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Shock distributivo y reactivación económica

OPINIÓN

"Se necesita de un plan económico, de un Estado que discipline a las grandes empresas y que, se apoye en el pueblo, que lo convoque, que lo haga partícipe, para que seamos una República democrática y soberana". Por Horacio Rovelli, economista tucumano.

Imagen ilustrativa.-


La dictadura militar y los gobiernos que lo sucedieron, con la excepción de la gestión del Dr. Bernardo Grinspun en el primer año del gobierno de Raúl Alfonsín y, con los 12 años del kirchnerismo, las demás administraciones apuntalaron un modelo extractivista agro pecuario exportador diseñado para pagar una deuda externa que en su mayor parte la fugó la minoría de ricos de este país.

El principal objetivo de la política económica debe ser modificar la presente matriz distributiva como forma de confrontar con la vigente estrategia de la desigualdad. El problema argentino es la vigencia de un cuadro simultáneo de extrema pobreza, extrema riqueza y destrucción estructural de su capacidad productiva.

Por ende, se torna imprescindible tener un plan de gobierno que genere otro modelo que acumule capital en base al trabajo y la producción industrial y, para ello, es necesario que se incremente y diversifique la sustitución de importaciones y la canasta exportadora con un sesgo a favor de la producción de bienes industriales no tradicionales, con mayor contenido tecnológico local, ya sean nuevas o aquellas que surgieran de internalizar procesos de la cadena productiva que actualmente se realizan en los países destino y no vender alimentos y materias primas con poco valor agregado (Por ejemplo: cuantas horas hombres de trabajo tiene una tonelada de soja).

Ese modelo industrial orientado el mercado interno debe ser financiado básicamente con los Derechos de Exportación, en lugar que la renta extraordinaria se la lleve una minoría que no alcanza a ser el 1% de la población, que la emplee el Estado para apuntalar el trabajo y la producción orientada al mercado interno.

En el marco del modelo extractivista, agropecuario exportador, las PyMes y micro empresas no tienen y no pueden tener capacidad de tejer una red productiva y distributiva independiente de las características de apropiación de rentas de los grandes empresarios, con lo que lejos está la posibilidad de constituir la mística “burguesía nacional”

El cuadro referido exige de un preponderante rol del Estado y, las políticas que debe llevar a cabo, principalmente la de sustitución de importaciones, como la de mejorar la composición de las exportaciones en sus dos aspectos, uno como fuente de demanda o incrementando la productividad global de la economía, que depende de un conjunto de características estructurales de nuestro país, y el otro rol, como proveedores de financiamiento por la vía de obtención de divisas o por permitir sustituir con producción local las importaciones (ahorro de divisas), con el objetivo de superar definitivamente la limitación que implica la falta de divisas por fuga. 

En lo que respecta a los déficits estructurales, con solo ver nuestra infraestructura vial, ferroviaria, marítima, de aviación, de riego, de uso de los ríos, de uso de los desechos químicos e industriales, explican por sí sólo el peso negativo que tienen los mismos en la red de producción, distribución y calidad de vida de la población. 

Los sectores dominantes pretenden que todo el costo de invertir y modernizar la infraestructura del país lo haga el Estado y/o se pague con el bajo precio de nuestra mano de obra y de los productos de los pequeños y medianos empresarios, mientras ellos se dedican a beneficiarse de la diferencial entre los precios que fijan y los costos que pagan.

Hoy medido en dólares el precio de la mano de obra en la Argentina es la mitad que en el año 2015  Y los activos (máquinas, equipos, fábricas, campos, etc.) valen no menos de un 30% menos que hace seis años atrás.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos, y solo un Estado consciente, con un plan y asegurando la participación de la población (los canales y los instrumentos de participación), puede ponerle los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria, y eso en nuestro país ha sucedido pocas veces, las más o son gobierno impuestos por los grandes empresarios o, son funcionales y temerosos del poder económico.

Se necesita de un plan económico, de un Estado que discipline a las grandes empresas y que, se apoye en el pueblo, que lo convoque, que lo haga partícipe, para que seamos una República democrática y soberana.

Es obvio que se impone una agenda que redistribuya ingreso y a la par frene el proceso inflacionario, ambos objetivos son compatibles si el Estado regula la actividad económica (establece las reglas de juego) y no deja que sea el mercado, eufemismo que esconde que la decisión la toma un puñado de empresas.


El mejor ejemplo es el precio de la carne, uno de los bienes que más aumentó su precio desde que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, un 40% más que el dólar  y que el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. ¿Cómo se detuvo su precio?, con tres medidas combinadas a la vez: a) Se ajustó a una tasa menor el tipo de cambio; b) Se impuso un cupo de exportación; c)  La Dirección General de Aduanas después de 18 meses de no hacer nada, decidió investigar y observó que 19 grandes frigoríficos exportadores vendían a Uruguay a un precio muy bajo carne y es más, dentro de esas ventas era muy alto el porcentajes de carne no apta para consumo humano.  Se demostró que era carne de exportación para personas y no para animales (tiene una retención del 4% en lugar del 9%) y que a su vez desde Uruguay esos envíos se reexportaban a un precio mayor (eludiendo el pago correspondiente de la retención) a China y a los demás países importadores.

Es realmente indignante que la AUH en este mes de septiembre de 2021 sea solo de  $ 5.063.- o que el SMVyM (salario, mínimo, vital y móvil) sea de $ 29.160.- mensuales,  cuando la Canasta Básica Total (no contempla el pago de un alquiler) para una persona ronda los $ 25.000.- y para una familia compuesta por cuatro miembros los $ 70.000 en el mes.

Lo peor es que el SMVyM es operativo, sobre un total de 11.762.600 personas ocupadas, no menos de 500.000 trabajadores perciben un ingreso neto igual o menor al SMVyM y, son otros 2.000.000 de trabajadores que perciben una remuneración neta por debajo de la línea de pobreza (trabajan y son pobres).

Por ende se impone en forma urgente que ningún trabajador perciba una remuneración por debajo de la línea de pobreza, para ello el SMVyM debe ser fijado en forma igual a la Canasta Básica Total.

Es un universo de 2.500.000 trabajadores, como muchos de ellos están empleados en sectores ligados al mercado interno y severamente castigado por la situación económica, el Estado nacional debe hacerse cargo de la diferencia por unos seis meses, tiempo suficiente para que el mercado interno se reanime y las mayores ventas recompongan la demanda agregada y, por el efecto multiplicador del mayor consumo, se reactive sostenidamente la economía, con lo que no será necesario repetir ese mecanismo de ayuda.

Si inferimos que debe pagarse por cada trabajador $ 35.000.- por mes, para las 2.500.000 personas referidas, implica un costo mensual de $ 87.500 millones y por seis meses suman $ 525.000 millones,  cuando el BCRA le reconoce a los bancos por dinero inmovilizado en Leliq y pases pasivos en seis meses $ 650.000 millones.

Proponemos utilizar el stock de Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y gran parte de los pases pasivos (suman más de 4 billones de pesos) no para que estén inmovilizado y paguen interés a sus administradores, porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno , sino para que la población que trabaja perciba un haber que le permita salir de la pobreza.

Además de partir que el SMVyM sea igual a la Canasta Básica Total, que ningún trabajador perciba menos que el conjunto de bienes y servicios que se necesita para vivir, se torna imperante un importante plan de Obra Pública que es imprescindible para disminuir drásticamente el flagelo de la desocupación y poner en marcha la reactivación de la economía argentina.  Este plan de construcción tendrá dos componentes fundamentales: el primero consiste en la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción, mientras que el segundo está basado en la obra pública, especialmente en la construcción vial. Este último componente implica dar por terminada las concesiones de los corredores viales al capital privado que tienen un elevadísimo costo fiscal, escasa inversión y un régimen que ha sido sistemáticamente manipulado a favor de los concesionarios. 


1  El dólar tipo de cambio vendedor paso de $ 62,25 el 10 de diciembre 2019 a $ 103,62 el lunes 13 de septiembre 2021, incrementándose en un 66%.

2  El total las Leliq que son Letras de BCRA que compran los bancos por 7 días o más, pero la mayor parte es a 7 días, ajustadas a una tasa nominal del 38% anual, que al renovarse cada 7 días es una tasa efectiva del 45% anual, es de $ 2.082.767 millones.  Y los Pases Pasivos que son préstamos directos de los bancos al BCRA y suman $ 1.997.246 millones al 26 de agosto 2021 a una tasa del 32% nominal anual. Esa masa de dinero indisponible que supera los 4 billones de pesos, devengarán en los próximos seis meses  $ 650.000 millones

3  Si el objetivo del BCRA es esterilizar dinero, debería subir los encajes o efectivos mínimos que no pagan interés


Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.