Top

El problema de la Tierra

OPINIÓN

En nuestro país en particular y en toda la América hispana nos quedó como castigo la propiedad de la tierra, el latifundio, cuando antes de llegar el español su trabajo y apropiación eran comunitarios. Por Horacio Rovelli.


Si fuera mío el rastrojo
Este pañuelo de tierra
Junto al río que los ojos
De mi caballo refleja

“Soñando con la cosecha” Jaime Dávalos 

La posesión de la tierra y la renta[1] es para pocos,  la fundación OXFAM[2]  afirma que en toda América  Latina el 1% de los propietarios posee el 50% de las tierras, con ello demuestra cómo la matriz productiva y distributiva de las colonias sobrevive y persiste más de 200 años después, tornando en realidad el presagio de Simón Bolívar antes de morir por la tuberculosis, “Hemos arado en el mar”. 

En nuestro país, según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89 % de la superficie con una extensión promedio de 22.000has y el otro 99,1 % de propietarios se reparte el 66,11% restante.

El Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina detectó que más de 1.100.000 Has pertenecen a empresas radicadas en paraísos fiscales. Dicha superficie equivale a 55 veces la Capital Federal

Basta como ejemplo que el ciudadano inglés Joseph Lewis, cuya  fortuna según la revista “Forbes” se calcula en 5.300 millones de dólares, es una de las más grandes de Gran Bretaña y está entre las 300 personas más adineradas del mundo.   En la Argentina, además de contar con 20.000 has y utilizar como lago propio el “Lago Escondido”, es socia en “Pampa Energía SA” de Blackrock y del grupo Mindlin,  ello demuestra el poder económico que tiene y su influencia política correspondiente, en Río Negro,  el  Intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, antes de asumir ese cargo en el año 2015, era el contador de la empresa Ladera SA que es presidida por el cuñado de Nicolás Van Dittmar, alter ego de Jospeh Lewis y, la actual Gobernadora, Arabela Carreras, oriunda de Bariloche, autorizó en septiembre 2021, a la firma Ladera SA, a lotear y urbanizar el cerro Perito Moreno, un área de alta montaña protegida por la ley de bosque nativo. 

Y así sucesivamente influyen los grandes propietarios de la tierra de nuestro país y sus socios, que ya no es España o Inglaterra, son las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos y carnes que operan en la Argentina con puertos y embarcación propias y/o controladas por ellos, donde el Estado (nacional, provincial, municipal) no se mete porque tiene prohibido el ingreso.

[1] David Ricardo desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación, más en el caso argentino por el contrario con las tierras más fértiles del planeta, donde más productividad hay en su zona núcleo

[2]  Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942 y  Oxfam Internacional fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes

ADM; Bunge; Cargill; Louis Dreyfus (LDC); Glencore (Viterra, ex Oleaginosa Moreno); COFCO; Aceitera General Deheza; ACA; Molinos Agro (Pérez Companc) representaron en el año 2021 el 80% de las exportaciones de granos, donde la producción de oleaginosas y cereales representan los dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina. Durante el último quinquenio (2017 a 2021) las exportaciones de los sectores oleaginosos y cerealeros representaron el 46,2% de las ventas totales al exterior, casi 30.000 millones de dólares anuales.

.Específicamente el capítulo oleaginoso facturó unos 20.000 millones de dólares por año, siendo el complejo sojero responsable del 90% de las ventas externas en dicho rubro (con primacía de productos semielaborados como aceite y subproductos). Por su parte el sector cerealero tuvo un promedio anual de ventas al mundo de casi 10.000 millones de dólares, con primacía del complejo maicero (60% de dicho rubro) y del trigo (30% del mismo).

Ahora bien, si tomamos solo el año 2021 veremos que esta hegemonía se profundizó, gracias al incremento en los precios internacionales de los commodities impulsado por el efecto que tuvo la pandemia en el comercio internacional. El año 2021 ambos sectores llegaron a representar el 51,75% de las exportaciones totales de la Argentina, superando los 40.000 millones de dólares.

Según un estudio reciente de Diego Fernández (que forma parte del libro El campo argentino en pandemia. Ganadores, perdedores y cuentas pendientes), los precios internacionales de los granos subieron un 53,5% entre mayo de 2020 y marzo de 2021, mientras las manufacturas solo crecieron un 9,2%. Eso quiere decir que, gracias a la pandemia, aumentó el “poder de compra” de la misma bolsa de granos, sin que mediaran mejoras en la productividad ni una mayor inversión. Pura renta.

De otra manera: en 2021 con una tonelada de soja se pudo comprar un 27,6% más de bienes y servicios que en 2020, porque los precios de los granos en pesos (traducidos al tipo de cambio oficial y descontadas las retenciones) superaron a la inflación. En el año 2021 mientras los granos crecieron un 94% en pesos, el Índice de Precios al Consumidor según el INDEC, se incrementó en un 52%. 




La Argentina vende cada vez más bienes primarios o a lo sumo su manufactura, que implica una integración al mundo con menos valor agregado (trabajo), preguntémonos cuanta mano de obra demanda la exportación de una tonelada de soja o de maíz, máxime con la tecnología alcanzada y aplicada en el país.

Esto es, en la Argentina el capital privado, muy concentrado y extranjerizado, toma cada vez más dimensión, radicándose básicamente en la propiedad de la tierra para fines extractivos y de producción agrícola ganadera.  

El modelo de desarrollo agropecuario imperante está centrado en el monopolio del acceso a las tierras más fértiles y basado en el desarrollo de agro negocios y pools de siembra, con fuerte dependencia de tecnología importada y control de las exportaciones por parte de monopolios extranjeros.

Este modelo agropecuario multiplica la contaminación ambiental y la degradación de las tierras, ha sido incapaz de generar empleo, reproduce la inseguridad alimentaria, aumenta la dependencia tecnológica, la concentración económica, con ello, la capacidad política que tiene un reducido sector empresarial para imponer sus intereses inmediatos sobre el conjunto de la sociedad y, su capacidad de internacionalizar los precios de los alimentos, que combinado con la presión a la suba del tipo de cambio, encarece el costo de vida con inflación anual que  a medida que el modelo se desarrolla supera la inflación del año anterior.

Este modelo de agronegocios se presenta como lógico al sistema, pero la desmesura de las demandas de los que se benefician con este tipo de desarrollo agropecuario y extractivo en condiciones en que la pobreza aqueja a más de un  40% de la población, en lugar de ser  controlado por el Estado, hacen que sea el propio Poder Ejecutivo Nacional quien propicia el Proyecto de Ley denominado  “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que consensuó con el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino) para garantizarles estabilidad fiscal hasta el año 2025 (esto es que no aumente la tasa de derechos de exportación –retenciones) a  este sector, fuertemente extranjerizado con predomino de empresas transnacionales 

Es más, tratan de asegurarse las alícuotas vigentes de los derechos de exportación (retenciones) para apropiarse con exclusividad del mayor precio internacional, cuando si se hubiera contado con la estructura de derechos de exportación del kirchnerismo, solamente en maíz en granos el Estado nacional hubiera percibido 1.176,8 millones de dólares de ingreso extra en el año 2021.


Por ejemplo, en el maíz, el precio de la tonelada en el mercado de Chicago era en marzo de 2020 de 148,52 dólares, en junio 2021 es de 271,95 dólares y en junio 2022 es de 304,20, significando un incremento del 105% medido por la divisa estadounidense; encima el gobierno devaluó nuestra moneda en ese lapso en un 92,4% (tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina paso de $ 66.- a $ 127) y, sin embargo, el derecho de exportación sigue siendo del 12%, por lo que esa fabulosa renta se la apropian los grandes acopiadores y comercializadores de granos sin dar más participación al Estado que el 12% , cuando el Estado le asegura y posibilita que así sea.

Esto explica porqué, en la cosecha 2020/21, declararon exportar 37 millones de toneladas de maíz en granos, cuando se declara producir 45 millones de toneladas, y, en la cosecha 2021/22 se exporta 38,4 millones de toneladas con una producción de 47,7 millones de toneladas, impactando en el precio de las carnes (vacuna, porcina, aviar) en la Argentina, cuando usa el maíz como forraje. Y en el consumo directo de maíz (polenta, copos, etc.) 

Igual pasa con la producción y comercialización de la carne vacuna, es cierto que se trata de unos 220.000 productores y de 4.000 matarifes e industriales, pero se concentran y cartelizan en el denominado “Consorcio ABC”,  conformado por los primeros 16 frigoríficos exportadores que concentrarán el 66% de las ventas externas y,  que, además, controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa.

Se debe recordar las maniobras de subfacturación en las exportaciones del sector, en peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza, así como la declaración de compra de animales de menor valor a los que realmente se comercializan.  La Secretaría de Comercio Interior en el año 2021 demostró que se realizaron operaciones con productores que no estaban registrados y operaciones con productores registrados que no son declaradas (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones). Así como también la utilización de facturas apócrifas y subfacturación de ventas (Operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades declaradas), multando a  S.A Carnes Pampeanas; Azul Natural Beef SA; Frigorífico General Pico SA; Frigorífico Alberdi SA; On beat SRL; Panoa SRL; Arre Beef SA; COTO centro integral de comercio SA; FRIAR SA;  Quickfood SA; Swift Argentina SA; Tutto Porkys SRL; Logros SA; Marfrig Argentina SA; Carnes Sudamericanas SA; y Black Bamboo Enterprises SA, todos conspicuos comercializadores de carnes del país.

Todos ellos beneficiados por la ley 21.453/76, titulada “Exportación: Nuevas normas para productos de origen agrícola” sancionada el 8 de octubre de 1976, que incluso  el sector la denomina “Ley Agropecuaria”, que en su Artículo 3ero. permite que las ventas al exterior sean registradas mediante declaración jurada. Y en el Artículo 6to. que la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la ley de facto, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.

Con el surgimiento de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), los grandes exportadores consiguen diferir el momento en que supuestamente se pacta la venta de aquel en que efectivamente se concreta (es decir, se embarca) la exportación. Entre uno y otro evento puede pasar un año, pero el Estado cobra su tributo o derecho según los precios vigentes al día de la declaración. 

La propiedad de la tierra y su poder económico e influencia hace a la vez que la recaudación del impuesto inmobiliario rural sea cada vez menor, en el año 2021 solamente fue del 3,7% del PIB,  cuando el IVA representó el 10,5% del PIB. Estamos hablando   de las tierras más fértiles del planeta, donde coexiste la concentración de la propiedad y una cada vez mayor migración del sector, que no puede ser retenida en el ámbito rural bajo las condiciones del actual modelo productivo,  que es el nudo gordiano a dilucidar con el modelo propuesto por los dueños y señores del “campo” de cada vez menos productores y éstos a su vez, más concentrados y poderosos, y por tanto fuera del alcance de nuestras leyes y de nuestra Constitución Nacional

Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.