El riesgo de la primarización de la economía Argentina

No bien asumió el gobierno de Alberto Fernández y en un marco de austeridad fiscal, comenzó a ejecutar el plan “Tarjeta Alimentar” buscando resolver el problema del hambre, cuando se dispone de más de 42.000.000 de hectáreas cultivables y otras para cría y engorde de animales, es ilógico que no se produzca la cantidad de alimentos y a un precio razonable y accesible para la población, que debería ser la primera prioridad.  

El 23 de diciembre 2019 se sancionó la Ley 27.541 denominada de  solidaridad social y reactivación productiva, que suspendió el pago a los jubilados ajustado por inflación y determinó un ajuste por Decreto hasta que se formulará la nueva ecuación de ajuste. También dicha ley establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior, fijó un nuevo esquema de retenciones, e incluyó un plan de regularización de deudas para las pymes, y autorizó al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad.Sin embargo lo que no hizo la Ley fue declarar la Emergencia Cambiaria que, recién el 1 de diciembre de 2020, mediante la Resolución 132/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas. Esto explica en gran parte, que hasta octubre 2020 las exportaciones declaradas fueron por 46.556 millones de dólares y solamente ingresaron al MULC  (Mercado Único Libre de Cambio) 41.507 millones de esa moneda.Si a esos 5.049 millones de dólares menos ingresado le sumamos que el BCRA permitió a los importadores pagar antes que ingresaran los productos al país unos 5.000 millones de dólares más (asegurándoles el valor del tipo de cambio entre $ 70 a $ 80 por unidad) y que empresas como las del grupo IRSA de Eduardo Elsztain dueño del Banco Hipotecario y de los principales shopping del país que, en Israel está procesado por quiebra fraudulenta; al Banco HSBC que tiene cientos de denuncias por lavado de activos y ha pagado multas en los EEUU y en Europa; al Banco Galicia, entre otros, les autorizo pagar supuestas deudas externas por un total de 6.200 millones de dólares, dilucida porque teniendo un superávit comercial acumulado hasta octubre 2020 de 12.171 millones de dólares, las Reservas Internacionales del BCRA descendieron en 6.571 millones de dólares al 1 de diciembre de 2020.No tenemos un problema comercial o de falta de divisas, lo que tenemos es que al no declararse la Emergencia Cambiaria y actuar en consecuencia, el BCRA prefirió mal vender el superávit externos a favor de los beneficiados de siempre, prefiriendo el gobierno respetar la permisiva legislación de la dictadura, del menemismo y de cambiemos como es toda la legislación financiera, comercial y cambiaria vigente.  Por supuesto que esa práctica y funcionalidad a la lógica del sistema nos deja sin reservas internacionales de libre disponibilidad y con ello, controlar el precio de la divisas, obligándonos a reconfigurar la economía toda para exportar en lugar de apuntalar al mercado interno y con ello el trabajo y la producción.El gobierno, que no fue capaz de cambiar las reglas de juego y dilapidó el superávit externo, acepta la tesis de la falta de ingresos de divisas y se reúne con el Consejo Agro-industrial Argentino, quien promete a cambio de la estabilidad fiscal (que no le cobren impuestos que casi no paga, ni le suban las retenciones por diez años) y demás representantes del sector, el miércoles 9 de diciembre de 2020, en esa reunión estuvieron presentes el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.Gustavo Idigoras es un ex gerente de Monsanto Argentina donde trabajó toda la vida hasta asumir la Dirección Ejecutiva de CIARA-CEC, centro que en todo el año estuvo reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, cuando hubo cosecha record y los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos años, con, por ejemplo, la tonelada de la soja arriba de los 440 dólares y su aceite por encima de los 920 dólares los 900 litros.En el comercio exterior, diez empresas concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. Seis son extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA.  Y las otras cuatro nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); Molinos Agro de Pérez Companc y, el Grupo Olio (Díaz y Forti) que opera en las instalaciones de Vicentin SAIC, todas conforman y son el núcleo duro del Consejo Agro-industrial Argentino.Y por supuesto tienen sus hombres en lugares destacados y estratégicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como son los casos del Secretario de Agricultura, abogado Fernando Julián Echazarreta, quién ocupó el cargo de sub gerente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la vicepresidencia de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires;  de Javier Preciado Patiño vinculado al grupo Grobocopatel; de Gastón Andrés Santesteban de la Cámara Argentina de Exportadores; de Delfo Emilio Buchaillot de  AGD (Aceitera General Deheza) o el de Susana Mirassou, miembro de la American Evaluation Association y de la Asociación Argentina de Economía Agraria, nombrada Titular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Lo mismo sucede con la carne, el gobierno acordó una baja en el precio del asado, vacío y entraña para las fiestas con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, que concentra el 80% del mercado local de carnes como se informó oficialmente. En ese consorcio se destaca el Frigorífico Rioplatense SA de Rodolfo Constantini, con planta en el Talar de Pacheco en la Pcia. de Buenos Aires que inauguró recientemente una ampliación de la misma con la presencia del Gobernador Kicillof y del Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y, por video, la del Presidente de la Nación.Para completar el cuadro,  en la Argentina cinco empresas manejan el mercado global de insumos agrícolas. Syngenta Group es una de ellas. Las otras cuatro son Bayer –empresa que compró Monsanto–, Corteva –resultado de la fusión entre Dow y Dupont–, BASF, y FMC Corporation, que en conjunto representan el 55 % del mercado. Syngenta es una transnacional con sede en Suiza y propiedad china desde 2017, adquirida por ChemChina (China National Chemical Corp) por unos 43.000 millones de dólares. Es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales. El Presidente de la Nación se hizo presente en su planta de Venado Tuerto al cumplir 20 años en el país.A eso sumémosle el pago de patente por la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fito-genéticas aprobada en el gobierno de Cambiemos , que es una transferencia directa de ingresos desde los productores argentinos al capital concentrado transnacional.Finalmente, el gobierno nacional reconoce estar trabajando en tres proyectos de ley que van a ir juntos al Congreso de la Nación: la Ley de Agro (la propuesta del Consejo Agro-industrial Argentino), la reforma tributaria (que no sabemos qué ejes tendrá ante un sistema regresivo como es el tributario de la Argentina)  y el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y,  esas leyes marcan el rumbo a seguir.La Argentina del FuturoEs cierto que la Argentina con una gran producción alimentaria, el desarrollo industrial, minero y tecnológico posible con la mayor expansión nuclear y satelital, pese al retraso impuesto en la industria, a la vez que las posibilidades energéticas: gas, petróleo y litio para las baterías eléctricas y los autos eléctricos como posibilidad inmediata y mediata, tiene un fuerte sustento,  pero para crecer sostenidamente debe orientarse esencialmente al mercado interno, porque el mismo representa más del 70% del destino del trabajo y la producción nacional.Solo apuntalando al mercado interno se le puede dar respuesta a los nueve millones de personas que esperan recibir el IFE para paliar su precaria situación; para dar respuesta a los niveles de pobreza y exclusión social en el país como no existen registros, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estima la pobreza en un 44,2% de la población y la indigencia en un 10,1%, afectando a más de 20.000.000 de personas; para de verdad mejorar la situación de los jubilados y pensionados dado que la jubilación mínima se la llevó a $ 19.035.- mensuales para diciembre 2020 y es operativa, más de cinco millones de jubilados y pensionados cobran en torno a ese monto y la canasta básica total ronda los $ 49.000 por mes. Para el Gobierno, la estabilidad cambiaria es su principal objetivo y para eso pretenden poner las cuentas en orden a una velocidad que le permita a la economía recuperarse. Y a la vez ir recuperando reservas internacionales. El Ministro Martín Guzmán afirma: “Tenemos que pasar de un esquema de estar más bien a la defensiva a uno con medidas macro más prudenciales”.En ese marco, el gobierno piensa desarrollar un mercado de capitales local, que considera fundamental tanto para ampliar el fondeo del Tesoro a través del endeudamiento y reducir la asistencia del BCRA  como para impulsar el financiamiento productivo a las empresas en la salida de la pandemia. Es más, el gobierno confía en que el acuerdo con el FMI destrabará una ampliación del crédito de bancos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, para proyectos de infraestructura que permitirá cubrir parte del incremento en el gasto en obra pública presupuestado para el año 2021. Todo eso puede realizarse pero mientras se dependa de los exportadores y de los bancos va a seguir la puja y devaluatoria y la suba de las tasas de interés. Sube el precio del dólar, sube la tasa de interés y así en espiral perjudicando severamente y aún más a los pequeños y medianos establecimientos, a las economías regionales y, fundamentalmente, a los trabajadores que no solo no podrán conseguir trabajo, sino que si lo hacen va a ser con salarios por debajo de la línea de pobreza . Y en ese caso, tenemos la Argentina primaria exportadora, donde sobran dos tercios de la población como alguna vez dijera Aldo Ferrer.El camino es el revés, no hay necesidad de devaluar porque el rinde de nuestra pampa húmeda hace que el costo sea mucho menor que el internacional y les deja una renta extraordinaria.  Y cada vez que se devalúa se encarecen los alimentos porque es lo que básicamente exportamos, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones. Y si se debe aumentar las remuneraciones por Decreto y hacer obra pública para generar empleo y que se financie con impuestos a las grandes corporaciones de este país. Que es, por otra parte, lo planteado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, donde se sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5% (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las  administraciones públicas), los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (se estimaba en $ 102,40 en diciembre de 2021) impulsando el mercado interno, si el modelo lo diseña el Consejo Agro-industrial Argentino van a presionar permanentemente con la suba del dólar (este año fue un claro ejemplo) y encima pretenden que por diez años no suban las retenciones. Todo esto debe discutirse en el seno del pueblo, en defensa propia.