El FMI y el modelo extractivista, agropecuario exportador

Cuando asumió la presidencia de la República Argentina Raúl Alfonsín, la deuda externa rondaba los 43.600 Millones de dólares, su primer ministro de economía, el Dr. Bernardo Grinspun, impulsó por un lado la investigación del origen de la deuda, y por el otro, un acuerdo de los países deudores de la región para negociar globalmente la misma, quienes se encontraron en las Ciudades de Cartagena y de Mar del Plata en el año 1984, pero la iniciativa no prosperó porque los gobiernos de ese entonces de Brasil y México, decidieron negociar por país aceptando la presión del FMI.  

El 18 de febrero de 1985 tras un violento cambio de palabras con el representante del FMI, Joaquín Ferrán, en su despacho del ministerio, Grinspun le exigió que se retire, al día siguiente, Alfonsín le pidió su renuncia y, asumió en su reemplazo, Juan Vital Sourrouille.

En marzo de 1985 el por ese entonces Secretario de Hacienda, Dr. Norberto Bertaina, uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, y que se quedó en funciones por pedido expreso de éste, debió subir hasta el 5to piso del Ministerio de Economía, donde el ministro Sourrouille le pidió que llevara los números del presupuesto al FMI, el Dr. Bertaina le dijo que eso no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el presupuesto.  Esa digna y constitucional actitud le costó dejar el cargo, y fue sucedido por Mario Brodersohn, que además le atribuyeron el rol de Jefe de Negociación de la deuda externa.

En 1985 el Estado Argentino continuaba técnicamente en default, ya que solo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba.  El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de los intereses impagos. Solo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI, esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, que fue un plan de ajuste, que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno, para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.

El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (pesos por un austral).

Con  fecha 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión de Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos,  por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, reconocido en el libro “El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos” firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer[1], donde dicen textualmente:

“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa.  La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en 1985”, con lo que se legitimó la deuda externa al cambiar los títulos firmado por funcionarios de la dictadura por nuevos del gobierno constitucional de Alfonsín.

Durante los años 1985-1988 el pago de intereses de la deuda fue por la totalidad del superávit comercial del periodo (Unos 8.500 Millones de dólares), sin embargo, la deuda externa pública nacional creció para ser de 63.200 millones de dólares al final de 1988, porque los intereses superaron ampliamente a los pagos.

El Plan Austral se basó en el deterioro salarial, de las jubilaciones y pensiones, de la reducción de la planta de trabajadores estatales, la posibilidad de privatizar, la disminución del gasto y la obra pública, y el aumento de la presión tributaria sobre la población, de esa forma el gasto público descendió de ser el 29,2% del PIB en 1984 a ser el 22,8% en 1988 y, pretendió continuar hasta que en 1989 eclosionó.

El 6 de febrero de 1989 el Presidente del BCRA, José Luis Machinea, reconoció que no podía vender un solo dólar más, lo que provocó la hiperdevaluación (El valor del dólar pasó de 17,62 australes a  650 australes cuando asumió Carlos Menem la presidencia de la República el 9 de julio de 1989, luego siguió para ser de 10.000 australes  el 1 de abril de 1991- Plan de Convertibilidad[2] y con ello la híper inflación, siendo la misma de 3.079,5 por ciento anual para ese año 1989 según el INDEC.

Nicolás Maquiavelo construye su doctrina, que nace de la “experiencia de las cosas modernas” y la “lección de las cosas antiguas” en una concepción cíclica de la historia y, viendo lo que sucede con el gobierno de Alberto Fernández en su inicio y ahora, parece darle la razón.

En efecto, el actual gobierno comenzó con un discurso enérgico de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo de 2020, donde dijo que iba hacer investigar la deuda hasta las últimas instancias y, le solicitó al BCRA que hiciera un informe sobre la misma. Rápidamente se les requirió a los bancos quienes y cuando compraron divisas durante los años 2016 – 2019 y, el BCRA lo publicó el 20 de mayo de 2020, donde constaba que casi ocho millones de personas físicas y jurídicas (sociedades) adquirieron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros que son empresas, habían comprado 24.769 millones de dólares en ese lapso.

Los bancos y sus cliente que compraron el dinero extranjero, deben haber pensado que jamás le iban a pedir esa información, pero resulta que dos años largos más tarde, pese a que la AFIP sabe que ninguna de esas 100 empresas pagó impuestos a las ganancias  por el monto que compraron divisas, por un lado y, por otra parte, si bien es cierto que el gobierno de Macri fue flexibilizando los límites de compra para no poner ninguno, lo cierto es que los compradores de divisas deben demostrar fehacientemente el origen de los recursos por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que data del año 2.000. Todas las empresas que conforman el lote de las 100 primeras compradoras por un total de 24.769 millones de dólares en el transcurso de la gestión de Cambiemos, cotizan en Bolsa y por ende deben presentar sus estados contables de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), amén de las normas impositivas del país.

Es más, existe un cuadro de Flujo de Fondos (Generalmente denominado “Estado de Flujos de Efectivos Consolidados”) que debe hacer constar el aumento neto en el efectivo y en el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de divisas por la empresa. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera y de allí se obtiene la información de cuántos dólares se adquirió en el ejercicio fiscal.

Observando las Memorias y Balances de esas 100 empresas, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ninguna contabiliza haber adquirido los dólares que aparecen comprando en el Mercado Libre de Cambio y que, constan dichas operaciones en los bancos que se los vendieron.

La AFIP debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarles a “abrir el balance” para que justifiquen la operatoria y multarlas por evasión fiscal. Que se sepa, si lo hizo o lo hace, no se publicó nada al respecto.

Lo mismo pasa con la deuda pública, imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno afrontó la lucha contra la pandemia del covid gracias al sacrificio de su personal de salud y de asistencia a la población. El costo fiscal fue enorme, hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) fue del 6,37% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 25.000 millones de dólares).

Bien, por ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario se logró recaudar 204.640 millones de pesos (Equivalente a unos 2.000 millones de dólares)[3], lo demás fue financiado por el BCRA y, colocando títulos del Tesoro de la Nación de deuda pública de corto plazo, ajustado por inflación (que es la mayoría de esas colocaciones) y por dólar linked (es en pesos pero se ajusta por el valor oficial del dólar), deuda que ha generado una burbuja especulativa que representa al día de hoy al 14,5% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 60.000 millones de dólares), prácticamente el 58% del gasto presupuestario anual de la Administración Nacional, con el agravante del ajuste que no es controlado por el gobierno (inflación y precio del dólar).

Con el pasivo financiero del BCRA sucede igual, al último día hábil de abril 2022 la suma de pases pasivos, Leliq y Notaliq supera los 4,4 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a 36.500 millones de dólares) que devenga un interés nominal anual promedio del 47% anual, pero como mayoritariamente se trata de Leliq a 7 días (que se capitaliza), la tasa efectiva anual ronda el 58%, por lo que la deuda crece en forma exponencial.

LAS EXIGENCIAS DEL FMI

En medio de ese desmadre de las cuentas públicas y del BCRA, con dos burbujas financieras que crecen sostenidamente; en un marco de niveles de pobreza alarmante y una economía que redistribuye regresivamente el ingreso, el gobierno acuerda con el FMI y se compromete a lograr incrementar las reservas internacionales del BCRA en 15.000 millones de dólares entre los años 2022, 2023 y 2024.  

Para ello en el año 2022 la meta es de acrecentar las reservas en 5.800 millones de dólares, 4.000 millones de esa moneda en el 2023 y, los 5.200 millones de dólares restantes en 2024.

Ahora bien, si en los dos años completos transcurridos, 2020 y 2021, que se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 27.278 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en igual lapso en 5.615 millones de dólares (eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y fueron 39.575 millones de dólares dos años más tarde), como es posible pensar que se puede acumular dichas reservas

El gobierno y el FMI no lo ven por el lado de limitar severamente el pago de intereses y capital de la deuda externa privada[4], que según informó el Ministro Guzmán a los gobernadores en la reunión del 5 de enero 2022, se les vendió las  divisas al valor oficial (sin límite y sin ningún gravamen a pagar)  por 9.300 millones de dólares.  Tampoco por el de limitar los adelantos a las importaciones y nada que sea condicionante para esas empresas que, mayoritariamente, son las mismas que figuran entre los grandes compradores de divisas en la gestión de Cambiemos y en todos los tiempos, al menos desde la dictadura militar a la fecha.

Lo que propone el FMI es acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, de manera tal que abarate para el exterior (medido en divisas) nuestros productos, activos y trabajo y, al revés, que sea cada vez más caro importar bienes o servicios.  Esto es, proponen maximizar el superávit comercial para que se acreciente sideralmente.

Nosotros no tenemos un problema con el tipo de cambio, de hecho, el valor del dólar oficial en torno a los $ 120.- como es en los primeros días de mayo 2022, es sumamente competitivo (lo explica el importante superávit comercial) y, es semejante al valor promedio del año 2002, tras la brutal devaluación por la ruptura de la paridad fija de uno a uno y la convertibilidad de nuestra moneda.

Se devalúa para pagar una deuda espuria y tomada a espalda del pueblo argentino, que fue fugada por una minoría parásita y rentista y que debería ser investigada y penada por tal hecho.

La devaluación creciente implica una inflación creciente, dado que ambas se retroalimentan. La suba del tipo de cambio encarece los alimentos, reduce el salario real, las jubilaciones y pensiones (dado el salario y las jubilaciones y pensiones no se incrementa en la misma proporción), por lo que existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, jubilaciones y pensiones.  

Si el dólar sube, el salario (las jubilaciones y pensiones) real se caen. Como más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva de la población) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menor que en Brasil, se entra en una economía cada vez más dualizada, una minoría que se integra vía exportaciones y la mayoría que se encuentra en una situación cada vez peor, que incluso supera los límites de la subsistencia.

EN SINTESIS

Es obvio que seguir el camino del FMI implica subordinarse a un modelo extractivista, agropecuario y exportador que no puede contener a 46 millones de personas, la experiencia vivida con el gobierno de Raúl Alfonsín debería servir de ejemplo de lo que va a pasar.  

El FMI va a presionar en un constante tire y afloje durante este año 2022, incluso va a otorgar los waiver (exención) que sean necesarios, pero en el año 2023 que es un año electoral por un nuevo mandato, va a jugar fuerte y le va a soltar la mano a Guzmán (como se la soltó a Sourrouille y su equipo en 1989 o, a Domingo Felipe Cavallo en el 2001), para que el nuevo gobierno se le subordine integralmente.

Si el precio del dólar sube, el salario (las jubilaciones y pensiones) real se caen. Como más del 70% de lo que se produce se destina al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva de la población) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume, se entra en una economía cada vez más dualizada, una minoría que se integra vía exportaciones y la mayoría que se encuentra en una situación cada vez peor, que incluso supera los límites de la subsistencia.

PROPUESTA

- El principal objetivo es modificar la presente matriz distributiva como forma de confrontar con la vigente estrategia de la desigualdad. 

- El problema argentino es la vigencia de un cuadro simultáneo de extrema pobreza, extrema riqueza y destrucción estructural de su capacidad productiva.

- Fijar el Salario Mínimo Vital y Móvil por los valores correspondientes a la canasta que define la línea de pobreza establecida por el INDEC. 

- El Salario Mínimo Vital y Móvil se encuentra desde marzo 2022 en el orden de los $35.000 por mes. Igual trato se debe hacer con las jubilaciones y pensiones que en marzo 2022 es de un haber mensual de $ 32.640.

- Plan de Obra Pública que es imprescindible para disminuir drásticamente el flagelo de la desocupación y de la precariedad laboral, para poner en marcha la reactivación de la economía argentina.  Este plan de construcción tendrá dos componentes fundamentales: el primero consiste en la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción, mientras que el segundo está basado en la obra pública, especialmente en la construcción vial. 

- Utilizar parte de las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), Notaliq y Pases Pasivos que es dinero inmovilizado por más de 5,2 Billones de pesos (es en pesos, equivalente a dólares 43.000 millones) transformarlo en un stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA. 

- No hace falta seguir ajustando el tipo de cambio, la paridad de mayo 2022 es similar a las del año 2002. Lo demuestra el superávit comercial.

- Fijar fuertes cupos de exportación a la carne vacuna, al trigo y al maíz, primero se abastece al mercado interno y luego el saldo se exporta.

- Volver a las tasas de derechos de exportación (retenciones) del año 2007.

- Aumentando el consumo interno se genera más demanda de nuestros productos y más trabajo.