Las MiPymes

Existían  en el año 2015 alrededor de 509 mil empresas registradas en Argentina en sectores industriales, de comercio y de servicios. La mayor parte de estas firmas correspondían al segmento de microempresas (70% del total). Seguían en importancia el segmento de Pymes, con 141 mil empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 9 mil compañías registradas (2%). Los cuatro años del macrismo y el año de la pandemia seguramente han desmejorado la situación de las MiPyMes y de todas las empresas vinculadas a la demanda interna, no así a los grandes extractivistas, acopiadores y comercializadores del sector externo que se han beneficiado por la suba de los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos y, por el ajuste del tipo de cambio que realizó el gobierno de Alberto Fernández que, recibió un tipo de cambio comercial de $ 59,60 el 10 de diciembre de 2019 y a fin de marzo 2021 es de $ 97,25, depreciando nuestra moneda en un 63% y con ello, el poder adquisitivo de los salarios y de la demanda interna.Ese crecimiento del tipo de cambio por encima del salario promedio  y de los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas afecta principalmente el conjunto del entramado industrial que sufren en simultáneo la contracción del mercado interno por la pandemia y, el impacto financiero del crédito escaso y las elevadas tasas de interés,  cuando se viene de la etapa del gobierno de Cambiemos con el incremento de tarifas y de costos de producción y un recrudecimiento de la competencia de productos importados.En las MiPyMes en Misiones y La Rioja los dos principales empleadores privados provinciales pertenecen al rubro del calzado; en provincias como Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Catamarca o Tucumán, el sector textil representa gran parte del empleo federal; en San Luis y Córdoba, las dos plantas dedicadas a la producción de línea blanca (lavarropas, por ejemplo) reúnen más de 3.000 empleados y son las principales empleadoras de sus ciudades, al igual que las dos plantas de producción de cosechadoras y tractores en Córdoba y Santa Fe, que emplean a más de 2.000 trabajadores. En relación con los costos de la actividad metalmecánica en chapa y acero (cuyas grandes proveedoras son Tenaris, Siderca, Siderar) se verifica el efecto de pinzas que padecen actualmente gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, asfixiadas entre aumentos injustificados, condiciones de comercialización desventajosas y un mercado en el que las empresas más chicas no tienen margen de maniobra para preservar su rentabilidad.Mientras que los productos sufren aumentos constantes y desproporcionados de sus precios a lo largo de la cadena de valor (si no se paga ese monto no se entrega el producto, desaparece de la oferta), se acortan considerablemente o desaparecen los plazos de pago, que en muchos casos deben incluso anticiparse; a su vez, los clientes de las Pymes pueden llegar a pagar hasta en 90 días y más plazo. Esto sucede en tanto se encarece y se hace mayormente inaccesible el crédito para las MiPyMes, tanto de proveedores como en el sistema financiero, por la importante suba de tasas y condiciones de calificación vigentes que una gran mayoría de las empresas micro, pequeñas y medianas no pueden afrontar. Se debe comenzar nuevamente a redistribuir ingresos a favor de los sectores más necesitados de la sociedad  que implica, entre otras acciones, una firme política para las MiPyMes. Deben aplicarse políticas activas para generar recursos, excedentes y garantizar una justa y equitativa distribución de los mismos, Reactivación urgente de la producción y del mercado interno, con especial énfasis en las economías regionales y a la vez generar empleo genuino, de calidad y bien remunerados.El rol confiscador del capital del sistema financieroAntes del “rodrigazo” en junio de 1975 y desde que se creó el Banco Central de la República Argentina en 1933, los bancos captaban ahorro del público y prestaban a las personas y a las empresas mayoritariamente donde estaban radicados, por lo que cumplían el rol de reasignar recursos de aquellos que tenían capacidad de ahorrar y  los que requerían créditos para la vivienda, para el consumo, o para producir.En 1974, con la existencia de más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, donde mayoritariamente eran cajas de créditos y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector privado sobre el PIB (Producto Bruto Interno,  que es la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) fue, según Memoria y Balance del BCRA, del 43,55% y, la Argentina era la Nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4% y la pobreza era del 6%. En el año 2020, quedaron en pie 78 entidades financieras, de los cuales son 65 bancos privados y 13 públicos  y, el crédito total al sector privado es solo el 11,09% del PIB (y a la vez se trata, midiéndolo como se lo quiera medir, de un PIB mucho menor) y la pobreza supera el 40% de la población, con el agravante que más de la mitad de los niños de la Argentina son pobres.La reforma financiera de 1977 le dio un poder omnímodo a los bancos, pasan a ser ellos los reasignadores de recursos del sistema económico y a la vez tienen la llave de paso entre nuestra moneda y las divisas,  lo han demostrado en la crisis de 1982, 1989, 1995, 2001-2002 y en abril-julio de 2018 donde hacen jugar la suba de las tasas de interés como único camino para frenar la suba del tipo de cambio (dólar) perjudicando severamente al aparato productivo y al nivel de actividad general.Se debe modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional que preserva el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obliga a las entidades a aceptar la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y  el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas y al Estado. Por eso, se debe transformar el stock de LELIQ en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la  tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQ se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal. La reducción de la tasa de interés debe ser un objetivo prioritario del BCRA, mientras continúen la tasa de las  LELIQ en el 38% anual resultan imposibles las inversiones productivas.El Estado con las LELIQ financiaría un vasto plan de obra pública bajo el régimen de “compre nacional” donde las MiPyMes juegan un rol estratégico en la agregación del valor y en la generación de puestos de trabajo. Paralelamente, se debe fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda.  En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.También se debe fortalecer el rol de superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA.  Para ello hay que conformar una mesa de coordinación institucional con  la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;  y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La SEFyC junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac controlando los mercados paralelos e identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas.Po último es imprescindible restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.Solo regulando fuertemente el sistema se puede canalizar el crédito a las MiPyMes en general y a la producción en particular, revirtiendo la bajísima tasa del crédito sobre el PIB, para que el crédito ayude a financiar el imprescindible crecimiento económico después de haber decrecido en promedio en la gestión del gobierno de Cambiemos y en un 9,9% en el año 2020.