La baja calidad de la política en Tucumán
TRIBUNA ABIERTA
Los acoples como la raíz del pozo en el que ha caído la clase política tucumana, con algunos de sus integrantes involucrados en hechos de narcotráfico. ¿El sistema que rige a la provincia necesita una reforma? Opina el exdiputado nacional, José Vitar.
Boletas con acoples dispuestas en las mesas de una escuela. (Foto: La Voz)
No es necesaria demasiada sagacidad para resolver la bizarra ecuación del poder político en Tucumán. El sistema de acoples está en la médula de nuestros males institucionales.
Un sistema que destruye la identidad ideológica de los partidos para reemplazarlos por meras maquinarias electorales, cuya lógica perversa conduce al clientelismo y al financiamiento ilegal de la política. Al salir en buena parte los recursos de las arcas del Estado, la malversación y el incumplimiento de deberes de funcionario público son males asociados.
Hay otros efectos nocivos de este sistema. Uno muy grave es que el alud de candidatos surgidos de la multiplicidad de listas, atenta contra el derecho de elegir de la sociedad afectando el derecho a la información. Muchos de quienes llegan a las bancas son perfectos desconocidos que se montan estructuras millonarias, utilizando prebendas para obtener el voto de nichos electorales que conocen muy bien y en el cual se concentran. Con 7.000 votos son electos legisladores y concejales en Capital, que tiene 450.000 votantes.
Esos acoples de nombres desconocidos, son formaciones unipersonales, que dan origen a verdaderas dinastías familiares que se suceden a sí mismas cuando se cumplen los dos períodos consecutivos del titular del dominio.
Los acoples no basan sus campañas en el discurso político sino que recorren “el territorio”, eufemismo que equivale a clientelismo y reparto de dádivas como herramientas principales, y en los barrios humildes obliga a coexistir con las redes de dealers que allí operan.
Finalmente, gana quien más reparte: se ha denunciado hasta entrega de efectivo. Y esos acoples suelen ser los que promueve el Poder Ejecutivo, que de esta manera termina con un control importante del cuerpo legislativo, afectando la división de poderes y el deber de la Legislatura de fiscalizar los actos del PE.
La reciente detención de tres empleados del Siprosa por distribución de drogas, vinculados aparentemente a uno de esos acoples reactualizan el debate sobre la falta de transparencia de nuestro sistema electoral y su incidencia en la baja calidad de la política en la provincia.
