Las elecciones nacionales de medio término y la economía argentina

El plan económico diseñado por el Presidente de la República en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias plantea: a) la vacunación masiva para liberar a pleno la actividad; b) la ejecución de los ambiciosos programas de obra pública nacional y provincial que representan 2,8 puntos del PIB; c) subordinar el acuerdo con el FMI al crecimiento de la economía; d) reducir la presión tributaria sobre los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias e incrementar dicho gravamen sobre las grandes empresas; y f) desdolarizar las tarifas de energía que constituyen un factor de erosión del salario.

Pero ante la magnitud de la crisis, con un PIB que cayó en el año 2020 en torno a un 10%, con una inflación y sobre todo en alimentos que ronda el 3,5 al 4% mensual, en un marco de déficit fiscal y cuasi fiscal considerable, se hace difícil atender las necesidades populares contra los intereses de los grandes bancos que operan en el mercado local y que usufructúan de su privilegiada situación; contra las acopiadoras y comercializadoras de granos y derivados y los exportadores de carne vacuna; y, finalmente contra las empresas extranjeras que buscan explotar a como dé lugar la mega minería en nuestro país. 

El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia del covid 19. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorio al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020, básicamente en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB para este año 2021).

Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo.  El Ministro Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los EEUU, en ese país los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre gravámenes a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias (rentas) y, al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división, por un lado y, por el otro, esa Nación, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, vemos que el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias, el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda.  El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y, el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%.  Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,  cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.

Por ende se puede lograr reducir el déficit fiscal, pero el camino correcto es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad.   La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio. 

 

Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del BCRA o cuasi fiscal,   cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 4 de marzo de 2021,  2,8 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,6 billones de  pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal  de $ 2,3 Billones 

Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en febrero de  2021 fue por unos $ 75.000 millones, que paga religiosamente la autoridad monetaria.   En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq, creció de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión al 4 de marzo 2021 que ascendía a 1.887.890 millones, en un 148,9%, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 44%.

Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el BCRA le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una “bola de nieve” imposible de pagar. 

Paralelamente lo que sucede en Chubut, donde se da una serie de incendios forestales  desde el 9 de marzo que solo se pudo controlar 3 días más tarde, pero persisten focos circunscriptos  que no han sido extinguidos.  Se teme que haya sido  intencional, máxime  que la provincia no hizo nada para frenarlo y solo se esperó la ayuda de la Nación. El  fuego mató al vecino Sixto Garces con su perro y sus dos caballos, destruyó más de 220 viviendas, y arrasó más de 1.500 hectáreas de El Maitén, Lago Puelo, Los Altos de Golondrinas entre otros parajes de la comarca andina 

Toda esta calamidad en medio de una pelea entre el gobernador Mariano Arcioni (de Chubut Somos Todos y Frente Renovador) que inició una ofensiva política para que sea aprobada la inserción de la minería en la provincia, posibilidad desaprobada en un plebiscito provincial en donde por mayoría triunfó en NO, pero que él insiste y envió un proyecto que se trata el martes 16 de marzo 2021 en la Legislatura de Chubut.

El próximo 30 de abril vence el contrato de concesión de obra pública por peaje suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Hidrovía S.A. (en manos de la belga Jan de Nul y la nacional EMEPA), y los empresarios del sector  insisten en bloquear cualquier posibilidad de que ingrese el Estado en la administración, relegando su función simplemente al control.

Luis Zubizarreta, CEO de la agroexportadora Louis Dreyfus, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales de Argentina   y miembro del Concejo Agroindustrial Argentino, dijo que el ministro Mario Meoni se comprometió a reuniones de trabajo para construir un nuevo pliego y definir la estructura de administración. Para eso, tenemos que trabajar en un modelo donde se incluya la participación de las provincias del litoral de la hidrovía, universidades y actores privados, no a través de un consejo de gestión, sino de un ente de control,  afirma el hombre de la multinacional.

 En el mismo sentido la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina del Acero, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carsfe, Sociedad Rural de Rosario, Centro de Navegación, Cámara Naviera Argentina, Centro Marítimo Rosario, Foro Regional Rosario y Cámara de Exportadores (Cera), enviaron una carta solicitando que la transición sea lo más breve posible con el propósito de “llevar adelante una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado”.

No quieren siquiera que esos cinco o seis meses, el cobro del peaje quede en manos estatales, o asegurarse por lo menos que no se extienda más que ese plazo de transición. Incluso, ofrecen sus propios estudios privados sobre la necesidad de obras, estudios que debería encarar el estado antes de re licitar.

Es claro que no quieren la intervención del Estado en el comercio de granos, por eso se opusieron a la participación estatal en Vicentín SAIC. 

Como podemos apreciar,  llegar a las elecciones nacionales de octubre va a ser sorteando la presión de los grandes grupos económicos con considerable poder de fuego, como es el caso de los grandes bancos, de las mineras y, de los grandes exportadores,  que no debe ser ajeno a la diatriba constante de los grandes medios y de los sectores más  reaccionarios de Cambiemos, que más se radicalizan cuanto el gobierno no accede a los requerimientos del poder económico.