Impunidad... ¿Para quién?

Concomitante con el anuncio mismo del envío del Proyecto de lo que se dio en llamar de “Reforma Judicial”, por Parte del Poder Ejecutivo para su tratamiento por el Poder Legislativo, las corporaciones mediáticas lanzaron una campaña destinada a instalar en la opinión pública la idea que lo que se buscaba con el mentado proyecto era la impunidad de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los Funcionarios que formaron parte de su gobierno que se extendió hasta Diciembre de 2015 .

De la lectura detenida del aludido proyecto de Reforma Judicial no se advierte en ninguno de sus artículos previsión alguna que siquiera intente apartar a los jueces, ante quienes hoy tramitan dichas causas de la instrucción de las mismas ( de manera que no se viola el principio del Juez Natural ), ni se dicta norma procesal o de fondo alguna que incida en el normal  desarrollo de dichas causas .

Así lo reconoció pública y taxativamente el reputado constitucionalista Daniel Alberto Sabsay, crítico acérrimo tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como del actual , y a quien jamás se le escucho pronunciar palabra sobre una materia en la cual es especialista y que es la referida a la judicialización de cuestiones políticas, o lo que es lo mismo a la utilización de la Justicia con fines de disciplinamiento de la oposición política, a través de la formación artificiosa de causas a la que cierta prensa corporativa se encarga de darles una pátina de opaca legitimidad o verosimilitud .

Esta práctica, denominada law fare , fue moneda corriente durante el gobierno de Mauricio Macri en la que  la voluntad política de perseguir opositores tuvo su caldo de cultivo en jueces genuflexos y con una clara militancia político-partidaria , en medios de prensa de enorme poder concentrado a través de sus multimedios, y hasta contó con la siempre obscura colaboración de los servicios de inteligencia , que no escatimaban recursos y operaciones  en la “fabricación” de causas en contra de opositores a aquel gobierno , que por todo ello puede ser considerado como el de más baja calidad institucional de todos cuantos pasaron por la historia  de nuestra democracia .

Entonces ante este escenario corresponde preguntar: ¿quien procura impunidad para sí,  aquellos a quienes continuarán juzgando los que  venían haciéndolo,  al margen de las graves falencias referenciadas en punto a la falta de ética dignidad, probidad, etc. ,de dichos Magistrados, y a la ausencia de legitimidad de origen en causas en su mayoría “inventadas” (law fare); o aquellos otros a los que los espera un sinnúmero de causas judiciales por los múltiples ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, y que, a toda costa y desesperadamente, intentan caer bajo la jurisdicción de sus jueces “amigos”, como demostraron ser los ut supra referenciados .

En efecto, durante la “Presidencia Macri” se nombraron más de 300 jueces y se comprometió seriamente el normal funcionamiento de la Justicia a través del Consejo de la Magistratura , pues este para proveer tales designaciones alteraba “ a piacere” el orden de mérito que surgía  del exámen de oposición , utilizando para ello la adjudicación de un puntaje  discrecional  a la llamada  “Audiencia Pública” de la que jamás se tenía noticia, ya que se realizaba de manera encubierta o subrepticia  y sin control ni participación de la ciudadanía .

En contrapartida, en aras de dotar de transparencia al accionar del Consejo de la Magistratura, el nuevo proyecto prevé que solo aquellos aspirantes a jueces que en su examen escrito superen los sesenta puntos podrán ser entrevistados por el Tribunal  y la ciudadanía en Audiencia Pública , a la que se le otorga un puntaje máximo  de quince puntos  para evitar con ello manipulaciones en el orden de mérito .

Más aún, el sorteo de los Magistrados también será público y se hará de manera manual y no informática , para evitar de ese modo que las causas se direccionen hacia determinados jueces que siempre resultaban sorteados como sucedió con el sistema actual que cuando se trataba de causas “armadas” a opositores , o “flojita de papeles”, siempre  se direccionaban a los juzgados de  Bonadio y  Ercolini , instalando de tal suerte la práctica que se dio en llamar de “ jueces a la carta” o “fórum shopping“, que hace tabla rasa con la garantía de rango constitucional del “Juez Natural ( art. 18 de la C.N.) .

Y no terminaba allí la cuestión, pues para garantizar la “asepsia” de los Magistrados no solo en su designación y en la asignación de las causas, sino también en el desempeño de sus funciones se ha incorporado una cláusula a la reforma propuesta, que habilita a los mismos a comunicar inmediatamente al Consejo de la Magistratura cualquier influencia indebida que se pretenda ejercer sobre ellos por grupos de presión o de poder , personas físicas o jurídicas , amistades , o por los propios poderes del Estado , Legislativo Ejecutivo y el propio poder Judicial.

Seria recalcar obvio decir que con esta reforma se va a acercar la Justicia al ciudadano de a pie pues las causas tendrán una mayor agilidad en su tramitación y se acortaran los plazo de su conclusión. Pero si esto es trascendente mucho más lo es la separación de los juzgados por materia, cosa que hoy no sucede porque cada Juez Federal tiene un abordaje multifuero que torna engorrosa su labor y dilata los tiempos de tramitación de los procesos.

Que decir de las causas de Lessa Humanidad, las que si bien cuentan con una Secretaria Especifica que está a cargo de su tramitación hoy por fin se encuentran ante la posibilidad de ser ventiladas ante un juzgado con la debida estructura y grado de especialización de sus recursos humanos, acorde a la trascendencia de la materia de que se trata.

Por lo demás,  la utilidad del proyecto de reforma judicial hoy ya con media sanción queda acabadamente demostrada cuando arbitra los medios para poner fin a la posibilidad de aplicar por  los Tribunales la llamada “ Doctrina Irurzun” , que- entre otras cuestiones- permitía el dictado de la prisión preventiva sin siquiera haber oído al Imputado, con lo que todo ciudadano quedaba expuesto al humor subjetivo de un fiscal y de un juez de tener que cumplir un encarcelamiento cautelar a cuenta de una futura  hipotética pena definitiva, consecuencia de lo cual toda  la ciudadanía se hallaba inmersa en una suerte de libertad condicional .

De acuerdo a lo hasta aquí reseñado los “jueces amigos del poder" de la etapa más oscura de la  historia institucional argentina como lo fue el macrismo , seguirán al frente de las causas en las que se juzgan a funcionarios Kirchneristas , pero¿ podrían ser ellos mismos quienes sin un mínimo de garantía de imparcialidad y probidad juzguen al propio Macri y a los funcionarios macristas por los múltiples delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

No constituye cuestión menor el hecho que con la reforma judicial el presidente Fernández este cumpliendo una promesa de campaña, ya que la motivación medular de dicha promesa era la refundación y re funcionalización de la justicia federal para ponerla al servicio de la gente, y aquellos detractores de siempre que hablan de la inoportunidad de la opertivizacion de dicha reforma olvidan que al Estado se  lo gestiona las 2 4 horas del día,  los 365 días del año con o sin pandemia y como ejemplo a mano no puedo dejar de traer a colación la reforma estructural que  por estos días  esta llevando a cabo la justicia de mi Provincia –Tucumán-, que ha cambiado por completo la estructura del proceso penal convirtiéndolo en adversarial y dichos cambios sustanciales se concretaron en plena pandemia sin que por ello se hayan podido implementar óptimamente.