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La propuesta del poder económico

OPINIÓN

El economista tucumano, Horacio Rovelli, analiza la situación actual de la economía Argentina de cara a las negociaciones que el ministro, Martín Guzmán, lleva adelante en Estados Unidos en busca de renegociar la deuda con el FMI.

Martín Guzmán con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Foto Télam.-


En medio de una pandemia que no se sabe cuando y como termina, si termina, tampoco se sabe si se va a contar con un mínimo de vacuna para la población de mayor riesgo ante el invierno que se avecina, en ese marco, el ministro de economía viaja a los EEUU para reunirse con los poseedores de títulos de deuda del país (bonistas), entre quienes se encuentran Greylock Capital Management, BlackRock, PIMCO, Ashmore, Fidelity, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, etc. además de representantes del HSBC, Bank of America y el Lazard, los tres bancos que intervinieron en la colocación de la  deuda Argentina.  Y también se reunión con el FMI y el Banco Mundial.


Allí les dijo que la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB será menor e incluso cercano al 3%.


En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período.

Nota:  Presupuesto Ejecutado Base Caja en Millones de pesos corrientes
Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación 
        



Obviamente se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local. Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte  y la energía en las provincias más pobres).


Las 12.000 personas que deben realizar el  “Aporte Solidario” no solo se demoran en abonarlo, sino que hay quienes se han presentado ante la justicia para no realizar su pago. Pero peor es con los derechos de exportación, que no solo no se los eleva (salvo el grano de soja que paga retenciones por el 30%, los demás lo hacen por el 12% o menos), cuando el precio en dólar de la mayoría de los productos subió en esa moneda un 40% en un año a esta parte y, se incrementó aún más las exportaciones de alimentos, siendo record la de la carne en general y la de carne con hueso en particular (que es la que consumimos fuertemente en el mercado interno: asado, vacío, falda, entraña, etc.) superando las 900.000 toneladas ene l año 2020, destinando al mercado interno 2.200.000 toneladas que implicó que se tenga el consumo per cápita más bajo de  carne vacuna de los últimos 100 años (50,1 kgm por habitante).


Del lado del gasto, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la vida, perciben la mínima o cerca de la mínima (en torno a los $ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no garantiza que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.


CAA y la cuenca del Río de la Plata

Sin embargo, el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino) que se conformó  en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y, que tiene asociados y sectores diversos, pero que contemplan prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: Los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC, donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Oleaginosa Moreno-Glencore, Bunge, Louis Dreyfus, etc.). A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores, trabajan en un proyecto de ley que les permita la amortización acelerada de inversiones para todos los sectores de la economía agroindustrial (con lo cual si una máquina se amortiza en 10 años, contablemente imputan su valor en 5 años y de esa manera reducen la ganancia que deben liquidar de dicho gravamen). También para las nuevas inversiones solicitan la devolución del IVA  en el plazo de un año (no van a pagar el IVA que pagamos todos los trabajadores en la más amplia mayoría de los productos y servicios que consumimos).


También solicitan bonos fiscales para invertir en semillas, tecnología, fertilizantes y en ganadería. En el último caso, buscan tener un ciclo más rápido que aporte mayor volumen de carne. Esto se da en un contexto donde la mayor demanda internacional está empujando al alza a los precios locales mientras el consumo de los argentinos se desploma a los niveles más bajos que se hayan registrado.


Pero no solo quieren pagar menos impuestos, sino que junto a otras organizaciones empresarias enviaron una carta al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien quedó a cargo de la licitación del dragado del Río Paraná, cuando el decreto 949/20 borró de un plumazo la empresa estatal que había anunciado el presidente en Puerto San Martin en agosto de ese año, para exigir que se lleve adelante esa licitación y que su administración sea privada.


Quieren que el Estado, nacional, provincial no participe y que su rol sea de contralor, pero todos sabemos que si el Estado no administra tampoco puede controlar  
"Esta es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado", asegura Gustavo Idígoras, quien dirige la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Concejo Agroindustrial Argentino.  Lo que Idígoras omite cuando habla de la financiación privada son los millonarios subsidios estatales recibidos por Jan De Nul desde 1995, que llegaron a 40 millones de dólares por año, además de cobrar el peaje.
En una nota pública que el escritor Mempo Giardinelli le hizo al Presidente de la República, que tituló “Entregar el Paraná es como entregar Malvinas” dice: “Porque nuestro río, exige administración propia, o sea nacional, para que al cuidado esté nuestra gente, la AFIP cobre fuertes impuestos a los agroexportadores, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sea el organismo de control de lavado de dinero, el SENASA asegure la salubridad de todo lo que entra o sale por sus aguas, y la Prefectura Naval ejerza severos controles. Ninguno de esos objetivos debiera ser tercerizable y menos en manos extranjeras”.
 
Finalmente, Mempo Giardinelli  le escribe: “El Decreto 949/2020, que dispone el dragado y balizamiento del Canal Punta Indio, obliga a que la salida al mundo de nuestras exportaciones se haga desde el Puerto de Montevideo, que pertenece a las mismas multinacionales que operan sobre el Paraná. Los beneficiarios son las grandes hiperconocidas: Cargill, Dreyfus, Bunge, etc. Por eso le pedimos que no entregue el Paraná”.


Disyuntiva de hierro


Es claro que los caminos se bifurcan, o se cumple con los bonistas y demás acreedores y las grandes empresas que están detrás del modelo extractivista y agropecuario exportador, o se está en defensa del trabajo y la producción nacional.
En su Sermón del Monte (Mateo 5-7) Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas".


Mempo Giardinelli termina su carta con: “En fin, querido Alberto, hay infinitas razones para que no firme la nueva concesión. Y así como le pido en nombre de miles que no entregue soberanía, lo invito a que venga a navegar nuestro río con nosotros, los diez o más millones de argentinos y argentinas que vivimos en las costas del Paraná y aquí producimos y amamos, orgullosos de lo que es nuestro. Ni belga ni inglés, ni norteamericano ni chino, simplemente nuestro, argentino y bajo control, cuidado y beneficio de nuestro pueblo”.
        
 









Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.