Inseguridad y violencia policial: dos caras de una misma moneda

En estos días, la sociedad tucumana se ha visto sacudida por la muerte del productor rural José Porcel, en La Ramada. Poco antes ya nos había conmovido una suerte de reedición vernácula del crimen del afro-estadounidense George Floyd, un escándalo que puso contra las cuerdas al gobierno de Donald Trump y generó una ola mundial de repudios a los excesos en la represión policial. Tenía que ser en Tucumán que suceda la muerte por asfixia de Walter Nadal, reducido en pleno centro de la ciudad con el método que hoy está en la picota.Ambos casos, ponen en evidencia el cuestionado rol de la policía provincial. Las evitables muertes de Porcel y Nadal parecen las dos caras de una misma moneda: en una, la ausencia de acción policial y en el otro caso, un exceso en la misma.La visión crítica del accionar de la fuerza de seguridad se traduce así: nunca actúan cuando suceden los hechos porque no están, y cuando actúan lo hacen mal.Desde el asesinato de Luis Espinosa, venimos llamando la atención sobre el tema de la policía provincial. A medida que es más evidente su falta de eficacia en la prevención y represión del crimen y el delito, muestra serias falencias para adaptarse el estado de derecho. Reñido su accionar con el marco legal y constitucional, en muchos casos se ha convertido en herramienta ilegal de recaudación, así como de aprietes ilegales.El resultado es el notable déficit de seguridad en la provincia, que azota a todos los sectores sociales, y se encarniza con los más humildes, que no viven en barrios cerrados y pueden pagar guardias privadas. Tan o más preocupantes que los hechos delictivos es la falta de políticas en el área. ¿Cómo se deben considerar las manifestaciones del ministro Maley, cuando explica la muerte de Nadal afirmando enfáticamente que los policías que lo redujeron actuaron correctamente, y poniendo todo el énfasis en el prontuario del muerto?De sus palabras se derivan dos elementos perturbadores: una cerrada defensa corporativa, aún antes de que la justicia se expida sobre lo sucedido y una ominosa recreación del “algo habrá hecho” con que en tiempos de la dictadura se mencionaba a las víctimas de la represión.
De ninguna manera se pueden justificar procedimientos reñidos con las garantías y derechos que consagra la Constitución, apelando a la supuesta condición delictiva de la víctima. Para eso existen normas y procedimientos penales dictados por los órganos competentes del Estado republicano.Reformar la policía, transformándola en una institución eficiente y ágil en la lucha contra el delito, y a la vez abierta a la sociedad y consustanciada con los derechos humanos y las garantías constitucionales es un desafío impostergable para forjar un Tucumán moderno y civilizado. Exhorto a incluir este tema en la agenda del debate político en la provincia.

- Por José Vitar, exdiputado Nacional de Tucumán.-