El dólar

Era obvio que finalizada la liquidación de los dos primeros complejos exportadores (maíz y soja con todos sus derivados: harina, aceite, biocombustible) en junio y julio 2021, más la incertidumbre política por las elecciones nacionales de medio término, que el dólar paralelo en sus diversas variantes y a pesar de las normativas conjuntas de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayor control, tienda a subir.

De hecho los medios dieron a conocer que el viernes 23 de julio 2021, el dólar marginal que se compra y se vende en el mercado negro y que ellos denominan “blue”, alcanzó tipo de cambio vendedor los $ 185.- cuando el oficial fijado por el Banco de la Nación Argentina (siempre tipo vendedor) fue de $ 101,75. (brecha del 81,8%) Incluso la propia normativa que trata de fiscalizar la fuga por medio de las operaciones de dólar bolsa (MEP) y de Contado con Liqui (CCL), hace que el paralelo denominado “blue” sea más demandado.

Porque no es un problema comercial, en lo que va de este siglo XXI nunca lo fue, el superávit comercial acumulado desde el 1 de enero de 2000 al 30 de junio 2021 alcanza los 171.000 millones de dólares. El año pasado el superávit fue de 12.528 millones de dólares y en el primer semestre 2021 alcanzó a 6.740 millones de esa moneda.

Lo dice clara y tajantemente el ex Presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, en su nota “Perspectivas cambiarias” (ámbito financiero del jueves 22/7/21): El tipo de cambio no está atrasado en términos históricos ubicándose solamente un 10% por debajo del promedio del período de tipo de cambio alto 2003-2007 y por encima del promedio tipo de cambio 2003-2020. Los tipos de cambio implícitos MEP y CCL estaban en niveles de los picos hiperinflacionarios de 1982 y 1989, que significa un precio insostenible porque los activos, el trabajo y la producción valen mucho más que si se lo cotiza por esos dólares paralelos.

Con un importante superávit comercial y con Reservas Internacionales brutas del BCRA por 43.012 millones de dólares (de libre disponibilidad ronda los 10.000 millones de dólares), puede enfrentar los menores ingresos esperados y los fuertes vencimientos de deuda en títulos públicos en peso que ronda los $ 800.000 millones en el segundo semestre del año 2021, importe al que se le debe sumar un déficit fiscal que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en $ 1.300.000 millones (o sea 1,3 billones de pesos), conformando unos 2,1 billón de pesos.  Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los $ 800.000 millones en títulos que vencen en el período más un porcentaje por encima de esa suma y que, el BCRA asista al Tesoro de la Nación con la diferencia (que estiman en tono a los $ 900.000 millones.

La cuestión está en los vencimientos de la deuda en títulos en dólares y en el pago de los intereses, esencialmente con el Fondo Monetario Internacional que se le debe pagar 4.214,5 millones de dólares hasta fin de año (3.614,5 millones de capital, en dos cuotas de 1.807,25 millones cada una, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021) y 600 millones de interés.

Es claro que el problema no se reduce a que nos reduzcan la tasa de interés que nos cobran, ni tampoco a que nos otorguen cuatro o cinco años de gracias para no pagar el capital, e incluso (que el FMI desde ya dijo que no) que en lugar de darnos 10 –diez- años de plazo para pagar lo hagamos en 15 o 20 años.

El caso del empresario Emilio Luque lo corrobora: indemnizó a los 1.200 trabajadores de Casa Luque con el 60% de lo que correspondía y aparece en el listado comprando en los cuatro años de la gestión de Cambiemos casi 18 millones de dólares para sí.  

Por eso, antes que nada, se debe exigir en el acuerdo a firmar que el FMI como corresponsable de la fuga¹, brinde todo su apoyo con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país. Es más, condicionar en el acuerdo a firmar que, de no hacerse así, en un plazo prudencial y antes de que se comience a pagar el capital de la deuda (supongamos que se le otorga a la Argentina los cuatro o cinco años de gracia), por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina queda librada de esa obligación hasta que esa investigación finalice.

Y hay datos fehacientes de quienes compraron, en qué fecha y porqué monto, como consta en los registros de los bancos públicos y privados que le compraron esos dólares al Banco Central de la República Argentina y lo hicieron para sí y para sus grandes clientes.

Obviamente que el acuerdo con el FMI sin estar todavía firmado está vigente, lo demuestra que en plena pandemia, en la llamada segunda ola del covid -19, se hizo un fuerte ajuste en las cuentas públicas del primer semestre 2021, para reducir el déficit fiscal, incluso por debajo de lo presupuestado en la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional, dado que el déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) fue del 0,5% del PBI y el déficit total  fue de $ 514.005 millones (1,3% del PBI) en el primer semestre 2021, cuando estaba previsto que iba a ser del 2,6% del PIB (el doble) y, el año pasado el déficit fue del 5,6% del PIB.

Los beneficiados de esa transferencia de deuda al pueblo argentino (las menores jubilaciones y el menor gasto público lo demuestran) tienen nombre y apellido y el principal es Blackrock, que como dice su mismo CEO, Larry Fink, tiene importante participación accionaria en Telefónica Argentina y en Pampa Energía, los dos principales fugadores de capital, y también tiene parte del capital de los bancos Galicia, Macro, Santander-Río, y en BBVA. Y en YPF y en Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Telefónica, Coca Cola, Bayer, Exxon Mobil, Chevron, Apple, Microsoft, Procter & Gamble, Tenaris, Mercado Libre, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro, más la tenencia de títulos de deuda pública Argentina por unos 2.000 millones de dólares.

Detrás del FMI está Blackrock y las grandes empresas del mundo, por ejemplo ADM, Bunge, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, todas ellas grandes acopiadores y comercializadores de granos que tienen sus garras sobre nuestro Río Paraná.

 

Por ende, la propuesta es la que se hizo en la Proclama del 25 de Mayo de 2021 que firmaron el exJuez Raúl Zaffaroni, el escritor Mempo Giardinelli, los dirigentes sindicales Pablo Moyano y Hugo Yasky, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Guillermo Moretti, el periodista Víctor Hugo Morales, entre otros, para que no se admita la totalidad de la deuda sin investigar quienes la fugaron y que el Estado Nacional arbitre las medidas para que la devuelvan.