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Presupuesto de la administración Nacional 2022

OPINIÓN

"El presupuesto presentado para el año 2022 tiene serias inconsistencias internas, no resiste el menor análisis". Por Horacio Rovelli, economista tucumano.

Fondo Monetario Internacional.


El acuerdo con el FMI exige como paso previo que se cuente con una ley de Presupuesto para la Administración Nacional, dado que teóricamente el presupuesto es el plan anual del gobierno y dice de donde se detraen los ingresos y que gastos se realizan, por lo que de por sí establece ciertas bases y puntos de partida de como se desarrollará la economía del país el año entrante.  Pero en la sesión de la Cámara de Diputados que se trató el tema y que llevó 20 horas entre el jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de diciembre 2021, se rechazó el presupuesto 2022, votando 132 diputados en contra, 121 a favor, y una abstención.

Obviamente que cada sector político que compone la Cámara tuvo sus razones, pero el hecho objetivo es que el Presupuesto presentado no resistía el menor análisis, no solo los supuestos macros son incumplibles, una inflación ponderada del 33% para todo el año 2022 y un dólar a diciembre 2022 de $ 131,1, cuando se sabe que el FMI presiona para que ese sea el valor del dólar desde el comienzo del año entrante y, a su vez, el mismo Presidente del BCRA dijo y después de las elecciones del 14 de noviembre 2021 y lo está instrumentando, que ajusta el tipo de cambio oficial en forma similar a la   inflación (que no va a ser del 33% anual y si lo fuera, implica un dólar de $ 172,9 para diciembre del año 2022). 

No es un tema menor para un país que el FMI le exige un superávit comercial anual por encima de los 15.000 millones de dólares, como va a pasar este año 2021, donde las exportaciones no alcanzan a ser los 81.067 millones de dólares estimados para este año 2021 (rondarán los 75.000 millones de dólares), pero las importaciones son muy menor a los 68.189 millones proyectados. Y ello es así porque se está realizando un fuerte ajuste externo y fiscal que reduce la actividad económica, por más que hay sectores ligados al mercado externo que se recuperaron y con creces del año pasado, pero los salarios, jubilaciones y pensiones y demás ingresos fijos quedaron muy rezagados, por lo tanto el mercado interno se reduce y a medida que se sigan profundizando dichos ajustes la economía se divide en un sector que se integra al mundo (minoritario y que con toda la furia arrastra a un tercio del producto) y el sector mayoritario, que representa no menos del dos tercio de la población que sobrevive si es que puede.

En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario (y demás ingresos fijos) con el precio del dólar, si el precio del dólar sube, los ingresos fijos caen en términos reales, por la simple razón que exportamos alimentos y los acopiadores y comercializadores de granos (y sus derivados, harinas, pellets, aceite, biocombustible) y de carne, están muy concentrados y fijan los precios, ante la lucha denodada de la Secretaría de Comercio Interior en un marco macro sumamente desfavorable.

El presupuesto presentado para el año 2022 tiene serias inconsistencias internas, por un lado, el sistema tributario argentino está ligado al nivel de actividad y al crecimiento de los precios, ambas variables de fuerte aumento en el año 2021,  por eso es que la recaudación tributaria acumulada en los primeros once meses del año alcanzó la suma de $ 9.825.096 millones, que representa un acrecentamiento del 65% con respecto a igual lapso que el del año 2020, empujado por el IVA que se acrecentó en un 70% i.a. (con la importancia del impuesto en el  total de recaudación), el Impuesto a los Combustibles (87% i.a.) y, el incremento de nuestras exportaciones, la recaudación por los derechos de exportación (retenciones) crecieron interanualmente en un 144,9%, gracias al importante aumento de los precios de los alimentos y forrajes en los mercados internacionales, pero dado el bajo nivel (tasa) de derechos de exportación (y el gobierno pretende que se le otorgue estabilidad fiscal hasta el año 2025),  esto impacta directamente sobre los precios de esos productos en el mercado interno.  

Acompañaron el proceso de mejora recaudatoria el Impuesto a las Ganancias (60,5% i.a.) y, los aportes y contribuciones previsionales (53,9% i.a) que finalmente no desentonaron con respecto a la inflación real, pero que muestra que el crecimiento fue desigual, haciéndolo en sectores ligados a las exportaciones y en menor medida en los que se destinan al mercado interno.

El problema más serio es que el modelo económico vigente no va a crecer el 4% en el año 2022 y la inflación superará raudamente el 33% estimado, imponiendo un modelo desigual, profundizando las condiciones de marginalidad y de pobreza que son realmente alarmantes e injustos. 

Para restarle seriedad al presupuesto, el gobierno nacional  mediante el DNU 809/2021, publicado en el Boletín Oficial el 26/11/2021, concretó una multimillonaria modificación del mismo, con reasignación de partidas y aumento del gasto, en una ampliación de las erogaciones en torno al 30% respecto al texto original. Donde prácticamente toda la administración nacional recibe fondos adicionales para hacer frente a los gastos corrientes y  la financiación de programas específicos que la ley 27.591 no contemplaba 

Uno de los beneficiados fue la ANSES que es el organismo encargado del pago de jubilaciones, pensiones, Asignaciones Familiares, AUH, y otras prestaciones sociales, que de hecho, de menor  a mayor, durante todo el año 2021 incrementó el pago de asignaciones y concedió bonos de compensación de los haberes previsionales para las remuneraciones mínimas para tratar de paliar el impacto inflacionario  También los poderes Judicial y Legislativo recibieron más partidas dentro del Presupuesto 2021. Y se incrementaron las partidas para cubrir los subsidios en los servicios públicos, como energía eléctrica y gas, y en el transporte. 

El DNU 809/2021 abarca readecuaciones y decisiones de política que fueron tomadas a lo largo del año que actualizan los créditos para gasto primario de la Administración Nacional en $1.215.000 millones. Esta actualización se encuentra parcialmente compensada por el incremento de la recaudación (gracias esencialmente a la inflación) en $ 345.000 millones con respecto a  lo estimado en la ley 27.591 de presupuesto del corriente año 2021 y, justifica un déficit fiscal del 3,5% del PIB, que no estaba reflejado en los “Resultado Fiscal” publicado todos los meses por la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Independientemente de los valores nominales, la ejecución presupuestaria de este año 2021 va a ser menor en términos reales que la volcada como proyección en el Mensaje 49 de Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022, de allí que plantea una reducción del déficit fiscal para que sea en torno del 3,5% del PIB en lugar del 5,8% que establece la ley y que, el gasto público nacional será del 22,37% del PIB cuando en el año 2020 fue del 25,96%   (PIB que es un 9,9% menor al del año 2019) y, se estimaba en el Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2022 de solo 21,92% del PIB. 

La ampliación del gasto del DNU 809/2021 significa un déficit fiscal total del corriente año en torno del 3,5% del PIB,  implica un ahorro (no ejecución del gasto) del 2,3% del producto bruto interno con respecto a lo planificado en la Ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional del corriente año 2021, en que, a su vez, el gobierno estima el PIB en el equivalente a 416.111millones de dólares. Por ende, el ahorro fiscal significa unos 9.570 millones de dólares. Si lo ponderamos al tipo de cambio oficial es más de un billón de pesos que deberían haberse usado para mejorar las jubilaciones y pensiones, realizar las obras públicas por el 2,5% del PIB como estaba establecido en la ley 27.591 y que no se cumplió, y desarrollar otros gastos públicos para asistir a la población y a las provincias, máxime en medio de la pandemia del covid-19. 

Finalmente el financiamiento del déficit, a pesar de que se pudo lograr refinanciar los vencimientos en pesos e incluso en una renovación mayor, básicamente por instrumentos indexados a la inflación (CER) como son las letras de corto plazo (Lecer) y los bonos (Boncer), con vencimientos que llegan hasta marzo de 2024 y, de títulos públicos vinculados al dólar estadounidense (dólar linked), la magnitud del déficit hace que se termine el año 2021 con un 62% de financiamiento vía BCRA (utilidades y Adelantos al Tesoro) y el 38% restante por colocación de títulos de deudas referidos.

 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 2022

El Congreso de la Nación decidió tratar el Mensaje 49 del Poder Ejecutivo de Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022, que había presentado el 15 de septiembre 2021, en el que las estimaciones para el año entrante se hace en base a la ejecución también supuesta del año 2021, guarismo que modificó drásticamente  el DNU 809/2021 del 26 de noviembre 2021, con lo que resulta que por dicho Mensaje Nº 49, no se pueden comparar los números del año 2021 con el 2022

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 no presenta ningún pago para cancelar los vencimientos de la deuda contraída con el FMI, por lo que se entiende que el acuerdo con ese organismo internacional comprende un período de gracia para abonar el capital adeudado. Pero paralelamente el Ministro Martín Guzmán el día lunes 13 de diciembre 2021 que se presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación,  modificó la planilla de Fuentes y Aplicaciones Financieras en nada menos que, es en pesos, pero equivalente a  unos 12.500 millones de dólares provenientes de otros organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF, FIDA, FONPLATA, etc.) en calidad de “financiamiento neto”,  suma que supera viarias veces el financiamiento de los últimos años[1].

En la semana del lunes 13 al viernes 17 de diciembre 2021 en que se trató el proyecto de marras, se hicieron nuevas e importantes modificaciones al Mensaje Nº 49 del 15 de septiembre 2021.  

Por un lado, pese a que se acordó con las provincias ampliar el plan de obra (Plan Plurianual de Inversiones) y se modificó la planilla de Fuentes y Aplicaciones Financieras en el equivalente a unos 12.500 millones de dólares, se desfinanció totalmente la ejecución del Canal Magdalena, que es el canal de vinculación natural entre el litoral marítimo y el fluvial argentino,  resulta primordial para el desarrollo económico  de la Patagonia y la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y, geo estratégico para el control y fiscalización del Atlántico Sur.    Es el vínculo necesario para que los barcos que proceden de los puertos marítimos nacionales o de ultramar, puedan acceder a los puertos fluviales, sin pasar por aguas uruguayas, donde actualmente se someten a esperas en cola para ingresar y, en definitiva, quedan fuera de la jurisdicción Argentina, sin beneficio alguno para nuestro país y si para las empresas exportadoras e importadoras que tienen en el privatizado puerto de Montevideo su principal administración. 

Las provincias del norte argentina habían logrado que el gobierno nacional incremente la partida del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros Automotor, para subsidiar a las empresas prestadoras del servicio público de transporte en  sus localidades de 27.000 a  46.000 millones de pesos 

Otra importante modificación planteada en el articulado del Proyecto de Presupuesto 2022 no aprobado por la Cámara,  estaba la prórroga del régimen de regularización de obligaciones de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, la proveedora del producto. Se trata de deudas de las empresas prestadoras del servicio de distribución de la energía, como es el caso de Edenor que tienen una deuda con CAMMESA por la compra de electricidad que rondaba los 18.000 millones de pesos, cuando fue comprada por la corporación Vila – Manzano – Filiberti  a principios de este año 2021, corporación que es dueña de la empresa mendocina Edemsa, la cual está en crisis hace más de una década, arrastra litigios con el gobierno mendocino, presenta resultados económicos que no la favorecen y, además, le debe alrededor de 9.000 millones de pesos a la CAMMESA por energía que no ha pagado en los últimos años.

Paralelamente, en el proyecto de Presupuesto Nacional 2022 no aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, se reducían en términos reales las partidas para los gastos sociales, esencialmente el plan Potenciar Trabajo, en la cual el Estado invertirá este año $ 226.000 millones, según el crédito vigente en el sistema de presupuesto abierto y para el año 2022, el proyecto oficial fija un monto de $241.096 millones, y así con el resto de las partidas de los programas sociales, dando un resultado negativo en términos nominales, con una inflación esperada del 33%.

PROGRAMAS SOCIALES PRESUPUESTO NACIONAL 2021 y MENSAJE 49





 

CREDITO

Mensaje 549

Incremento

CONCEPTO 

VIGENTE

Presup.2022

Nominal

AUH/AFFF

578.850

733.652

26,74%

Potenciar Trabajo

226.000

241.096

6,68%

PROGRESAR

80.412

40.736

-50,66%

Políticas Alimentarias

246.500

295.466

19,87%

Resto Programas Sociales

244.650

298.015

21,81%

Vacunas COVID

425.000

115.000

-72,95%

TOTAL

1.801.412

1.723.965

-4,49%

 

 

 

 

Nota:  En millones de pesos corrientes



Fuente: Mensaje Nº 49  Proyecto de Ley de Presupuesto 2022


 

EN SINTESIS

El Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional mostraba claras inconsistencia que seguramente estaba supeditado al programa que delinearon el Ministro de Economía Martín Guzmán y la Directora General del FMI, Kristalina Georgieva, y que contra reloj acordó en Washington la delegación encabezada por el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; el Secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el Vicepresidente del BCRA, Jorge Carreras; en los primeros días de diciembre 2021,que procura un sendero de reducción del déficit fiscal, una restricción creciente a la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, y una meta de reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelosdevaluando el tipo de cambio oficial.

Esto es, acuerdan un programa a 10 –diez- años de plazo para que la Administración Nacional pase de tener un déficit fiscal del 3,5% del PIB como es actualmente a un superávit que le permita comprar las divisas para pagar los intereses de la deuda por tres o cuatro años y luego, en siete o seis años restantes amortizar el capital adeudado de 32.200 millones de DEG[2] (unos 45. 400 millones de dólares).

Para que ello fuera posible requiere de un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones para los próximos 10 años, sin tener en cuenta que el 65% de nuestras ventas externas son productos primarios o a lo sumo manufacturas de origen agropecuario y ello no genera empleo ni valor agregado al país, si genera riqueza  para una minoría que tiene la mayor participación  en esas ventas.

[1] Existe obviamente una fuerte relación entre el BIRF-Banco Mundial y el BID,  con el FMI.

[2] Los DEG – Derechos Especiales de Giro -son la moneda de cuenta del FMI y actualmente es equivalente a 1,41 dólares

Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.