Inseguridad en Tucumán: hiperinflación de leyes para resolver la crisis

Frente a un nuevo proyecto de ley que busca modificaciones al Código Procesal Penal de Tucumán, no es una novedad que, ante la imposibilidad de dar respuestas efectivas a la sociedad en materia de seguridad, las autoridades siempre apelan a generar e impulsar nuevas leyes para contrarrestar las innumerables dinámicas delictivas que afectan a la provincia, pensado que con mayor volumen de legislación al respecto el problema tenderá a resolverse. Está equivocada visión es común tanto en oficialistas como opositores, y trasciende a Tucumán ya que es también habitual en el resto del país.

En esta ocasión surge frente a la discusión sobre el fenómeno de las “mecheras”, y la impunidad con el que operan especialmente en el microcentro tucumano, y la idea de solucionarlo con más leyes. Sin dudas una pequeña parte del problema post delictual indudablemente se debe a que no se cuenta con una rigurosidad en la sanción capaz de disuadir a los operadores de este delito; pero también hay que recordar que si fuera solamente este el camino para resolver los problemas ya deberíamos tener la agenda de seguridad pública resuelta y sin novedades en nuestra provincia. 

Si de cantidad de leyes se tratara, la ley de Emergencia en seguridad (vigente hace ya 4 años), al menos debería haber corregido algunas desviaciones y mejorado los índices de delitos y violencia, como así también la crisis carcelaria y de adicciones. Muy por el contrario, todo esto empeoró. Las innumerables leyes contra “motoarrebatos” impulsadas en estos últimos años, deberían haber generado disminuciones en ese modus operandi, pero tampoco sucedió. De igual forma y con mismos resultados podemos mencionar muchas otras: Ley de Policías municipales, Ley de Narcomenudeo, Ley de protocolos de uso racional de la fuerza y armas, etc. Claramente esta hiperinflación de leyes de seguridad no tuvo el menor impacto en la escalada delictiva en la provincia y por eso es que el enfoque debe estar orientado hacia cuestiones más prácticas: de prevención y eficacia post delito, por ejemplo; pero especialmente abocadas a solucionar carencias estructurales que afectan el sistema de seguridad históricamente.

¿Qué fallas tenemos y como corregirlas para abordar la situación de robos y hurtos, considerando que para cada fenómeno delictivo no podemos aplicar las mismas soluciones, el tratamiento debe ser específico (estrategias de policiamiento por puntos calientes, e integral a la vez (intervención en mercados ilegales, policía, justicia)?

En otro plano del análisis, es clave obtener información que ayudaría a diagramar tácticas y estrategias específicas al caso. En materia de seguridad hay muy poco análisis en base a evidencia, y esa se constituye en una de las principales carencias de nuestro sistema de seguridad pública.

Por último, no podemos pensar las políticas públicas de forma aislada. Se debe prever ante la aplicación de mayor severidad en las sanciones para estos tipos delictivos, el paso siguiente, que sería la localización de los arrestados. Algo básico pero que parecería no ser tenido en cuenta al igual que no lo fue con la aplicación de prisiones preventivas de motochorros, escruchantes y rompevidrios, suceso que generó más crisis al desborde existente en los centros de detención. Frente a políticas de encarcelamiento masivo se debe disponer de un plan B en este sentido, de lo contrario se pueden generar nuevas problemáticas difíciles de resolver, volviendo rápidamente a foja cero en una situación en la que no se puede perder tiempo.