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El plan económico y el capital financiero

OPINIÓN

El país dejado por “Cambiemos” constituyó un modelo de valorización financiera y renta agroexportadora que genera un proceso de devaluación e inflación que se retroalimenta, se debe intervenir fuertemente con penalidades, confiscaciones y hasta cárcel a los responsables, si eso no se hace, la suba del dólar es imparable y con ello la pobreza y miseria de nuestro pueblo. Por Horacio Rovelli.

Martín Guzmán.-


Con la tenacidad y paciencia del artesano, el equipo que dirige el ministro Martín Guzmán logró postergar para el segundo semestre del año 2024 el pago de la amortización del capital tanto de la deuda externa en jurisdicción extranjera, 21 bonos por 66.137 millones de dólares y, por extensión por la cláusula RUFO , también extiende los vencimientos con los tenedores de títulos públicos de deuda con jurisdicción nacional que asciende a 41.715 millones de dólares que es la ley 27.556.  El total de los bonos reestructurados es de 107.852 millones de dólares.  Por eso ahora el camino consistía en reestructurar el acuerdo con el FMI en el mayor plazo posible, abonando los aproximadamente 300 millones de dólares por trimestre como se viene haciendo y no pagar nada de capital hasta el 2025, como está planteado en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2021

El plan económico diseñado en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2021 plantea que para construir un desarrollo sustentable en necesario “experimentar profundos cambios estructurales”. Los objetivos del desarrollo son la inclusión, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, auténticos federalismo y soberanía; y donde “el Estado cumple un papel fundamental, esencial e indelegable a la hora de impulsar un proceso de desarrollo”. Su rol transformador reposa en la capacidad pública de complementar y orientar los esfuerzos individuales del sector privado hacia objetivos socialmente deseables.

Para alcanzar el cambio estructural pretendido se propone la fuerte mejora en los indicadores laborales (desempleo, empleo registrado, remuneraciones) con lo que se recrea el mercado interno; se asigna importancia a la ciencia y la tecnología, con una creciente incorporación de valor a la producción especialmente en la producción primaria, articulando cada vez más la explotación sustentable de los recursos naturales argentinos con el entramado industrial y el sector de los servicios.

La concepción de estabilidad macroeconómica abarca el problema inflacionario, el financiamiento público (déficit fiscal) y la transparencia del mercado cambiario, más un sistema previsional con altas tasa de cobertura que sea fiscalmente sostenible, y tarifas equitativas de los servicios públicos y acordes con el proceso de desarrollo propuesto.

Respecto de la obra pública afirma que “debe ser recuperada como una herramienta central, no solo para la reactivación económica y la generación de empleo, sino también para el incremento sostenido de la competitividad argentina”.

El desarrollo federal se plantea en alcanzar equidad económica y social en el conjunto del país apoyando a los sectores más atrasados y a las economías regionales. Por último respecto de un desarrollo soberano se plantea definir el destino “sin condicionalidades externas o internas y corporativas”.

Ese plan diseñado en el proyecto de Presupuesto puede amalgamarse con el propuesto por el Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco etc.) y que trata de acordar con China (y podemos inferir que Cargill  y Glencore quieren vender a China sin que Trump se lo impida o limite desde los EEUU o que dicho país presione con el mismo objetivo de limitar su accionar con el gobierno de Bolsonaro en Brasil), siempre y cuando el beneficio sea mutuo, máxime que ellos exportan alimentos y su precio impacta en la canasta de las familias.  Esto es, debe acordarse primero que se destine satisfacer el mercado interno y a precios razonables con los salarios y luego la existencia de saldos exportables y no al revés. Y la diferencial de cambio a través de retenciones que debe fijar libremente el gobierno nacional.

Es una situación compleja pero se puede y se debe resolver,  sin embargo tiene un impedimento que es su valorización financiera y la influencia del tipo de cambio, donde el  Consejo Agroindustrial Argentino objetivamente se beneficia con que se le dé más de nuestra moneda por cada divisa que ingresan del exterior y, tienen medios para presionar sobre el valor del dólar
La situación descripta se potencializa cuando vemos el grado de libertad con que se maneja la actividad financiera y cambiaria en el país.

LA POLITICA FINANCIERA Y CAMBIARIA

La comparación de datos del INDEC con los del Banco Central permite entender los comportamientos especulativos de exportadores e importadores y la permisibilidad del BCRA. El informe del INDEC de intercambio comercial de enero a agosto 2020 indica que las importaciones bajaron 24 por ciento en los primeros ocho meses de 2020 con igual período de 2019. Pero el INDEC usa un criterio devengado que no muestra con precisión los flujos de caja de la economía. El balance cambiario del Banco Central en cambio, registró que las importaciones efectivamente pagadas fueron por más de 31.300 millones de dólares.

Esto es, según el INDEC nuestras Importaciones acumuladas de enero a agosto 2020 fueron de 26.245 millones de dólares, pero a pesar de la crisis económica la demanda de divisas para importación en realidad fueron por 5 mil millones de dólares más elevada Los importadores  adelantaron pagos de su mercadería para dolarizarse al tipo de cambio oficial, dado que le compraron al BCRA y este le vendió en los primeros ocho meses del año, de $ 70 a $ 80 por dólar, para pagar importaciones que al 31 de agosto 2020 no habían ingresado a la Aduana Argentina.

Entonces el superávit comercial  de enero a agosto 2020 no es de 10.894 millones de dólares como informa la Aduana y el INDEC, sino de 5.800 millones de esa divisa.

Paralelamente el BCRA autorizó a pagar supuestas deuda externa al Banco HSBC; al Banco Galicia; al Grupo Elsztain (IRSA, Cresud, Banco Hipotecario, principales centros comerciales, etc.); de Pagani (Arcor); del Grupo Eurnekian;  de Petroquímica Comodoro Rivadavia; de la filial norteamericana generadora y distribuidora de energía “ AES Argentina"; etc. por 6.200 millones de dólares de las reservas internacionales y al tipo de cambio oficial y, recién a partir del 15 de septiembre mediante la Comunicación A 7106, el BCRA dispuso que se le vendan dólares por el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo deben pagar con activos que tienen en el exterior y/o reprogramar los vencimientos , cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el mismo BCRA.

Es obvio y evidente que en plena restricción cambiaria y en medio de la negociación de la deuda, el BCRA mal vendió reservas internacionales que explican porque teniendo un superávit comercial al 31 de agosto de 2020 de 10.984 millones de dólares, las reservas internacionales brutas del BCRA no solo no crecieron sino que descendieron en 4.018 millones de dólares.

En una situación similar se encontró por ejemplo el gobierno del Dr. Arturo Illia cuando asumió el 12 de octubre de 1963, se habían autorizado importantes importaciones en el gobierno de Arturo Frondizi y en el interinato del Senador José María Guido y estaba abarrotada la Aduana del Puerto de Buenos Aires de las mismas.  Que hizo el BCRA dirigido por Don Félix Elizalde, se reunió con cada uno de los importadores y les dijo si quieren sacar la mercadería, que se la financien afuera con quienes le vendieron, que el BCRA no se desprende de un solo dólar de las reservas internacionales porque son escasas y están comprometidas para ser garantía de nuestro dinero, para hacer pagos a financiamiento de obras del Banco Mundial y del BID,  y para propiciar obras de infraestructura en el país.

Paralelamente los diez primeros bancos privados del país en lugar de prestar (que lo hacen mínimamente) se benefician colocando sus generosos excedentes en Leliq (Letras de liquidez del BCRA)  y perciben por ello más de $ 60.000 millones por mes que le paga religiosamente la autoridad monetaria todos los meses.  En la gestión actual del BCRA lo que más crecieron fueron la Leliq de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión  y al 7 de octubre de 2002 ascendía a 1.717.371 millones, creciendo en un 126,4% cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 30,35% y el total del crédito al sector privado en 19%. El crédito total al sector privado (empresas y personas) es el 11,4% del PIB,  tan bajo como lo dejó el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Brasil es del 45% del PIB y en Chile del 60% del PIB.
Por la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, los únicos que le pueden comprar dólares al BCRA son los bancos, quienes lo compran por sí o para sus clientes,  todo consta en actas y por eso el BCRA pudo elaborar el Informe de fuga de Capitales por 86.200 millones de dólares, sabe quiénes son cada uno de los 6.693.605 personas y las 85.279 empresas compradoras, donde los cien mayores compradores en la gestión de Macri lo hicieron por 24.679 millones de dólares.  Esos dólares fueron sacados mayoritariamente del circuito económico legal argentino.

Pedro Biscay, que fuera Director del BCRA en 2012-2015 sostiene que los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal. Tanto la economía clandestina como la informal se retroalimentan con la economía formal. No son compartimentos estancos, ni separados por exclusas.

Es más dice que los “financistas”, que son los dueños y CEOS de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el atesoramiento.

EN SINTESIS

El Gobierno busca incrementar la oferta de dólares, por lo cual en octubre 2020 dispuso una baja transitoria de tres puntos en las retenciones a la exportación de soja y una eliminación total de las retenciones a bienes finales industriales, medida que busca desalentar los incentivos a postergar liquidaciones.

 A su vez el Banco Central definió que las empresas importadoras de bienes finales así como aquellos sectores no incluidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán tomar créditos con una tasa subsidiada del 24% anual por no formar parte de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia (Tomaban prestamos al 24% anual y adquirían dólares). Quedan excluidos de la línea de créditos Mipyme impulsados a comienzo de la pandemia quienes no formen parte de los sectores críticos (turismo; gastronomía; transporte de larga distancia; recreación, cultura y deporte; jardines maternales; salud; y peluquerías) o elegibles, pero no críticos (industria; construcción; comercio; transporte; servicios administrativos, profesionales y empresariales; y minería no metalífera).

Paralelamente, trata de frenar la demanda a través de estímulos a las inversiones en pesos. En esa línea, se llevaron a cabo licitaciones de títulos en moneda local; una colocación de bonos "dólar linked", que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, y una colocación de letras ajustada por inflación.

Incluso la autoridad monetaria bajó la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), que pasó de 38 a 37% anual y aumentó en tres puntos porcentuales en la tasa activa de Pases, que queda en 27% de Tasa Nominal Anual (TNA). Sin embargo, se mantendrá la tasa mínima que reciben ahorristas de 33,06% TNA por los plazos fijos a 30 días para personas que hagan depósitos menores a $1 millón y, para el resto, de 30,02% TNA.

Pero si no se fiscaliza la operatoria de los bancos, de los distintos mercados del dólar (Contado Con Liqui, Dólar Bolsa, etc.) y no se cierran las “cuevas” cambiarias con el poder de policía que tiene el BCRA, es lo mismo que arar en el mar.

El país dejado por “Cambiemos” constituyó un modelo de valorización financiera y renta agroexportadora que genera un proceso de devaluación e  inflación que se retroalimenta, se debe intervenir fuertemente con penalidades, confiscaciones y hasta cárcel a los responsables,  si eso no se hace, la suba del dólar es imparable y con  ello la pobreza y miseria de nuestro pueblo.   


1 RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a partir de la cual se prohíbe pagarle a los holdouts (que son los que no entran en el canje) más que los que sí lo hicieron. Por extensión implica que a los bonistas con jurisdicción Argentina se le da las mismas condiciones que a los de jurisdicción extranjera

2 Medida que incluso flexibilizó el jueves 8 de octubre a pedido del Banco Hipotecario del grupo Elsztain

3 Empresas y personas que están también en la lista conformada por Hernán Arbizu y por el Ingeniero en sistema Hervé Falciani, ambos del HSBC, o en los Panamá Papers.