa de los derechos de exportación, ambos finalmente eliminados de la sanción de esa Cámara, lo cierto es que el Presupuesto de la Administración Nacional 2023 es más austero que el de los años anteriores de este gobierno y es el menor de lo que va de este siglo.

Tal vez el ejemplo más claro sean las partidas para la Educación pública, que se reducen con respecto a este año 2022, aún con la ampliación que le hizo al proyecto del Gobierno el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, agregando los gastos de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes  y el del Fondo Nacional de Incentivo Docente.  Paralelamente, se aprobó en la sanción de la Cámara, otro artículo que permite deducir los gastos en educación privada del Impuesto a las Ganancias por hasta el 40% del mínimo no imponible.

O la aprobación de otro artículo que extiende los beneficios de la Ley 27.679 que permite el blanqueo de tenencias en dólares para la construcción, la sanción de Diputados permitirá también blanquear la tenencia de divisas para la compra de viviendas usadas, tanto para destino de uso familiar como para alquiler. 

O para las industrias se aprobó en la sanción un blanqueo al 5%,10%,15% y 20%, según la fecha de ingreso. Los dólares se podrán usar para importar insumos y la AFIP no tendrá en cuenta la Capacidad Económico Financiera del contribuyente, que cuadra con las nuevas regulaciones del Banco Central y el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIPA), que permite hacer pagos anticipados con dólares propios.

O para aquellas compañías que inviertan al menos $ 30.000 millones podrán diferir en tres períodos el pago del impuesto a las Ganancias que resulte de la aplicación del ajuste por inflación.

El presupuesto Nacional 2023 es como ha sido este gobierno, generoso para una minoría de la población al que le da todo tipo de beneficios para que liquiden exportaciones y o blanqueen sus tenencias de dólares, pero reduce las partidas para gasto previsional y social, reduce los subsidios a energía y transporte y, apuntala una economía orientada al mercado externo.  Incluso ratificando las obras que hacen depender nuestro comercio exterior como es el dragado del Canal Paraná Bravo para que la vía navegable llegue hasta el puerto uruguayo de Nueva Palmira  y, el Canal Punta Indio en el Río de la Plata para llegar a Montevideo.