Presupuesto 2020, Coronavirus y recursos

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, que es prorroga del 2019 por Dto. 4/2020 y que, se amplía por los gastos incurridos para la atención de la pandemia generada por el Coronavirus y la necesidad de su financiamiento.

Por un lado, el gobierno nacional reconoce un fuerte descenso en la recaudación por la cuarentena que se debe guardar ante el flagelo del Covid-19, pero infieren que se logra amesetar en la segunda parte del año por contar con recursos propios (energía, alimentos, trabajadores, capacidad ociosa, posibilidad de impulsar la construcción, etc) y al dejarse de pagar la deuda pública y sus intereses con los tenedores privados de títulos públicos y, esa partida usarla para financiar parte del gasto.

Si observamos la ejecución presupuestaria al primer semestre del año 2020 veremos que se incurre en un déficit de $ 1.274.905,1 millones que es el 71,4% del déficit previsto para el total del año, fruto de que los gastos totales crecieron más (significa el 57,1% del presupuesto vigente 2020), cuando los ingresos lo hicieron en un 50,3% expandiendo el déficit fiscal (primario y total) presupuestado, y sobrecarga a un presupuesto desequilibrado estimado para el corriente año 2020 en $ 1.784.716,5 millones

El mayor gasto público se debe exclusivamente a la atención de la pandemia, donde juega un rol importante:

a) Transferencia a las provincias (principalmente ala de Buenos Aires por el conurbano bonaerense) para equipamiento de hospitales y asistencia alimentaria a la población, que implican una ejecución del 64,7% del presupuesto del año en los primeros seis meses. También incluye el Decreto N° 352 de fecha 8 de abril de 2020 por  el cual el Gobierno Nacional dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial con el fin de asistir a las provincias para compensar la caída de la recaudación a nivel nacional y provincial producto de la pandemia y las medidas sanitarias, mediante la asignación de $ 60.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otros $60.000 millones para el otorgamiento de préstamos blandos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Así, la asistencia prevista para las provincias argentinas asciende a $120.000 millones en el primer semestre del año. Más la asistencia a los Municipios por $ 57.295,4 millones,  suman $ 177.295,4 millones para el primer semestre del año 2020.

b) Transferencia a las empresas privadas por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) e incluso la asistencia directa de las trabajadoras y los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) a través de créditos a tasa cero con un período de gracia y devolución en doce cuota fijas. En cuanto al salario complementario, la ayuda del Estado Nacional consiste en el pago del 50% del salario de cada trabajador con un monto máximo de $33.750 (equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles - SMVM) y un mínimo de $16.875 (1 SMVM). Las primeras dos asignaciones de ATP (correspondientes a los salarios devengados en los meses de abril y mayo, erogados en mayo y junio, respectivamente) alcanzaron a 310.000 empresas y a asistió a 2.800.000 trabajadores, por lo que el 60% del universo de las empresas privadas de la República Argentina contó con la ayuda del Estado Nacional para sobrellevar los efectos del covid 19 y el 99,5% de las empresas que ingresaron en el ATP son PyMEs. En el caso del crédito a tasa cero, la herramienta ha permitido la asistencia de más de 450.000 trabajadoras y trabajadores independientes que realizan actividades comerciales y profesionales de todo tipo.

c) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que asiste con $ 10.000 por mes a cerca de 9 millones de personas. El impacto conjunto del IFE con la implementación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo en la AUH y la AUE suponen una morigeración del impacto de las imposibilidades de trabajar por el covid – 19.  En el primer semestre del año se pagaron dos cuotas del IFE.

d) Los refuerzos a la AUH y de la AUE, pagados en el mes de abril de 2020; el refuerzo de $3.000 a jubilados/as y pensionados/as; el bono de $3.000 entregado en junio a beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario; el refuerzo salarial para trabajadoras y trabajadores del sector de la salud (de $5.000 durante los meses de abril, mayo, junio y julio) y del sector de seguridad ($5.000 en el mes de abril) y la suspensión temporal hasta agosto de las cuotas de los créditos otorgados por la ANSES.

Es importante destacar la relevancia que tienen la complementariedad del IFE y la AUH y AUE, más la tarjeta Alimentar (lanzada por el Gobierno apenas asumió en enero 2020) y distintos bonos extraordinarios para los jubilados de ingresos más bajos. Según estimaciones del Ministerio de Economía, entre los distintos programas sociales de transferencias directas a las familias de menores ingresos, se está logrando evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia -de manera transitoria- producto de la pandemia. Además, con la incorporación del IFE, se pasó de cubrir al 61% del decíl más pobre (el 10% de menores ingresos) del país a una cobertura del 89%.

Las mayores erogaciones que la Administración Nacional debió afrontar por la pandemia del covid-19 justifican el pedido de ampliación presupuestaria que pasaría a ser para el corriente año 2020 de un gasto total de $ 7.391.054,3 millones y los ingresos previstos en cambio lo son por $ 6.082.368,3 millones, por ende se prevé un déficit fiscal para el año de $1.308.686 millones.

Ese déficit fiscal nacional, frente a un PIB (producto Bruto Interno) que se estima para el año 2020 en $ 28.800.000 millones representa un 4,5% (que es un porcentaje alto a lo que se le debe sumar el déficit del BCRA o cuasi fiscal y el de las provincias) por lo que es razonable decir que el consolidado de todo el sector público argentino ronda el 8% del PIB. Y es uno de los más altos de nuestra historia (similar a la del año 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín) o del año 2001 cuando renunció Fernando De la Rua.

Para financiar el déficit fiscal anual total de la Administración Nacional 2020 previsto de $ 1.308.686 millones, se transferían utilidades y financiamiento del BCRA (Banco Central de la República Argentina por $ 1.017.738 millones y se solicita una deuda por $ 290.948 millones.

Y acá viene el problema, al tipo de cambio oficial promedio de todo el año 2020  los $ 290.948 millones serían un poco más de 3.000 millones de dólares y, el gobierno la mitad la obtiene en pesos, pero la otra mitad (1.500 millones de dólares) va a ser un título que se puede constituir en pesos, pero que el gobierno a su vencimiento lo va a pagar en dólares. Con lo que deshace la política que con mucho esfuerzo vino haciendo hasta el presente de “desdolarizar” y hacer que los vencimientos de Letras del Tesoro en divisas se reemplacen por títulos en pesos.

Inferimos que ante la imperiosa necesidad han “sondeado” al “mercado financiero local e internacional” y éste le contestó que solo aceptaría tener nuevos títulos de deuda argentinos si se pagan en divisas, con lo que el riesgo cambiario lo asume la Nación Argentina.

La Administración Nacional ha asumido en soledad absoluta la asistencia a la población por la cuarentena y a equipar hospitales y programas de salud.  Esas mayores erogaciones le obligan a volver a tomar deuda y, una parte de esa deuda, vuelve a ser en divisas.  La única manera de no incurrir en nueva deuda es que el Congreso de la Nación apruebe el Proyecto de Ley del Diputado Carlos Heller, de incrementar la alícuota del impuesto a los bienes personales de aquellas personas físicas que declaran un patrimonio superior a los US$ 3.000.000 de dólares, que serían unos 12.000 contribuyentes y el ingreso esperado es en torno a los $ 300.000 millones (unos 3.750 millones de dólares), depende de que la mayoría necesaria de Diputados y Senadores comprenda el problema y hagan ley el proyecto gravando a los que tienen manifiesta capacidad contributiva y que lo que pagarían no los hace menos ricos y contribuyen a afrontar el Coronavirus.