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Porqué no debemos acordar con el FMI

TRIBUNA ABIERTA

El economista tucumano Horacio Rovelli plantea que la "debilidad" de la economía argentina es "la permanente fuga de capitales, el pago de la deuda, y la administración de sus recursos financieros que se hallan destinados a la especulación, y no a la producción ni el desarrollo con justicia social".

El ministro Guzmán expone ante gobernadores. Lo acompañan Alberto Fernández y Juan Manzur. (Foto: Twitter @JuanZabaletaOk)


Sin haber firmado un acuerdo con el FMI, el ministro Martín Guzmán ejecutó en su gestión un severo ajuste fiscal demostrado palpablemente cuando su administración redujo el déficit fiscal de 8,5% del PIB en el año 2020 a 4,8% en el corriente año 2021[1], reduciendo en términos reales (descontada la inflación) las partidas para los haberes previsionales, las transferencias (subsidios) a las personas, y a las provincias, e incumpliendo con el plan de obras públicas con la sideral importancia que tiene el Estado en la economía del país. 

El gobierno priorizó el pago de los intereses de la deuda antes de asistir a la población e incluso, utilizó el aumento de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI que eran para combatir el flagelo del covid, para pagarle los dos vencimientos de capital del FMI del año 2021.

El problema jurídico es que la deuda colocada en los mercados mediante títulos públicos fue legal, porque el Congreso de la Nación, con la oposición de la izquierda y del kirchnerismo de la época (Unidad Ciudadana) se opuso, la aprobó por la mayoría obtenida por los diputados y senadores del bloque oficialista de Cambiemos, y del “Frente Renovador”.

En cambio, la deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, la solicitó y obtuvo el gobierno de Macri sin cumplir con las menores normas de procedimiento de la deuda.

Primero, se firmó una Carta Intención en junio de 2018 y después se amplió en octubre de ese año, ante la corrida cambiaria que llevó el valor del dólar de casi $ 20  a casi $ 40 ente abril y julio de 2018.

En los acuerdos firmados con el FMI en junio y octubre, de ese mismo año, constaba que el gobierno presidido por Mauricio Macri informaría diariamente al FMI todas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Como ejemplo de esas transferencias, al primer desembolso de 18.000 millones de dólares, le siguió una venta en moneda extranjera, casi equivalente a esa suma, sin que el Fondo hubiera advertido al gobierno, o procedido conforme lo indica su normativa, como surge del informe que publicara el 20 de mayo de 2020, el Banco Central de la República Argentina denominado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.  

El FMI efectuaba el crédito de 32.200 millones de  DEG a la Argentina[2], mientras la fuga se continuaba y se aceleraba, sin que los técnicos de dicho organismo internacional y sus autoridades efectuaran advertencia alguna al gobierno, o le comunicaran el conocimiento de lo que estaba ocurriendo a los efectos de adoptar las medidas que resultaran necesarias, para terminar con ese estado de situación y, tal como lo exige el Artículo 6to, Inciso “a” de su Convenio Constitutivo.[3]

Aun con el incumplimiento del Convenio Constitutivo del FMI, y sin la autorización del Congreso de la Nación, el gobierno de Cambiemos tomó el crédito para concretar la fuga de capitales, tal como lo reconociera y dijera expresamente el expresidente Mauricio Macri ante el canal de noticias CNN de los EE.UU, el 8 de noviembre de 2021: “La usamos para pagar a los bancos comerciales”.

Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI, es decir, es el país con mayor poder de decisión en este organismo multilateral de crédito que básicamente responde a sus intereses. En este sentido, en vez de bloquear un préstamo que iba en contra de lo establecido en el Convenio Constitutivo del organismo, decidió que se le otorgue el préstamo al gobierno Macri para apoyarlo en su reelección y, si así no fuere (como  pasó), condicionar severamente al gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2019.

Como lo reconociera el expresidente Macri la Argentina se endeudó, pero no para comprar y terminar con las concesiones de los puertos privatizados en la gestión de Menem, o de recrear nuestra propia marina mercante o modernizar los FFCC que liquidaron en la década de los ‘90. O para construir un millón de viviendas, no, ni siquiera se compró un ladrillo, nos endeudamos para que una minoría fugue capitales.

En el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA se sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 compradores de dólares mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Nunca dieron a conocer oficialmente el listado de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares.

Otros de los primeros 100 compradores de dólares en la gestión de Cambiemos son Monsanto Argentina SA; el Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná);   Aceitera General Deheza; Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny;  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos liberó la compra y venta de divisas sin límite alguno, como si cualquier ciudadano puede comprar 1 millón o 10 o 100 millones de dólares, aún así, en todos los casos, el comprador debe justificar la procedencia de los fondos, tal lo exige la Ley 25.246 de Lavado de Activos que fue sancionada y promulgada en el año 2000 y, eso obviamente no se hizo y son responsables el comprador y el banco que le vendió.

Ninguna de esas 100 empresas declaró y menos pagaron impuestos por la mitad de los dólares que compraron.  La pregunta obligada es ¿por qué no los llama la AFIP y reclama a cada una de esas 100 empresas?  ¿Cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron si no declararon ganancias por los montos que adquirieron?  Y si no lo hace la AFIP, ¿por qué no lo hace la Justicia Argentina o la Comisión Bicameral de Seguimiento de la deuda externa del Congreso de la Nación?

Las condiciones del FMI

El ministro Martín Guzmán, en la reunión con los Gobernadores del 4 de enero 2022, dijo que el Estado Nacional argentino tiene que pagarle al FMI, entre capital e intereses, U$S 19.000 millones de dólares este año 2022 y U$S 20.000 millones en 2023. Además, aportó un detalle poco difundido sobre el endeudamiento. Dijo que los pagos de deuda del sector privado en moneda extranjera son el principal factor que explica la diferencia entre el excepcional superávit comercial de los últimos dos años y la acumulación de reservas internacionales del BCRA En sus dos años de mandato, según consignó el ministro, el gobierno de Alberto Fernández le otorgó a un grupo de grandes empresas de la Argentina la suma de 8.300 millones de dólares para pagar la deuda que esas empresas privadas contrajeron durante el gobierno de Cambiemos, a la par del proceso vertiginoso de endeudamiento público. 

En esa reunión, el ministro advirtió que "el acuerdo con el FMI no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo de la Argentina; hay mucho trabajo por hacer; es tan grande el problema que va a llevar años resolverlo" y recordó que los compromisos de deuda plantean una "situación absolutamente insostenible", al asegurar que el total de vencimientos de la deuda pública nacional (FMI y otros), más los vencimientos de la deuda del sector privado  suman compromisos por años de U$s 28.000 millones en 2022 y U$s 30.000 millones en 2023,  suma que es casi el doble del superávit comercial del país.

La Argentina obtuvo en el año 2020 un superávit comercial  (las exportaciones superaron a las importaciones) de 12.528 millones de dólares y en el año 2021 rondará los 17.000 millones de dólares, sin embargo las Reservas Internacionales del BCRA son 4.000 millones de dólares menos que en diciembre de 2019.

La causa fundamental es que la Argentina no solo pagó y paga los intereses de una deuda espuria, sino que incluso le vende los dólares al tipo de cambio oficial a las empresas privadas para que paguen sus supuestas, o reales, deudas cuando la mayoría de esas empresas están entre las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos.

Por lo expuesto, la economía argentina no encuentra su debilidad en el escaso ingreso de divisas, ni en la falta de dinero. Por el contrario, su problema radica en la permanente fuga de capitales, el pago de la deuda, y la administración de sus recursos financieros que se hallan destinados a la especulación, y no a la producción ni el desarrollo con justicia social.

Es más, en su exposición ante los gobernadores, el ministro Martín Guzmán sostuvo que el déficit primario (antes de pagar los intereses de la deuda) de la Administración Nacional del año 2021 fue del 3,5% del PIB (Unos $ 13.300 millones) y que   el FMI exige  un desequilibrio primario del orden del 2,5% para el año 2022, y de 1,8% del PIB para el año 2023 ( A dinero de 2021 son unos $ 4.440 millones y para el año 2023 otra reducción del gasto en $ 3.100 millones más.

Los problemas son dos. Uno, que el ajuste se hace pagando menos haberes previsionales y sociales.  El otro, que paralelamente exige que el financiamiento del BCRA sea cada vez menor, con lo que obliga al Estado a endeudarse para pagar deuda (toma deuda nueva para pagar deuda vieja, con lo que siempre seguimos endeudados).

En síntesis

No existe el “default” con el FMI, como país miembro y dada las serias deficiencias y anormalidades reconocidas por el propio organismo en el crédito a la Argentina, cabe suspender todo pago hasta que se sepa fehacientemente a donde fue cada dólar concedido, recuperarlo y amortizar deudas con el FMI en el menor plazo posible.




[1] El PIB se calcula en 416.111 millones de dólares, cada punto de ajuste fiscal es equivalente a 4.116,1 millones de dólares, al tipo de cambio oficial unos 444.000 millones de pesos, por ende el ajuste fiscal fue de  $ 15.000 millones de pesos

[2] DEG (Derechos Especiales de Giro) que es una canasta de moneda que conforma  el FMI y que en diciembre 2021 es equivalente a 1,41 dólares. Por lo tanto en dólares es de U$S 45.400 millones.

[3] Artículo VI Inciso a) del  FMI: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. 

Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.