Un país unido en un mundo desigual

Esta última semana, en la que recordamos la Independencia de nuestra Patria, nos dejó un montón de novedades con el tema Pandemia y no es un mal momento para repensarla en este entorno.

 

Para empezar, el gobierno nacional decidió emitir un DNU para modificar la ley de compras de vacuna Covid-19, cuyo autor es además el autor de estas líneas. Las modificaciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevaba adelante el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia con los laboratorios americanos. Recordemos que hasta ahora la Argentina no pudo, y no es que no haya querido, firmar contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19 de ese origen. Si ahora estos contratos se concretan, en el texto del DNU debemos encontrar las claves que evitaban estas contrataciones en la ley original.

 

Podemos decir que los cambios que el DNU genera en la ley son tres.

 

Primero crea un “fondo de reparación Covid-19” que servirá para el pago de las indemnizaciones que pudieran surgir de efectos adversos de estas vacunas. Limita el valor máximo de estas indemnizaciones. Este tipo de fondo es recomendado por el mecanismo COVAX también y se fondea con recursos en relación a la cantidad de dosis que se aplican. Mecanismo interesante que quizás deberíamos evaluar para las vacunas de calendario, en algún momento. El responsable de nutrir este fondo es el gobierno nacional y la evaluación técnica, en relación a los efectos adversos y las vacunas, será responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas.

 

Otro punto del DNU es que las limitaciones a pagar las indemnizaciones por fraude y/o negligencia de la empresa son modificadas por “acciones dolosas” de la misma que, en otras palabras, sería que solo si el laboratorio “quiso” generar daño pagará él, pero si esa voluntad no es evidente para la justicia las pagaremos nosotros. Los errores “culposos”, tipo negligencia, impericia o imprudenciano se incluyen como “excepciones”, solo los dolosos. Digamos todo, la responsabilidad civil de nuestro país sí las distingue y las condena claramente. Este punto siempre fue muy complicado para los “lawyers” de la big apple, no tanto para los representantes locales de la empresa,  y se terminó transformando en una exigencia insalvable.

 

El último punto es el listado de bienes no embargables por la justicia del Norte en caso de que por algún motivo el gobierno nacional no cumpliera con las obligaciones antes citadas. En ese caso, a diferencia del listado original de la ley de bienes “inembargables”, han desaparecido los bienes de dominio privados y las regalías nacionales (offshore) adeudadas. Aquí creo que está la clave de la dura negociación entre los laboratorios y el gobierno nacional. No hay dudas que los requerimientos iniciales eran mucho más complejos que los que terminaron obteniendo. En realidad parece hasta increíble que por estas modificaciones el laboratorio, cliente importantísimo de nuestro sistema de salud público y privado, que realizó su fase de investigación como invitado de lujo de nuestro país en el Hospital Militar, no haya podido firmar antes el contrato. Los efectos colaterales adversos de estas vacunas (y se han colocado cientos de millones de dosis) son muy bajos. La ley argentina, anterior al DNU, puede haber tenido algunas restricciones pero difícilmente hubiera obligado en esos casos excepcionales a que el laboratorio pagara estas indemnizaciones. ¿Cuán mal cliente es la Argentina para que este laboratorio no creyera en nuestra voluntad de pago? ¿Era necesario dejar regalías nacionales adeudadas (off shore) y bienes de dominio privado como garantía? ¿Cuánto implican estas regalías y estos bienes en realidad? Preguntas que quizás nunca nos contestemos, pero que no deberíamos olvidar.

 

Bienvenidas entonces a las vacunas de los EE.UU., entre ellas y por ahora, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Hasta ahora todas autorizadas por la FDA como medicamentos “de uso de emergencia”. Es probable que en las próximas semanas alguna de ellas ya sean formalmente registradas. ¿Cambiarán las exigencias en ese momento? ¿Tendremos que pagar siempre las indemnizaciones generadas por estas vacunas cuando no lo hacemos por ningún otro medicamento registrado? ¿Hasta cuándo? Mientras la demanda de vacunas en el mundo sea más que el doble de la producción, y los países con más recursos se queden con la mayoría de las dosis es esperable que esto siga así.

 

A pesar de esta dificultosa negociación, Argentina consiguió con su marco legal comprar vacunas para su plan de vacunación. Entre las vacunas europeas, las rusas y las chinas, la cantidad, seguridad y efectividad del plan de vacunación estuvo garantizada. Es verdad que las vacunas se demoraron más de lo permitido por los contratos pero eso pasó en todo el mundo.

  

Hay algunas falacias que quiero aclarar. Para empezar, los 15 millones de dosis previstos en un preacuerdo con Pfizer nunca pasaron de eso: un preacuerdo. Apenas Pfizer evaluó el marco legal retiró la oferta. Pero imaginemos que esta negociación hubiera prosperado, ¿cuántas vacunas y cuándo hubieran llegado a ser colocadas en Argentina? Es una pregunta contrafáctica, pero no es descabellado que al mismo ritmo que llegaron a Chile, Brasil o Uruguay, pocas y tarde. La otra pregunta contrafáctica que se suele hacer de muy mala intención es cuántos argentinos menos hubieran muerto si tuviéramos esta vacuna en Argentina. La respuesta contrafáctica es que ninguno más. Argentina frente a la imposibilidad de contratar con Pfizer optó por mayores volúmenes de vacunas inglesas, rusas y chinas de similar efectividad y seguridad. Es decir, no faltaron dosis sino que   se cambiaron dosis de un laboratorio por otro. Ahora, la pregunta sería si Pfizer hubiera cumplido con los tiempos de entrega mejor que los laboratorios ingleses, rusos y chinos, difícil de asegurar, por lo visto en otros países diría que no, tampoco.

 

¿Por qué entonces modificar la ley ahora? Porque la vacunación para jóvenes entre 12 y 18 años con factores de riesgo se agregó al plan de vacunación y la única vacuna que, hace menos de dos meses, está autorizada para ese grupo etario es la de Pfizer. Eso hizo que la ventaja de este monopolio sea insoslayable. El gobierno argentino hizo lo que no muchos hasta ahora, incluyó a este grupo entre los prioritarios y cambió su marco legal para poder comprarle al mencionado laboratorio. El presidente Alberto Fernández cumplió con su palabra priorizando siempre la vida de los argentinos.

 

El Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente que la posición “nacionalista” en esta pandemia era no solo inmoral sino además contraproducente. El “Duke global health speedometer” estima que hasta junio de 2021, los países de ingresos altos y medios-altos han asegurado más de 8100 millones de dosis de todas las vacunas contra el Covid-19, mientras que las naciones de ingresos bajos y medios bajos, donde reside la mayoría de la población mundial, han asegurado solo 2.100 millones de dosis. Canadá lidera la adquisición de vacunas, con 10,45 dosis por habitante, mientras que India, que recientemente fue golpeada con una devastadora segunda ola, tiene acceso solo a 0,83 dosis por habitante. Mantener a más de medio mundo sin vacunas puede generar una fuente permanente de nuevas cepas que pongan en riesgo a todos en el mundo.

 

En ese marco internacional ver a gran parte de la oposición de nuestro país hacer campaña con la enfermedad, con las vacunas e incluso con los muertos, es de una irresponsabilidad absoluta. Nuestro país debe estar firme y unido para negociar con un mundo inequitativo y desigual.