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Inseguridad en Tucumán: hiperinflación de leyes para resolver la crisis

TRIBUNA ABIERTA

"Si de cantidad de leyes se tratara, la ley de Emergencia en seguridad (vigente hace ya 4 años), al menos debería haber corregido algunas desviaciones y mejorado los índices de delitos y violencia, como así también la crisis carcelaria y de adicciones", escribe el especialista en seguridad, Federico Pelli, en esta columna.

Grupo de policías femeninas recorriendo el microcentro. (Foto: Secretaría de Comunicación Pública)


Frente a un nuevo proyecto de ley que busca modificaciones al Código Procesal Penal de Tucumán, no es una novedad que, ante la imposibilidad de dar respuestas efectivas a la sociedad en materia de seguridad, las autoridades siempre apelan a generar e impulsar nuevas leyes para contrarrestar las innumerables dinámicas delictivas que afectan a la provincia, pensado que con mayor volumen de legislación al respecto el problema tenderá a resolverse. Está equivocada visión es común tanto en oficialistas como opositores, y trasciende a Tucumán ya que es también habitual en el resto del país.

En esta ocasión surge frente a la discusión sobre el fenómeno de las “mecheras”, y la impunidad con el que operan especialmente en el microcentro tucumano, y la idea de solucionarlo con más leyes. Sin dudas una pequeña parte del problema post delictual indudablemente se debe a que no se cuenta con una rigurosidad en la sanción capaz de disuadir a los operadores de este delito; pero también hay que recordar que si fuera solamente este el camino para resolver los problemas ya deberíamos tener la agenda de seguridad pública resuelta y sin novedades en nuestra provincia. 

Si de cantidad de leyes se tratara, la ley de Emergencia en seguridad (vigente hace ya 4 años), al menos debería haber corregido algunas desviaciones y mejorado los índices de delitos y violencia, como así también la crisis carcelaria y de adicciones. Muy por el contrario, todo esto empeoró. Las innumerables leyes contra “motoarrebatos” impulsadas en estos últimos años, deberían haber generado disminuciones en ese modus operandi, pero tampoco sucedió. De igual forma y con mismos resultados podemos mencionar muchas otras: Ley de Policías municipales, Ley de Narcomenudeo, Ley de protocolos de uso racional de la fuerza y armas, etc. Claramente esta hiperinflación de leyes de seguridad no tuvo el menor impacto en la escalada delictiva en la provincia y por eso es que el enfoque debe estar orientado hacia cuestiones más prácticas: de prevención y eficacia post delito, por ejemplo; pero especialmente abocadas a solucionar carencias estructurales que afectan el sistema de seguridad históricamente.

¿Qué fallas tenemos y como corregirlas para abordar la situación de robos y hurtos, considerando que para cada fenómeno delictivo no podemos aplicar las mismas soluciones, el tratamiento debe ser específico (estrategias de policiamiento por puntos calientes, e integral a la vez (intervención en mercados ilegales, policía, justicia)?

- Sistemas de información y estadísticas completos, sin sesgos, sustentables en el tiempo, confeccionados por especialistas y analistas delictuales. De esta forma identificar patrones y conductas delictivas y concentración de delitos, en este caso particular de robos y hurtos en el microcentro (modus operandi).

- Articulación con el sector privado, sector comercial, principal víctima, para robustecer la data acerca de las bandas o personas que operan en la zona. 

- Modificar el despliegue policial en base a estas informaciones, con personal capacitado y especializado en este tipo de delito.

- Tecnología, cámaras y operadores de las mismas con capacidad de detección y sistemas integrados capaces de coordinar acciones con el personal de patrulla, que hoy parecen inconexos. Esta complementación es básica.

- Inteligencia e investigaciones: estas personas integran bandas, de menor escala, pero fácilmente detectables. No hablamos del Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro, o de organizaciones terroristas complejas. Son personas que operan siempre en los mismos lugares, se conoce donde viven, cuales son los mercados ilegales (celulares, joyas) que abastecen, donde se las encuentran, etc. Por lo tanto, tenerlas “en la mira” no debería ser difícil.

- A su vez ir tras estos mercados ilegales que son los principales responsables que este delito siga creciendo y se mantenga vigente. En este sentido en Tucumán y en Argentina existen en proporción la mayor cantidad de mercados ilegales de Sudamérica, esto dada cuenta que contamos con los mayores índices de robos a nivel regional.

- Falla del modelo policial en general, y en este caso en particular a pesar de ser la zona con mayor concentración de policías y vigiladores privados de la provincia, esto no garantiza eficacia del sistema de seguridad.


En otro plano del análisis, es clave obtener información que ayudaría a diagramar tácticas y estrategias específicas al caso. En materia de seguridad hay muy poco análisis en base a evidencia, y esa se constituye en una de las principales carencias de nuestro sistema de seguridad pública.

- Resultados de los programas implementados (operativos, o por ejemplo el recientemente creado y denominado Cuerpo Antimecheras).

- En qué situación se encuentra el Nuevo Código de Convivencia Urbana, que en la teoría aplicaría sanciones más severas a este tipo delictivo, y que al momento sigue siendo una promesa luego de varios años de ser anunciado.

- Cuántos comercios y personas fueron victimizadas este año para tener un diagnóstico preciso (en este caso sería muy útil herramientas poco usadas en Tucumán como Encuestas de victimización en la zona). 

- Pérdidas económicas de estos delitos para la actividad privada, cuales son los costos de prevención y frente al robo de mercadería.


Por último, no podemos pensar las políticas públicas de forma aislada. Se debe prever ante la aplicación de mayor severidad en las sanciones para estos tipos delictivos, el paso siguiente, que sería la localización de los arrestados. Algo básico pero que parecería no ser tenido en cuenta al igual que no lo fue con la aplicación de prisiones preventivas de motochorros, escruchantes y rompevidrios, suceso que generó más crisis al desborde existente en los centros de detención. Frente a políticas de encarcelamiento masivo se debe disponer de un plan B en este sentido, de lo contrario se pueden generar nuevas problemáticas difíciles de resolver, volviendo rápidamente a foja cero en una situación en la que no se puede perder tiempo.
 
 
  
 
**Federico Agustín Pelli. Especialista en Seguridad. Licenciado en Administración del Colegio Militar de la Nación.